La Justicia rechaza que la Administración indemnice a la promotora del hotel Algarrobico

La Audiencia Nacional ha rechazado que la Administración tenga que indemnizar a la empresa promotora de la construcción del hotel Algarrobico, situado en el parque natural del cabo de Gata, en Carboneras (Almería), que se encuentra paralizada desde 2006.

Así lo acuerda en una sentencia en la que rechaza la responsabilidad patrimonial del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, de la Junta de Andalucía y del Ayuntamiento de Carboneras por los daños económicos a la promotora del hotel.

La Audiencia desestima la reclamación de la empresa y considera que no ha quedado acreditado que los daños originados a la misma por la paralización de las obras del hotel se puedan imputar a la Administración. 

La promotora reclamó 70 millones de indemnización

La empresa promotora, Azata del Sol S.L., reclamó 70 millones de euros de indemnización al citado Ministerio, a la Junta andaluza y al Ayuntamiento de Carboneras por daños y perjuicios y les imputó desidia, desatención y negligencia así como falta de coherencia en su actuar e incumplimiento del deber de coordinación entre administraciones.

La demandante destacó en su reclamación la irregular y muy demorada tramitación del procedimiento de deslinde llevado a cabo en los terrenos del Algarrobico. 

La sentencia resume todos los hechos y resoluciones judiciales acontecidos durante estos años en relación con la construcción del hotel desde que en 1987 los terrenos en los que se encuentra fueran declarados no urbanizables y detalla todas las fases en las que se materializó el proceso de deslinde.

La sentencia, cuya ponente ha sido la magistrada Nieves Buisán, recoge la dictada en 2012 por el Tribunal Supremo que en relación con el deslinde determinó el deber jurídico de la empresa a soportar la anchura de la servidumbre de protección establecida en cien metros.

Añadió que de esta forma debe atenerse a las limitaciones derivadas de un deslinde de dominio público marítimo terrestre correctamente definido. 

El Supremo estimó que la empresa trató de "alterar esos términos cuando sostiene que no pesa sobre ella el deber jurídico de soportar una servidumbre de protección por el hecho de haberse precipitado en adquirir terrenos sujetos a un procedimiento de deslinde y más aún en obtener licencias y permisos para construir un hotel sobre un suelo que resultó legalmente gravado".

La Audiencia incluye el dictamen del Consejo Consultivo de la Junta de Andalucía de 2017 que rechazó la existencia de responsabilidad patrimonial del Estado.

El dictamen recordaba que "se reclama por supuestas irregularidades que devienen de un deslinde complejo, que se inicia antes de la ley de costas".

Agregaba que "la entidad demandante, de manera maliciosa y conociendo la existencia y tramitación del deslinde sobre el terreno cuando lo adquiere, asume el riesgo de construir en zona de servidumbre de protección".

"La empresa adquirió los terrenos sin comunicarlo a la Junta de Andalucía"

Y abundaba en que "se había iniciado un procedimiento de revisión de la licencia concedida por el Ayuntamiento y se había aprobado el plan de ordenación de recursos naturales del cabo de Gata-Níjar, que  desde 1994 califica los terrenos como zona de protección", así como que la empresa "adquirió los terrenos sin comunicarlo a la Junta de Andalucía". 

Además de esta demanda Azata tiene interpuestas otras tres por responsabilidad patrimonial del Estado, una de ellas también ante la Audiencia Nacional y otras dos ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía.

Greenpeace y Ecologistas esperan que se agilice el derribo

Greenpeace y Ecologistas en Acción han saludado la sentencia de la Audiencia Nacional (AN) que concluye que la promotora del hotel de El Algarrobico no tiene derecho a indemnización por "daños económicos" y han trasladado que esperan que suponga "un impulso" a la demolición y que se abra la puerta a que sea la empresa la que la "sufrague".

"Esperemos que esto agilice el derribo", ha indicado la portavoz de Greenpeace, Pilar Marcos, para quien esto "es un paso más" a la consecución de ese objetivo y que se da cinco años después de que el Tribunal Supremo (TS) determinase en firme que el suelo del Algarrobico es "no urbanizable de especial protección" al estar enclavado en el parque natural de Cabo de Gata-Níjar.

Marcos ha señalado que la sentencia que rechaza que la administración --Estado, Junta andaluza y Ayuntamiento de Carboneras-- tengan que pagar a Azata los 70 millones de euros que reclamaba deja también "sin una de sus excusas" a la propia administración.

"Han estado usando los pronunciamientos judiciales y el si tenían o no que indemnizar en un proceso muy pernicioso para no ejecutar la demolición", ha lamentado para valorar que, en este caso, la justicia se ha pronunciado a favor de Azata del Sol como si hizo en el caso 'Castor'.

Por su parte, el abogado de Ecologistas en Acción, José Ignacio Domínguez, ha ido un paso más allá y ha señalado que la sentencia hecha pública este viernes "demuestra" que la promotora "construyó sabiendo que los terrenos estaban en parque natural porque todo el mundo lo sabía y estaba publicado en BOJA".

Domínguez, quien ha remarcado que la Audiencia Nacional avala lo que los colectivos conservacionistas "llevamos diciendo casi 20 años, desde 2013", ha añadido que Azata del Sol también era "conocedora" de acuerdo al fallo de que la construcción "invadía la zona de servidumbre del dominio marítimo-terrestre".

"El arquitecto preguntó al Servicio Provincial de Costas si en ese tramo el deslinde era de 20 o de 100 metros y se le contestó que era de 100 metros, sí que lo sabían", ha subrayado para concluir que el fallo deja la puerta abierta "a que sea la promotora la sufrague los costes de la demolición del hotel ya que actuaron maliciosamente".