Juana Rivas solo podría recuperar a sus hijos si el Gobierno aprueba el indulto parcial este martes

El Consejo de Ministros de este próximo martes es la última oportunidad para que el Gobierno proponga un indulto parcial a Juana Rivas antes de que el próximo día 19 de noviembre quede visto para sentencia el proceso civil que se lleva en la Corte de Apelación de Cagliari (Cerdeña) por la custodia de sus hijos. La vista, que en principio tenía fecha de celebración el pasado mes de julio, fue aplazada durante cinco meses a petición de la representación legal de Rivas en Italia a la espera de que se le concediera la medida de gracia.

Si el Gobierno no mueve ficha antes de esta fecha, Rivas seguirá incapacitada para ejercer la patria potestad y el derecho de visitas hacia sus hijos, puesto que la condena que le impuso el Tribunal Supremo por un delito de sustracción de sus hijos no solo contempla dos años y medio de prisión, sino también la inhabilitación para ejercer la patria potestad de los menores por un período de cuatro años. 

Por tanto, si el indulto llegara después del 19 de noviembre, la medida de gracia podría tener efectos penales y legales para Rivas en nuestro país, pero sería ineficaz en el proceso judicial que se lleva a cabo en el país vecino y dejaría a los menores sin la posibilidad de estar con su madre, cosa que los niños, sobre todo el mayor, han manifestado en diversas ocasiones.

Fuentes de Justicia consultadas por este diario el pasado viernes, aseguraron que no tienen sobre la mesa la petición de indulto para Rivas, por lo que es posible que no entre en el Consejo de Ministros de este martes, aunque los trámites podrían acelerarse a última hora.

El pasado 4 de noviembre el Tribunal Supremo emitió su informe sobre el posible indulto a Juana Rivas, último paso para que el Gobierno pueda decidir sobre la medida de gracia. En él los 16 magistrados de lo penal del Alto Tribunal se dividieron en dos. Ocho consideraron que Rivas no debería recibir un indulto parcial y los ocho restantes se posicionaron a favor.

Entre las razones que llevaron a este último grupo de magistrados a posicionarse claramente por la medida de gracia parcial, se encuentran los antecedentes de violencia de género que pueden haber sufrido tanto Rivas como sus dos hijos. Los magistrados razonaron en el escrito que el Supremo no pudo entrar en la posible violencia de género y los malos tratos hacia los menores explicando que "no nos era dable [posible] entrar en las motivaciones de la conducta de la entonces recurrente, ni alterar ese, ni cualquier otro extremo fáctico del relato de hechos probados, tal como venían fijados en la sentencia recurrida". Sin embargo, recuerdan en el escrito la violencia de género de la que fue objeto Rivas en 2009 (por la que su expareja, Francesco Arcuri, fue condenado), así como los distintos documentos que obran en poder del Alto Tribunal emitidos por hospitales y centros públicos que atestiguan la posible violencia de los menores por parte de su padre y la situación de "angustia y tensión" que manifiestan los niños, especialmente el mayor, ante la "separación de la madre y la afirmación de malos tratos por su padre", acreditada por distintos médicos y expresada por el menor "ante la autoridad judicial", aunque esta no haya sido acreditada judicialmente hasta la fecha.

La violencia quedó fuera del proceso judicial

El proceso judicial de Juana Rivas ha sido desde el inicio un galimatías complejo llevado a cabo en dos países que escasamente han compartido información. Tal como han relatado a esta diario distintas juristas a lo largo de los últimos años, la no cooperación de los sistemas judiciales en casos en los que pueda existir violencia de género vulnera lo estipulado en el Convenio de Estambul, un tratado de derechos humanos ratificado por ambos países y que es de obligatorio cumplimiento. Esta falta de colaboración está en la base de que la violencia de género y las diversas denuncias que Rivas presentó en relación a los malos tratos de su expareja hacia los niños no hayan sido nunca investigadas ni tenidas en cuenta en las distintos tribunales de ambos países.

Tal como expresó el abogado de Rivas y distintas juristas y feministas a lo largo de los últimos años, el hecho de que España tardara más de un año en traducir y remitir a Italia la denuncia de malos tratos reiterados que Rivas interpuso en 2016 en Granada contra Francesco Arcuri, fue determinante en el devenir de su proceso judicial. Juana Rivas siempre manifestó que la huída que protagonizó durante un mes en agosto de 2017 con sus hijos y por la que fue condenada por la Justicia de nuestro país por sustracción, tenía como objetivo proteger a sus hijos de los malos tratos de su expareja. Sin embargo, estos posibles malos tratos nunca fueron investigados, a pesar de que Rivas y sus hijos estaban considerados por organismos oficiales de nuestro país como víctimas de violencia de género.

Las denuncias sobre malos tratos no se han investigado

Ni la Justicia española, ni los tribunales italianos han entrado a investigar en los últimos cuatro años (los que llevan los menores viviendo con el padre en Italia) los posibles malos tratos del progenitor hacia sus hijos. Ocho de las denuncias presentadas por Rivas en Italia contra su expareja por este motivo fueron archivadas por la Fiscalía de Cagliari sin haber sido investigadas. Una de ellas, era la denuncia por malos tratos que Rivas interpuso contra Arcuri en 2016 en Granada. Otras cinco están aún en manos de la fiscalía del país vecino, pero las investigaciones no acaban de arrancar. 

Sin embargo, existen diversos informes médicos de instituciones oficiales que atestiguan los posibles malos tratos. Este periódico ha tendido acceso a los informes emitidos por los servicios de urgencias de un par de hospitales italianos en los que se alerta sobre posibles "malos tratos". También existen al menos tres informes emitidos por el servicio de Salud Mental de Artafe (Granada) perteneciente al Servicio Andaluz de Salud (SAS), que alerta de que los menores pueden estar sufriendo "malos tratos graves".

En el caso del hijo mayor, los últimos informes emitidos por esta unidad SAS, advierten de un "empeoramiento importante de su estado psicológico". Todos estos informes, tal como manda la ley, fueron remitidos a la Fiscalía de Menores y a los servicios sociales de la Junta de Andalucía, sin que hayan motivado ninguna actuación ni investigación. Los abogados de Rivas denuncian, además, que estos informes no fueron traducidos por la Justicia española y enviados al juzgado italiano que lleva la causa por la custodia de los menores y que todas las pruebas tuvieron que se traducidas  y presentadas por la representación de Rivas en Italia, con el gasto y la demora que esto supone. 

El pasado mes de diciembre, el tribunal de Apelaciones de Cagliari (tribunal de segunda instancia) decidió anular las actuaciones del tribunal civil que concedió la custodia de los menores en exclusiva a Francesco Arcuri y reabrir una nueva pericia. Lo hizo tras escuchar al hijo mayor de Rivas y estableció para éste un tratamiento psicológico ante el grave estado de depresión y el riesgo de suicidio. 

Rivas lleva cumpliendo condena desde el pasado 11 de junio, cuando ingresó de forma voluntaria en el Centro de inserción Social (CIS) Matilde Cantos de Granada. Tres días más tarde, Instituciones Penitenciarias le concedió el tercer grado para que pudiera cumplir la condena en su domicilio con control telemático y la obligación de presentarse una vez por semana ante el CIS. Sin embargo, el 20 de julio, el juez de vigilancia penitenciaria modificó las medidas y la obligó a entrar en el CIS de forma inmediata, donde continúa.