Italia ya ha comenzado a dar pasos para eliminar derechos a los hijos de parejas lesbianas. En sendos escritos enviados a una treintena de familias, la Fiscalía de la ciudad de Padua exige modificar todas las actas de nacimiento de hijos de madres lesbianas para eliminar las referencias a la madre no gestante. La medida no solo afecta a los nuevos registros, sino que se realiza de forma retroactiva, puesto que afecta a la inscripción de hijos de parejas lesbianas desde el año 2017.

Esta semana se ha conocido que el Ministerio Público ha enviado cartas a 33 familias formadas por dos madres, aunque algunas fuentes afirman que aún no se conocen todos los casos y que es probable que haya más. La comunicación se produce solo unas pocas semanas después de que el Gobierno de la ultraconservadora Giorgia Meloni ordenara a los ayuntamientos del país que dejaran de registrar a los hijos de parejas del mismo sexo.

El pasado mes de abril, la Fiscalía de Padua ya solicitó todas las inscripciones de hijos de parejas con dos madres desde 2017. Ahora, afirma que está obligada a poner en marcha esta medida para "hacer cumplir la ley" y que "con la legislación vigente no se puede hacer otra cosa".

Puede extenderse a otras regiones

La resolución adoptada en Padua puede extenderse a otras localidades del país. En Italia, la potestad de registrar nacimientos e inscripciones está en manos de los ayuntamientos, por lo que son los alcaldes los encargados de realizar el registro. El alcalde de Padua, como muchos otros de la geografía italiana, ha registrado a los hijos de parejas del mismo sexo, aunque existe un vacío legal en el país sobre la forma de registrar estos nacimientos. 

"Estoy tranquilo y convencido de las decisiones tomadas. Desde 2017 inscribo las actas de nacimiento de niñas y niños hijos de dos mamás. Es un acto de responsabilidad hacia los pequeños porque no acepto que sean discriminados", afirmó el regidor de Padua, Sergio Giordani, a medios italianos. 

Entuerto legal

En Italia existe un galimatías legal en relación a la inscripción de menores hijos de parejas del mismo sexo. En 2016, con un gobierno progresista, el Parlamento aprobó una ley de uniones civiles que marcó un hito en la lucha por el reconocimiento legal de las familias homosexuales. Sin embargo, la ley contiene medidas restrictivas sobre adopción y sobre el registro de los hijos de familias del mismo sexo.

A lo largo de los últimos años, alcaldes y tribunales han aceptado el registro de los dos progenitores para proteger a los menores. Sin embargo, desde la llegada de los Hermanos Italianos y de Meloni al Gobierno, se han activado las medidas contra el colectivo LGTBI.

"Hay un vacío legal gravísimo que el Parlamento debería legislar. Hasta ahora no lo ha hecho aunque lo han pedido muchos colegas alcaldes de distintos partidos. Pido a las fuerzas políticas que pongan a un lado la batalla ideológica y piensen en los niños", afirmó a los medios el regidor de Padua, Sergio Giordai.

Tras conocerse la comunicación de la Fiscalía, el ministro de relaciones parlamentarias, Luca Ciriani, afirmó a una radio que "en Italia, el matrimonio es sólo entre un hombre y una mujer y, por tanto, sólo el progenitor biológico es el progenitor cuyo apellido puede registrarse".

Efectos emocionales y burocráticos

La resolución tiene efectos tanto emocionales como burocráticos. Por un lado, elimina el apellido del segundo progenitor, por lo que incluso hermanos pasarían a tener distintos apellidos. Y por otro, despoja de derechos a la madre no gestante.

Acciones tan cotidianas como recoger a los hijos del colegio, decidir sobre tratamientos médicos o quedarse con los hijos en caso de fallecimiento del progenitor gestante serán imposibles si la medida finalmente se concreta. La opción que se deja a estas familias es la adopción de los propios hijos, un trámite que es largo y tortuoso.

El escrito de la Fiscalía tiene ahora que pasar por un tribunal, que será el encargado de revisar el caso y decretar la medida. La primera familia que recibió el escrito tiene fecha de presentación en un juzgado de lo civil el próximo día 11 de noviembre.

Se trata de una pareja de unos 40 años que se casó fuera del país y que en 2017 registró a una hija en común que está a punto de cumplir seis años. Estas mujeres ya tenían otro hijo de una de ellas y los hermanos comparten apellidos. La decisión de la Fiscalía supone que solo será considerada como tal la madre biológica y que la menor debe cambiar su segundo apellido.

"No se trata sólo de repercusiones en la vida social, sino de repercusiones en la propia identidad, un derecho fundamental hasta que se demuestre lo contrario. Un trauma personal en una fase delicada de desarrollo, por el hecho de no tener ya un hermano y una madre", ha declarado una de las progenitoras a medios italianos.