El pasado 23 de mayo, Javier Cuesta, recibió una paliza en el portal de su vivienda cuando cuatro ultras habían entrado en su domicilio sin previo aviso al finalizar la celebración de una manifestación de Vox en el centro de la ciudad de Granada. "Ni un solo coche de Policía ha pasado por mi vivienda para intentar investigar los hechos. Mis padres siguen muy asustados porque nadie ha venido a escucharnos ni a saber qué ha pasado" Javier Cuesta recuerda los detalles a Público "con angustia y a la espera de que desde la Subdelegación del Gobierno de Granada le de alguna respuesta" en pocos días, después de haber entregado esta semana toda la documentación del caso.

Eran las nueve y media de la noche el pasado 23 de mayo cuando Cuesta escucha los gritos de sus padres que viven en una planta más baja de un bloque de pisos en los Fígares, centro de la ciudad de Granada. Un grupo de jóvenes irrumpía en el portal. El sobrino y la hermana de Cuesta intentan parar a los jóvenes que entran "buscando bronca y sin mediar apenas palabra". Aún no se conocen los motivos de la irrupción violenta pero todo parece indicar que la bandera republicana que Cuesta tenía en el balcón de su vivienda en homenaje al político, recientemente fallecido, Julio Anguita podía ser una señal para encender la ira de los jóvenes radicales. "Recuerdo aún los puñetazos, las patadas, los insultos. Es que esas secuelas han dejado marcado a los míos porque no sabes qué tipo de gente te puedes encontrar y más por un detalle como una bandera. Es vergonzoso".

Aquellos momentos se van borrando lentamente pero Cuesta no se le ha ido el dolor de espalda que le ha quedado como secuela de la agresión. El cuadro clínico, "politraumatizado", horas después de la paliza con "hematoma en el ojo derecho, gran hematoma en brazo izquierdo con erosión de cuello y dolor de cuello y espalda con limitación de movilidad" han traído también un período de incertidumbre para Cuesta de cómo está la justicia en nuestro país en el momento del estado de alarma.

"A los pocos días empiezan a llamarme al interfono de madrugada"

Al día siguiente Cuesta pone la primera denuncia que es tramitada por el juzgado de instrucción de Granada. "Pasa a trámite sin saber que pronto aquellos jóvenes iban a volver a increpar". La familia de Javier sufrió días después llamadas telefónicas y timbrazos de madrugada al interfono. "Nos despertaban a las cuatro de la mañana varia veces seguidas. Era un aviso para que no siguiéramos moviendo el tema y fui a la Policía a denunciar". Esta segunda denuncia no llegó a ningún trámite porque "simplemente no atendieron estos hechos". A la tercera ocasión, Javier sí que consiguió que se pusiera la denuncia pero "con pocos datos que no le han permitido que se iniciara ninguna investigación".

Ernesto Osuna, abogado de Cuesta que lleva el caso señala que "nadie lo atiende adecuadamente en ninguna comisaría por la convulsión que existe en el estado de alarma". Sin embargo, la primera denuncia sí llega a trascender hasta el juzgado de instrucción número cinco de Granada y le asignan número de diligencia. "Tuvimos una pequeña esperanza de que se agilizaría el caso pero había un colapso a raíz de la crisis del Covid". Ernesto recomienda a Javier esperar, aunque el factor tiempo sea muy "perjudicial para este tipo de casos". El caso de Javier se encuentra actualmente en el turno de "investigación pero no sabemos cuánto puede tardar activarse una investigación que lleva de retraso más de un mes".

Con muy pocas posibilidades de encontrar alguna pista 

A pesa de que la víctima guardó algunas pertenencias que los agresores perdieron durante la pelea, unas gafas de sol, un reloj, la "posibilidad de poder obtener huellas dactilares son muy escasas y las cámaras de seguridad también se borran cada dos o tres semanas, como han investigado Cuesta y su abogado de los seis comercios y viviendas cercanas que podrían haber captado algún detalle de la identidad de los jóvenes.

Cuesta recuerda detalles, ya cada vez más difusos. "Uno de ellos tenía barba, otro llevaba un polo de vestir cuando recibo las patadas" señala. Poco más. Datos inconexos que no dan una radiografía muy cercana de los hechos. "Para este tipo delitos es fundamental las primeras 48 horas para iniciar la investigación policial, algo que se ha omitido totalmente en el caso de la agresión a Javier Cuesta".

El abogado de Javier reclama que "lo más normal es que el caso llegue al juez a mitad de julio y quede totalmente archivado por una falta evidente de investigación y pruebas". El juzgado colapsado tampoco juega a favor de esclarecer los hechos. "Tienen prioridad los casos de menores, de violencia de género, de presos con medidas cautelares. Así reza la ley. El caso de Cuesta puede ir para largo".

En el mejor de los casos si se encontraran alguna evidencia o se reconociera a alguno de aquellos cuatro jóvenes, por los daños físicos "remitirían a un delito leve" cuenta el abogado. "El tema de allanamiento de morada si podría tener delito de cárcel pero no le rompieron ningún hueso, las secuelas psicológicas en la justicia española tienen poco peso para ser juzgados", señala a Público su letrado.

La última esperanza, la llamada de Subdelegación

Gracias a la ayuda de varios contactos como el concejal del ayuntamiento de Podemos, Antonio Cambrils en Granada, Cuesta pide una cita esta semana para tratar su caso con la subdelegada del Gobierno en Granada, Inmaculada López y comentar la situación. "Pido de corazón que se investigue este caso para dejar tranquila a mi familia y que no ocurran más estos hechos", rezaba Cuesta en su carta a la administración.

A los dos días Javier recibe una llamada de Subdelegación para conocer con detalles el caso y recibir toda la documentación. Fuentes de Subdelegación del Gobierno en Granada apuntan a Público "que se ha iniciado el procedimiento administrativo para llevar a dar una respuesta a este vecino", sin tener por ahora más avances sobre el caso.

Para Cuesta el caso tiene ya pocas posibilidades aunque espera tener "una respuesta firme de las autoridades" con el fin de que estos casos no vuelvan a suceder y la Policía "sí los investigue en el caso de que ocurriera otra agresión" en la ciudad por grupos de extrema derecha.