La jueza argentina que instruye la causa sobre los crímenes del franquismo, María Servini, postergó al 26 de mayo la declaración indagatoria del exministro de la transición Rodolfo Martín Villa en la Embajada argentina en Madrid. En una resolución a la que accedió Público en exclusiva, la magistrada anunció que pretende viajar a la capital española desde el 23 de ese mes al 4 de junio.

Servini solicitó a la Cancillería argentina que "se instruya a los representantes de la embajada o consulado argentinos en Madrid, Reino de España, a efectos que arbitren los medios necesarios para que el juzgado se constituya en ese lugar y se reciba declaración indagatoria a Rodolfo Martín Villa en esa embajada o representación consular, el día martes 26 de mayo de 2020, y días
subsiguientes si fueran necesarios".

La jueza difirió la declaración indagatoria de Martín Villa "para lograr la concesión de las pertinentes autorizaciones administrativas, habilitación y liquidación de fondos para la obtención de pasajes, viáticos, alojamiento, etc.; y en atención a las recientes noticias publicadas en distintos portales de la web sobre el avance del coronavirus".

En otro oficio remitido a la Corte Suprema, la titular del Juzgado Criminal y Correccional nº 1 de la capital argentina solicitó autorización para trasladarse a Madrid junto con tres funcionarios de su juzgado desde el "23 de mayo al 4 de junio del presente año 2020".

Eterna espera

La magistrada había anunciado en una resolución el pasado 4 de diciembre que viajaría a España para interrogar al exministro el 20 de marzo, pero la dilación en los trámites para llevar adelante la audiencia llevaron a Servini a fijar una nueva fecha.

Hace poco más de una semana, Servini emitía un oficio en el que recordaba "la proximidad de la fecha dispuesta" para interrogar a Martín Villa y exhortaba a que hubiera "una respuesta definitiva y concluyente de las autoridades españolas" sobre su viaje a Madrid. Un galimatías burocrático en las últimas semanas propició el retraso de la audiencia indagatoria de Martín Villa, que en un origen Servini había programado para el 9 de septiembre en Buenos Aires y que después ella misma aplazó al 11 de diciembre. En un oficio del 4 de diciembre de ese mes, Servini volvió a posponer la declaración indagatoria para el 20 de marzo, sólo que esta vez citó al exministro en la Embajada argentina de Madrid.

El 20 de enero, un confuso documento del Ministerio de Relaciones Exteriores de Argentina advertía a la jueza que su último requerimiento debía haber sido presentado como una "solicitud de asistencia internacional (exhorto internacional)", según "habían adelantado" desde el Ministerio de Justicia de España. Fuentes de esa cartera aseguraron a Público que ellos no habían emitido ninguna información oficial, y que sólo transmitían los mensajes que se intercambiaban las Cancillerías de ambos países.

La jueza argentina ha visto a lo largo de este proceso cómo en dos ocasiones el propio Juzgado Central de Instrucción nº 5 de la Audiencia Nacional, a cargo de José de la Mata, y el Juzgado de Instrucción número 28 de Madrid rechazaban los auxilios judiciales internacionales que ahora sí parecen ser necesarios para su viaje a Madrid.

La única causa que investiga los crímenes de la dictadura franquista en el mundo se encuentra con una paradoja: la jueza quiere tomarle declaración a uno de los imputados y el propio acusado, Martín Villa, asegura que quiere responder ante ella, pero esa audiencia es aplazada una y otra vez desde hace más de medio año.

El exministro franquista, que debe responder por crímenes de lesa humanidad, es acusado del "homicidio con la circunstancia agravante de haber sido cometido con el concurso premeditado de dos o más personas", un crimen que puede conllevar prisión de por vida. En las querellas individuales que se incorporaron con posterioridad al caso, se le achacan además los delitos de privación ilegítima de la libertad, torturas y lesiones graves.

Carrera de obstáculos

La falta de cooperación de las autoridades españolas ocasiona que hasta el momento no hayan respondido ante la justicia ninguno de los quince imputados en el expediente, de los 20 originales, entre los que hay exministros, jueces, policías y hasta un médico imputado por el posible robo de bebés.

La Fiscalía y la Audiencia Nacional rechazaron en 2014 la extradición del expolicía Antonio González Pacheco, conocido como Billy El Niño, y del excapitán de la Guardia Civil Jesús Muñecas, ambos acusados de torturas durante el franquismo. En sintonía con esta postura, el Consejo de Ministros denegó en marzo de 2015 la entrega a Argentina de siete exministros franquistas acusados de delitos imprescriptibles.

En 2016, la jueza intentó viajar a España hasta en tres ocasiones para interrogar a Martín Villa, a Billy el Niño, y al exministro José Utrera Molina, que murió al año siguiente sin responder nunca a las acusaciones. Meses después, la Fiscalía General del Estado a cargo de Consuelo Madrigal instruyó a las fiscalías provinciales para que se negaran a tomar declaraciones en el marco de esta causa. Su instrucción todavía no ha sido anulada.

Todos estos delitos se investigan en Argentina porque este país reconoce en su Constitución el principio de justicia universal, avalado en el derecho internacional, que permite a cualquier país investigar crímenes de lesa humanidad con independencia de dónde se perpetraron los delitos o quiénes sean sus víctimas.