Como cada año, la inauguración del año judicial ha dejado la misma instantánea: el rey rodeado de un grupo de hombres vestidos en toga y ni una sola  mujer. La vergonzante imagen que se repite año tras año en estas fechas, ha empujado a la Asociación de Mujeres Juezas de España (AMJE) a emitir un duro comunicado en el que exigen la aplicación de medidas de acción positiva y el cumplimiento de una vez de la legislación vigente para alcanzar la paridad en la cúpula del Poder Judicial.

El escrito de la AMJE califica de "patológica" la "anecdótica" presencia de mujeres en la cúspide de la justicia española tras cuarenta años de vigencia de nuestra constitución, y afirma que esto "redunda negativamente en la calidad de la justicia que pierde representatividad" al no incorporar de forma equilibrada "todas las experiencias humanas (masculina y femenina), sino solo las de la mitad de la sociedad".

Las juezas hacen un recorrido por las diversas leyes y acuerdos internacionales que deberían garantizar el camino a la paridad en la representación, pero que están aún muy lejos de cumplirse.

Entre ellos se encuentra la Ley Orgánica para la igualdad efectiva
de mujeres y hombres (LOIEMH) de 2007, que establece que los poderes públicos “procurarán atender al principio de presencia equilibrada de mujeres y hombres en los nombramientos y designaciones de los cargos de responsabilidad”.

Las juezas recuerdan que el acuerdo del pleno del propio Consejo General del Poder Judicial se comprometió en 2005 a "Impulsar y desarrollar políticas que favorezcan la promoción de las mujeres con méritos y capacidad en los procesos de nombramiento de cargos gubernativos de la Carrera Judicial y Magistrados del Tribunal Supremo. Para ello, cuando concurran varios candidatos con similares méritos se procurará facilitar el nombramiento de mujeres en estos puestos”.

También Naciones Unidas se ha pronunciado sobre este desequilibrio estructural en la judicatura española advirtiendo de esa anomalía democrática de la judicatura en un informe fechado en 2015. En sus conclusiones,  recomienda "que el Estado aplique medidas especiales de carácter temporal para lograr un equilibrio de género en la administración pública , en particular en los niveles más altos de la Judicatura y en el Servicio Exterior.”

La AMJE recuerda, además, que la Comisión Europea en su compromiso estratégico para la igualdad de género 2016-2019 incluye entre las "acciones clave" a desarrollar para la "promoción de la igualdad en la toma de decisiones, para mayor equilibrio de género en los puestos decisorios de naturaleza publica y política".

Mujeres invisibilizadas año tras año

"El Poder Judicial es un ejemplo paradigmático de las limitaciones profesionales de unas juezas, que aún siendo mayoría en la profesión (53’9%), son invisibilizadas sistemáticamente, año tras año, en la foto oficial de la Justicia. Una foto en blanco y negro, más propia de otros siglos, que es fiel reflejo de una cúpula judicial masculinizada.

En la última década, el número de magistradas en el Tribunal Supremo ha pasado de 10 a 15 (de un total de 77 integrantes, en la actualidad) y nunca se ha conocido presidenta de este Alto Tribunal o de alguna de sus 5 Salas.

Un patrón similar se repite en las presidencias de los Tribunales Superiores de Justicia, que se han estancado en materia de igualdad en los últimos diez años: "solo 1 de 17 presidencias se dirige por una mujer, a pesar de que las mujeres son ya el 35’1% en estos órganos colegiados y tan solo 15 de las 59 presidencias de Sala, son responsabilidad femenina·", afirma la AMJE en su nota.

La Audiencia Nacional es otro ejemplo. A pesar de que ha alcanzado un 42,1% de magistradas, "solo una de sus cuatro presidencias tiene nombre de mujer y solo nueve de las 50 presidencias de Audiencias Provinciales, son gobernadas por mujeres. En este caso el avance de género de la última década ha sido de una presidencia", explica el comunicado.

Las Juezas dejan claro que es "responsabilidad del Consejo General del Poder Judicial, cumplir con los mandatos legales, recomendaciones y estándares internacionales y ser coherentes con sus propios compromisos, para promover la igualdad efectiva entre mujeres y hombres dentro de la carrera judicial".

Por eso, y para garantizar que se avance en materia de igualdad en los altos puestos, proponen dos medidas clave. 

Por un lado, "cumplimiento de la normativa nacional, europea e internacional para alcanzar paridad de género en la cúpula judicial, para integrar las experiencias femeninas en las resoluciones jurisdiccionales y para democratizar la justicia y hacerla (realmente) representativa".

Por otro, que se pongan en marcha "acciones positivas de género como estrategia temporal destinada a remover los obstáculos, que impiden la representación equilibrada de mujeres y hombres en el Tribunal Supremo, instancias jurisdiccionales superiores y cargos gubernativos judiciales", tal como exige la ley.