El Juzgado Togado Central número 1 ha imputado al general Ángel Serrano Barberán en el asunto de los falsos vídeos pornográficos de la soldado Cristina V. B., una causa que la justicia militar ha acabado reabriendo tras forzar a inhibirse al Juzgado de Daroca (Zaragoza), que ya lo había imputado, junto con otros tres mandos y oficiales, tras presentar la afectada una denuncia en la que apuntaba a la presunta comisión de un delito de injurias graves y otro de falsedad en el expediente por el que fue sancionada.

El tribunal militar se quedó el caso tras argumentar que los hechos que se narraban en la denuncia podrían encajar en el "abuso de autoridad" del Código Penal Castrense, que castiga con penas de tres meses a tres años a quien "abusando de sus facultades de mando o de su posición en el servicio, irrogare un perjuicio grave a un subordinado, le obligare a prestaciones ajenas al interés del servicio o le impidiere arbitrariamente el ejercicio de algún derecho". Tanto la Fiscalía como la acusación se allanaron a esa decisión y no la recurrieron.

En este caso, la investigación se centra en la intervención de los cuatro denunciados en el expediente que acabó con una sanción de doce días de sueldo para ella por, supuestamente, haber propuesto a unos compañeros durante unas maniobras que entraran en una web de porno de pago y visionaran unos vídeos en los que salía ella, que de esa forma obtendría un beneficio económico.
La soldado acabó siendo sancionada sin que los distintos instructores del expediente llegaran a visionar oficialmente esos vídeos, cuya protagonista es otra mujer cuyas diferencias fisionómicas con Cristina V. A. resultan obvias y patentes, tal y como declararon la mayoría de sus compañeros.

Los mismos imputados que en el juzgado de Daroca

La resolución que convertía en definitiva la sanción, firmada por otro general, señalaba que "no es objeto de imputación el protagonizar o no tales secuencias" sino hechos como haber promocionado un portal pornográfico, haber formulado  "la invitación para acceder a él con el consiguiente coste económico" y el haber sucedido todo eso "con ocasión del servicio, durante su jornada de trabajo y con un ánimo de lucro o de enriquecimiento patrimonial".

Sin embargo, algo no acababa de encajar en ese relato de conclusiones: ¿cómo iba a lucrarse con las comisiones por los clicks de sus compañeros la supuesta pornostar casfrense cuando era otra mujer quien protagonizaba los vídeos?
La investigación judicial se dirige, como ya ocurrió en la vía penal ordinaria, contra el general Serrano, auditor (jurista) del ejército que fue quien firmó la sanción definitiva contra la soldado Cristina, y contra el teniente coronel Carlos Granados, también auditor y que fue en la práctica quien puso en marcha el expediente sancionador.

Completan la lista de investigados la también teniente coronel María Gracia Cañadas, jefa de la unidad a la que estaba asignada la denunciante y firmante del informe por el que se inició el procedimiento, y, por último, la capitana Cristina Serrano, responsable de la batería de artillería en la que supuestamente se produjo la conversación, que ofreció un testimonio de cargo.

El general declarará por escrito

Varios de ellos han declarado ya como investigados (antiguo imputado) ante el tribunal durante la fase de instrucción de la casa, algo que, en principio no ocurrirá con el general, al que la justicia militar ha permitido testificar por escrito pese a no tratarse de un testigo.

El tribunal argumento que la fase de diligencias previas tiene "un carácter meramente previsorio y en ellas no se pretende la imputación formal de unos hechos presuntamente delictivos a personas determinadas, sino tan solo a establecer el procedimiento a seguir si no existe ‘a priori’ la posibilidad de determinar si nos hallamos ante un ilícito, penal común o militar, o ante una infracción disciplinaria o ante unos hechos que no revisten los caracteres de una cosa ni de otra".

Y, en esa línea, señala que los cuatro mandos y oficiales "no ostentan la condición de procesados sino en su caso de denunciados o investigados", lo que les permite eximir al general de declarar presencialmente.

Baja psicofísica por un problema de espalda

Este proceso penal militar sería, salvo sorpresa, el último episodio judicial del largo calvario de la soldado Cristina V. B., que hace dos años perdió el hijo que estaba gestando como consecuencia del alta médica que le impuso la teniente coronel Cañadas, que le ordenó reincorporarse a la unidad en El Goloso cuando estaba convaleciente de un pinzamiento que había sufrido durante unas maniobras y mientras esperaba fecha para operarse de una desviación de columna.

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid dictamino hace unos meses que la teniente coronel tomó esa decisión, por cuyo incumplimiento con ingreso hospitalario también fue expedientada la soldado, "sin el previo dictamen o informe preceptivo y vinculante de la sanidad militar"; es decir, de manera arbitraria.

El ejército ordenó a finales del año pasado el cese de Cristina V. B. y su salida de filas tras dictaminar la Junta de Evaluación médica que "no reúne las condiciones psicofísicas necesarias para continuar en servicio activo", en línea con lo que les ha ocurrido a otros militares que han denunciado abusos laborales y/o sexuales. Su problema de salud siempre había sido, desde unos meses antes de que comenzara su calvario, de espalda.