Irún se consolida como punto caliente de la ruta migratoria hacia Europa

Hasta noviembre, 7.123 personas migrantes pasaron por los recursos de acogida del Gobierno vasco en la frontera entre Gipuzkoa y Francia. Es el doble de lo registrado en todo el 2020 y también la cifra más alta desde 2018. Entonces, la llamada crisis de las pateras en la costa andaluza llevó hasta Euskadi a más de 5.800 migrantes que querían continuar su camino hacia el norte de Europa a través del paso entre las localidades de Irún y Hendaya (Francia).

Al calor de las llegadas de embarcaciones a las Islas Canarias, que mantienen las cifras del año pasado (casi 20.000 hasta finales de noviembre), Irún continúa asentándose como un punto caliente del flujo migratorio que París se esfuerza en bloquear.

Bajo la excusa de la pandemia o de la alerta antiterrorista, la mayoría de sus pasos fronterizos con España llevan más de un año cerrados o sometidos a un férreo control policial que impide el paso a personas de origen subsahariano o magrebí, según denuncian los activistas de la red de acogida Irungo Harrera Sarea y han comprobado diversos medios locales.

Siete muertos en 2021

El bloqueo francés está empujando a los migrantes a buscar puntos de paso alternativo y mucho más peligrosos que los puentes fronterizos de la ciudad. Los activistas ya han advertido de que el río Bidasoa, la frontera natural entre Euskadi y Francia, se está convirtiendo en otro pequeño cementerio de migrantes. En lo que va de año han perdido la vida al menos tres personas intentando cruzar a nado su traicionero cauce, lleno de pozas, corrientes y remolinos.

La última víctima apareció flotando el 20 de noviembre. En mayo, Yaya Karamoko, un marfileño de 29 años, corrió la misma suerte. En agosto le ocurrió a Abdulayé Kulibali, procedente de Guinea Conakry, de tan solo 18 años. Meses antes, otra persona de origen subsahariano se suicidó arrojándose al río después de varios intentos frustrados de llegar a Francia por la frontera terrestre. A ellos hay que añadir otros tres magrebíes que murieron el 12 de octubre arrollados por un tren cuando dormían junto a unas vías en la localidad gala de Ciboure, a unos 15 kilómetros de la frontera española.

Cada día llegan una media de entre 25 y 30 personas migrantes a Irún

Aunque el Ministerio del Interior no ha proporcionado datos exactos a Público, cada vez son más habituales las detenciones de personas o de redes organizadas que cruzan a los migrantes a cambio de dinero. Y cada vez hay más migrantes que, desesperados, no tienen más alternativa que recurrir a este método para cruzar la frontera después de varios intentos fallidos a través de los pasos tradicionales, donde rige el tratado de Schengen, que debería eliminar las fronteras entre dos países de la Unión Europea.

Los voluntarios de la red de acogida aseguran que están exhaustos. Cada día llegan, sobre todo a la parada de autobuses de la ciudad, una media de entre 25 y 30 personas. Casi todos han pasado por Canarias y han sido reubicados en plazas de acogida en la Península, según el Gobierno vasco. "Cada vez vemos más mujeres con niños", puntualizaba en un comunicado la red de acogida.

En noviembre ha habido picos de más de 150 migrantes a los que han tenido que orientar para que puedan pasar alguna noche en los albergues. Allí pueden permanecer un máximo de tres días, que solía ser suficiente para reponer fuerzas y llegar a Francia, donde a muchos les esperan familiares ya asentados.

Sin embargo, la vigilancia gala está alargando esta etapa de tránsito y, según denuncian los activistas, hay ocasiones en las que algunos migrantes se quedan sin plaza en los recursos de Cruz Roja y tienen que ser acogidos en domicilios particulares.

La situación en la frontera norte amenaza con deteriorarse mientras las organizaciones de apoyo a los migrantes y personalidades políticas exigen "corredores humanitarios" que eviten más tragedias. La pasada semana, el lehendakari, Iñigo Ukullu, criticaba en un declaración institucional que "el cierre aún en vigor de determinados puntos de paso no disuade en ningún caso la salida de esas personas". Exigía "una acción fuerte y coordinada de la Unión Europea y de los Estados miembro en materia humanitaria y de seguridad". Sin embargo, la agenda de Bruselas sigue primando el control fronterizo y las deportaciones.