Un joven con trastornos fue a prisión pese a que la familia solicitaba el traslado a un centro de salud mental

Un joven de Alicante de 24 años ha pasado más de tres en prisión, pese a sufrir un grave trastorno de personalidad, y a pesar de que las víctimas de su delito, los padres, solicitaron hasta la saciedad su traslado a un recurso sanitario apropiado para él. Tampoco se tuvo en cuenta que un juez ordenó que recibiera un tratamiento psiquiátrico externo a la cárcel y llevarlo a una unidad de atención a personas con trastorno mental profundo.

Pero pese a tanta insistencia, Marc, que es como se llama este joven, no salió de prisión hasta que sufrió un brote psicótico agudo en la cárcel de Villena, Alicante II, en abril de 2022, que lo tuvo ingresado en un hospital más de tres semanas. Y eso ocurrió nueve meses después de que el Juzgado de lo Penal 3 de Benidorm dictaminase que cumpliese la condena, por quebrantamiento reincidente de una orden de alejamiento de sus padres, con una medida de libertad vigilada y un tratamiento psiquiátrico adecuado para una personada diagnosticada con trastornos límite y disocial de la personalidad, con abuso de alcohol y cannabis, que alteraban su capacidad volitiva.

El caso fue comunicado por la familia al Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y será incluido también en una demanda que presentará este año el Observatorio de Derechos Humanos, Salud Mental y Prisión ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos por vulneración de los derechos de las personas con enfermedades mentales en las cárceles españolas.

Esta es la historia muy resumida de los padecimientos de una familia de la localidad alicantina de El Verger desde que en la adolescencia se empezó a trastocar la conducta de Marc, ingresado en un orfanato de Siberia Occidental siendo un bebé de cinco meses y adoptado a los cinco años por Pepa Sanchis y Vicent Puig. Aunque para comprenderla mejor, hay que incorporar algunos datos sobre la atención que recibe la salud mental en las prisiones españolas, en una de las cuales entró este joven cuando tan solo tenía 18 años.

Según el informe de Instituciones Penitenciarias de 2022, el último año que Marc estuvo en la cárcel, las prisiones españolas disponían entonces de 1.157 profesionales sanitarios de medicina y enfermería general -no especializada- para atender a una población de más de 55.000 reclusos. Y a ello hay que sumar, como agravante, que, según el Observatorio de Derechos Humanos, Salud Mental y Prisión, en torno al 40% de esa población sufre alguna patología mental, es decir, más de 22.000 personas, y que cerca de 3.000 de ellas tiene un trastorno agudo.

Instituciones Penitenciarias cuenta con un programa específico para atender a los presos con enfermedades mentales, el PAIEM, que en 2022 registró 1.817 usuarios, el 4,45% de la población reclusa total. El 22% de los beneficiarios de ese programa tenían trastorno de personalidad, según la estadística oficial del Ministerio del Interior, una patología similar a la que sufre Marc. Pero Marc nunca estuvo en ese programa, según su madre, por la sencilla razón de que la cárcel de Villena no tenía asignado ningún funcionario a ese programa, tal como refleja el informe anual del Observatorio de Derechos Humanos.

Una cárcel sin psiquiatra ni protocolo para casos graves

La prisión de Villena en la que Marc pasó más de tres años en un total de cuatro ingresos únicamente dispone de un consultor externo de psiquiatría -un especialista del Hospital General de Alicante que acude de vez en cuando al centro-, carece de coordinación con un hospital de referencia y también de un protocolo para ingreso en una unidad de agudos de psiquiatría. Actualmente, dispone de un médico de cabecera que se jubilará próximamente y dejará esa cárcel sin facultativos, según los datos del Observatorio.

En ese entorno entró a vivir Marc al poco de cumplir la mayoría de edad, cuando ya le habían diagnosticado un trastorno de conducta, primero, y un trastorno límite de personalidad, posteriormente. No sería hasta tres años después cuando le encontraron la verdadera causa de su conducta: Síndrome de Alcoholismo Fetal, un conjunto de problemas físicos y mentales que se originan durante el embarazo cuando la madre bebe alcohol, y que él agravaba con el consumo de sustancias tóxicas.

La infancia de Marc transcurrió con normalidad, según la madre. Era un niño inquieto, muy activo, pero sin más. Los problemas empezaron ya con la adolescencia, etapa en la que sufrió un empeoramiento del rendimiento académico y una creciente dificultad en la convivencia familiar que se fue agravando paulatinamente, hasta llegar a los hurtos de dinero, joyas, y las agresiones verbales y físicas a los padres.

"Nos causaba un tremendo desasosiego. Después de que hubiera mejorado con una psicóloga, volvió a empeorar. Acudimos a un psiquiatra de València y nos dijo que ya no podía hacer nada más, y buscamos a otro especialista, pero el problema ya era muy intenso, muy profundo", recuerda Pepa Sanchis en declaraciones a Público.

El mazazo: la única solución es la cárcel

El trasiego de consulta en consulta continuó hasta que en 2017, cuando Marc había cumplido los 18 años y ya era mayor de edad, una psiquiatra del Hospital Marina Salud de Denia, privado concertado entonces, les da a unos padres desesperados la que considera que es la solución para sus males, una respuesta que ellos aún no han podido quitarse de la cabeza: "El único recurso que hay para personas como vuestro hijo es la cárcel".

"Nos decía que teníamos que denunciar a nuestro hijo, que no nos quedaba otra opción para conseguir un recurso en el que lo atendieran, que no podía ingresar en una unidad de agudos", recuerda la madre. Finalmente, abrumados por el estado completamente descontrolado de Marc, decidieron denunciarlo. Y el juez dictó una orden de alejamiento de sus padres, cuyos continuos quebrantamientos conllevaron los sucesivos ingresos en prisión, el primero de ellos en noviembre de 2017.

Marc, a una edad tan joven y con un trastorno de conducta grave, no fue capaz de soportar la orden de alejamiento y vivir solo en una segunda vivienda que tenía la familia a 25 kilómetros de su residencia habitual. Esa medida judicial no contemplaba ningún recurso asistencial para una persona con su estado mental. Pero la alternativa fue pasar un año en prisión, de la que salió aun peor de lo que había entrado, según su madre. Y todo volvió a repetirse.

"Estuvo un año en libertad, pero no estaba bien. Y nos vimos obligados a volver a denunciarle, porque la situación era insoportable", dice Pepa Sanchis. Así que Marc entró de nuevo en la prisión de Villena, donde permaneció durante seis meses, hasta abril de 2020, cuando salió en pleno confinamiento de toda España por la pandemia de la covid-19, con una orden de alejamiento de sus padres en vigor.

Un vídeo pidiendo socorro

Los padres intentaron entonces por todos los medios encontrarle a Marc un recurso para que pudiera estar atendido, para que no estuviera solo. Llegaron, incluso, a colgar en YouTube un vídeo titulado Emergencia familiar en El Vergel, pidiendo ayuda. "Nadie nos hacía caso. En los servicios sociales del Ayuntamiento nos decían que no había recursos para él, pero el caso era que, si nosotros no hubiéramos tenido otra casa, nuestro hijo tendría que haber estado a la intemperie durante la orden de alejamiento y en plena pandemia. Esta es la desprotección que sufre una persona con una patología mental", se lamenta la madre.

Unos meses después, Marc volvió a la cárcel. "Estaba en la calle, iba de un lugar a otro, perdido, y le denunciamos otra vez para hacer hincapié en que era una persona vulnerable que se encontraba en una situación de total desequilibrio, sin recibir ninguna atención. Lo último que podíamos imaginar nosotros era que tuviésemos que vivir separados de nuestro hijo después de haber hecho dos viajes a Siberia para su adopción", afirma Pepa Sanchis.

Ese tercer encarcelamiento coincidió con la visita que hicieron unos técnicos del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNP), dependiente del Defensor del Pueblo, a la prisión de Villena. Esa inspección detectó que el centro penitenciario alicantino, con 845 celdas, disponía únicamente de dos médicos y que había informaciones confusas en torno a la muerte de tres internos en los últimos tres años.

También ese año, el Comité Europeo para la Prevención de la Tortura y Tratos o Penas Inhumanas o Degradantes hizo una visita a las prisiones españolas, tras la cual, remitió un informe al Gobierno central en el cual advirtió de que el modelo de atención psiquiátrica "no está funcionando correctamente y los presos con una enfermedad mental no están recibiendo el tratamiento que necesitan".

Cuando salió en libertad en diciembre de 2020, tras otros seis meses en prisión sin recibir ninguna atención ni tratamiento para sus trastornos, Marc se desplazó con sus padres a Murcia, donde le diagnosticaron que lo que realmente padecía era Síndrome de Alcoholismo Fetal. Se lo detectaron en el Hospital Universitario Virgen de la Arrixaca de Murcia, el único centro en la zona de levante que se ocupa de ese síndrome, según Pepa Sanchis, quien llevaba tiempo sospechando que esa era la causa de los males de su hijo.

Sin embargo, el diagnóstico no acabó con los problemas con la Justicia. Unos meses después, en marzo de 2021, Marc volvió a ingresar en prisión por reincidencia en el quebrantamiento de la orden de alejamiento. "Tuve que llevar a mi hijo a prisión... Si me tuvieran que resarcir de todo el daño que nos han hecho... Nos deberían mucho dinero", dice Pepa Sanchis de forma entrecortada.

La sentencia que no se cumplió

La existencia del nuevo diagnóstico médico tampoco cambió las cosas dentro de la cárcel, donde Marc siguió, según su madre, sin recibir un tratamiento para su patología. "Contratamos una vez a un psiquiatra para que fuera a verlo a la prisión, pero las condiciones fueron tan adversas que ya no volvió", asegura ella.

Y en julio de ese año, el Juzgado de lo Penal número 3 de Benidorm emitió una sentencia, tras acuerdo de conformidad de todas las partes, en la que ordenó una medida de libertad vigilada para Marc. En el fallo se aprecia la agravante de reincidencia en quebrantamiento de condena y la atenuante muy cualificada por alteración de la capacidad volitiva a causa de trastornos límite y disocial de la personalidad y abuso de alcohol y de cannabis.

El juez le impuso una medida de libertad vigilada consistente en doce meses de tratamiento médico externo psiquiátrico mientras continuase en el centro penitenciario de Villena y después en el Centro de Referencia Estatal de Atención Psicosocial a personas con trastorno mental grave de Valencia. Sin embargo, Marc continuó en la cárcel alicantina y sin recibir ningún tratamiento psiquiátrico, según la madre, hasta que nueve meses después, en abril de 2022, sufrió un brote psicótico. "Nunca se cumplió la sentencia", asegura Pepa Sanchis.

Marc empezó a sufrir alucinaciones, a creer que solo dios podía sacarle ya de prisión. "Estaba fuera de la realidad, su desesperación era tan intensa que buscaba como una fuerza sobrenatural que le salvara", afirma la madre. Ella y su marido, sin embargo, no se enteraron de que el hijo había sido trasladado al Hospital General de Alicante hasta diez días después, hasta que les llamó un psiquiatra de ese centro, porque la prisión no les informó de lo que había sucedido.

Ese brote psicótico fue, no obstante, el que sacó a Marc de prisión y lo llevó, al fin, a un centro especializado para la atención de su patología mental. Lo que no consiguieron años de lucha de sus padres ni tampoco una sentencia judicial, lo logró una grave crisis que lo tuvo cerca de un mes hospitalizado. Del hospital lo trasladaron a un centro de Alcoy específico para personas con enfermedad mental y de allí luego a un piso tutelado, donde reside actualmente. Ya no ha vuelto a la cárcel.

"El paso por prisión ha sido totalmente desfavorable para Marc -concluye su madre-. Estaba mal en 2017 y estaba peor en 2022, cuando salió la última vez, porque nunca se le atendió correctamente. Estaba allí por una orden de alejamiento, pero asociada a un trastorno, a una patología que nunca se tuvo en cuenta. Primero, porque no lo sabían o no lo querían saber, pero cuando ya lo saben, ¿por qué no movieron un dedo, por qué no hicieron nada? Esto es lo más vergonzante".

Colapso de la atención sanitaria en prisiones

El caso de Marc ocupa un espacio destacado en el informe de 2023 del Observatorio de Derechos Humanos, Salud Mental y Prisión, gestionado por la asociación valenciana Ambit, donde se hace una clara advertencia sobre la atención sanitaria en las cárceles: "Cada vez se está colapsando más todo el sistema sanitario y, si con anterioridad a este auge la situación de la atención a la salud en el sistema penitenciario ya era altamente deficitaria, ahora pasa a estar en una época crítica".

"La falta de transición de las competencias sanitarias de la administración penitenciaria a la administración pública y la gran carencia de profesionales sanitarios dificulta una atención adecuada a las personas privadas de libertad que sufren trastornos mentales, sumándole el encierro y la estigmatización que supone la pena. Todo esto aumenta el riesgo de reincidencia y supone un empeoramiento de las patologías", subraya el informe.

Javier Vilalta, director de Ambit y coordinador del Observatorio, sostiene que el ingreso en prisión de una persona con una patología mental como Marc lo único que consigue es agravar su estado, porque la cárcel carece de los recursos necesarios para tratarla adecuadamente. "El hecho de que se prive a alguien de libertad no exonera de que tenga que recibir el tratamiento sanitario adecuado. Y en las cárceles no existen esos medios", manifiesta a Público.

Sin embargo, en el caso de Marc, lo que resulta más grave, a juicio de Vilalta, es la actitud de la psiquiatra del hospital que atendió a este joven y le dijo a los padres que la única solución para su hijo era ingresar en prisión, que no había otra alternativa. "Esa frialdad, esa falta de escrúpulos, es un estigma y un problema muy común con la población adolescente con trastornos de personalidad y adicciones para los que no hay recursos", se lamenta el coordinador del Observatorio de Derechos Humanos, Salud Mental y Prisión.

Esta entidad prevé presentar a lo largo de 2024 una demanda ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos y también ante la Convención de Naciones Unidas sobre derechos de las personas con discapacidad, en la que incluirán como hechos paradigmáticos y probatorios de su incumplimiento los casos de Marc y de M.B., una mujer que estuvo cuatro años en prisión pese a que un tribunal había acordado, debido a su grave enfermedad mental, la absolución del delito del que estaba acusada.

Tras la publicación de su caso en Público, el hospital psiquiátrico penitenciario de Fontcalent (Alicante), donde se encontraba recluida la mujer, solicitó al juzgado de vigilancia que fuese trasladada a un centro externo específico para atender a personas con problemas de salud mental y la jueza accedió a la petición.

En el escrito que enviaron en mayo de 2021 al Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, los padres de Marc solicitaron que valorara los daños y perjuicios causados a este joven por haberle privado de la protección de la salud, y la correspondiente indemnización económica que incluyera los daños morales ocasionados tanto a él como a sus familiares.

En la carta, Pepa Sanchis y Vicent Puig recalcaron que los "establecimientos penitenciarios no son en absoluto el lugar idóneo para personas con una patología mental" y "solo generan auténticos dramas para los pacientes y sus familias". Y concluyeron así: "todas las sociedades tienen el deber y la obligación de proteger a los ciudadanos más vulnerables, si lo que desean es convertirse en sociedades más modernas y desarrolladas".