El calvario judicial que dura ya casi 11 años entre los afectados por la explosión de unas minas caducadas en 2011 y el Ministerio de Defensa puede dar un vuelco contundente: ambos han pedido la recusación de la comandante auditora Patricia Moncada, instructora del caso, que llegó a acusarles a ellos de ser responsables de la tragedia en la que murieron cinco militares y tres resultaron heridos, dos de ellos de gravedad.

El teniente de Infantería de Marina en la situación de retiro José Manuel Candón y el brigada Raúl Alfonso González han pedido la recusación de Moncada, tomando como base el escrito de Fiscalía y el auto del pasado mayo del Tribunal Militar Territorial de Madrid por "presunta arbitrariedad, parcialidad, falta de profesionalidad en el desempeño de su labor de instrucción, interés en la causa e inquina personal".

La lucha de estos exmilitares que buscan la verdad judicial ha tenido victorias y derrotas ante el asombro, primero, y luego la desesperación de quienes buscan consuelo en un accidente que nunca debió ocurrir, y del que nadie se ha responsabilizado hasta la fecha.

Viajemos en el tiempo al 24 de febrero de 2011. Aquel día, sobre las 10.30 de la mañana, una gran explosión tuvo lugar durante unas maniobras de desactivación de explosivos. Los fallecidos fueron el sargento primero Sergio Valdepeñas, el sargento Mario Hernández y el cabo Miguel Ángel Díaz, del Ejército de Tierra, y el sargento primero Víctor Manuel Zamora y el cabo primero Javier Muñoz, ambos de la Marina.

Sucedió durante un ejercicio militar uno de los campos de entrenamiento de las instalaciones del municipio madrileño que acoge la Academia Militar de Ingenieros, el Centro Internacional de Desminado y un Centro de Excelencia contra Artefactos Explosivos Improvisados de la OTAN. El grupo de adiestramiento, una unidad mixta compuesta por 16 efectivos del Ejército de Tierra y de la Armada, participaba en un ejercicio de detonación de minas antitanque.

Justo dos años más tarde, en febrero de 2013, el caso quedó archivado sin responsables. Pese a ello, los afectados prosiguieron con su propia investigación que condujo, el 12 de abril de 2018, a su reapertura. En esa fecha se nombró como instructora a la comandante auditora militar Patricia Moncada, la misma persona a la que ahora quieren recusar.

"Parálisis procesal injustificada"

El escrito en el que se solicita un incidende de recusación, al que ha tenido acceso Público, es muy duro contra Moncada. En primer lugar, critica la excesiva dilatación temporal de las actuaciones. "Con fechas 16 de julio de 2018, 8 de marzo de 2019 y 3 de julio de 2019 se le solicitan a la jueza de instrucción una serie de actuaciones que sorpresivamente y tras una parálisis procesal injustificada de casi tres años resuelve en su Auto de Procesamiento de 23 de febrero de 2021, negando la práctica totalidad de las mismas", reza el escrito.

En segundo lugar, se muestra cómo de repente, y tras haber solicitado José Manuel Candón información sobre su caso (concretamente, sobre el funcionamiento del juzgado que lleva su caso, el JUTOTER 11) a través del Portal de Transparencia en 2 de febrero de 2021, la instructora decide pocos días más tarde procesar a dicho militar herido en el accidente. Nada menos que en el aniversario de aquella fatídica explosión, Candón pasaba de ser afectado y acusación a ser imputado y presunto responsable.

Desde ese momento, la instructora ha visto cómo la Fiscalía y el Tribunal Militar Territorial Primero se han posicionado en contra de la jueza en dos ocasiones, "quedando clara la evidencia de persistir en la incriminación" de Candón; de hecho, se le llegó a incriminar sin haberle tomado declaración previamente.

"Proteger a los verdaderos responsables"

Al final, Candón volvió recientemente a su condición de víctima al archivarse definitivamente la pretensión de Moncada de incriminar al teniente retirado. "La Comandante Auditor Togado, con sus actos, presenta una enemistad manifiesta [sobre Candón] por el trato que le viene dispensando y el daño moral infligido tanto a él como a sus familiares, con el reiterado y persistente procesamiento por la misma causa y mismos hechos, basados en meras conjeturas, en contra de lo argumentado y probado por esta parte, así como el recurso del Ministerio Fiscal y el Auto de Revocación del T.M.T. 1º y, de manera premeditada, unido a un aparente interés por no llegar al fondo del asunto y proteger a los verdaderos responsables por la alta graduación y empleo que ostentan los mismos", alega el escrito de incidencia de recusación.

La comandante Patricia Moncada, titular del Juzgado Territorial nº 11 de Madrid, es conocida por conseguir ella misma la recusación de cuatro generales togados que integraban el Tribunal Militar Central, tras haber logrado el amparo del CGPJ y haber recibido elogios del propio Tribunal Supremo, en 2014, cuando era titular del número 12.

Todo, a partir de un registro en la Base Aérea de Getafe en el marco de una causa por corrupción, en donde tuvo que soportar una bronca del entonces jefe de la base e incluso se llegó a sancionarla. El caso se resolvió a favor de Moncada.

También fue la instructora de otros casos como el del accidente del F-5 en Badajoz, el 2 de noviembre de 2012, en el que llegó a solicitar la desclasificación de informes internos de dicho siniestro, sin éxito.