Investigan el último incendio en un asentamiento de migrantes en Lepe: "Lanzaron una botella desde un coche"

Las llamas comenzaron de madrugada, algo habitual cuando el fuego devora las chabolas de las personas migrantes que viven y buscan trabajo en los cultivos de Lepe (Huelva). Se extendieron rápido por los plásticos, palés y cartones que hacen de paredes y techos. Siete casetas acabaron calcinadas y once personas se quedaron a la intemperie el pasado martes.

Las primeras informaciones oficiales aseguraban que el incendio se debió a un accidente. No es raro en asentamientos levantados con materiales inflamables, donde se cocina precariamente con hornillos de gas y es fácil tener un descuido fatal. En concreto, en este emplazamiento, ubicado entre el cementerio municipal y el campo de fútbol, ha ardido prácticamente una vez cada año en la última década. A veces dejando heridos, otras veces causando muertos, como Mohamed Alam, de 27 años, que falleció el pasado marzo en otro incendio en la misma ubicación el pasado

Sin embargo, no está tan claro que las llamas del martes fueran accidentales. La Guardia Civil ha abierto una investigación sobre las causas este suceso, según confirma a Público, aunque no ha facilitado más información. Las pesquisas llegan después de que los propios afectados denunciaran que el fuego fue intencionado.

La Asociación Nuevos Ciudadanos por la Interculturalidad (ASNUCI), que construyó con sus propios recursos un pequeño albergue para temporeros en el municipio, recogió varios testimonios de personas que viven en este asentamiento. Según explica Seydou Diop, portavoz de este colectivo, "varias personas vieron pasar un coche negro desde el que lazaron una botella ardiendo". Y así se lo comunicaron a la Guardia Civil.

El último gran incendio en este asentamiento, el más grande y poblado de Lepe, con varios sectores y cientos de chabolas, fue en 2020. Unas cien personas se quedaron sin sus pocas pertenencias, muchas sin sus documentos y sin ninguna alternativa ni asistencia municipal. Los bomberos aseguraron entonces que las llamas podían haber sido provocadas, pero resulta difícil determinar las causas de los fuegos en estos lugares. Nunca se supo realmente lo que ocurrió. Tampoco en 2017, cuando las llamas arrasaron varias hectáreas y decenas de chabolas en este asentamiento lepero.

Escenas similares se han repetido en otros municipios donde los cultivos de frutos rojos han ido creciendo, como Palos de la Frontera, Moguer o Lucena del Puerto; pero se repite alrededor de los invernaderos de Almería, que en 2021 también sufrieron una oleada de incendios que redujo a cenizas el macro asentamiento de Los Atochares, en Níjar.

"Siempre queda la duda de qué ha ocurrido porque nunca se aclara la causa de los incendios, a pesar de que a veces hay sospechas de que son intencionados para erradicar estos lugares", explica Joaqui Salord, miembro del equipo del Servicio Jesuita al Migrante que da asistencia a los migrantes asentados en chabolas de Almería desde hace cinco años. Según Salor, resulta sorprendente que se produzcan varios incendios en el mismo asentamiento en la misma semana, aunque reconoce que pueden originarse de múltiples causas "porque la precariedad es absoluta en estos lugares".

El chabolismo es la única posibilidad de alojamiento que encuentra la mano de obra migrante, mucha en situación irregular, que busca empleo en Andalucía, donde las empresas agrícolas facturan miles de millones cada año gracias al trabajo de personas que viven en condiciones infrahumanas. El fenómeno ya está a punto de cumplir dos décadas sin que se hayan puesto soluciones o alternativas reales sobre la mesa. Y los incendios, junto a los derribos de campamentos enteros ordenados por los ayuntamientos, son uno de los principales problemas a los que se enfrentan las personas migrantes.

En Lepe no ha sido hasta 2021 cuando el consistorio ha aprobado su plan de erradicación de chabolismo. El pasado verano, este ayuntamiento y el de Moguer firmaron con al Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 y la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación de la Junta de Andalucía un Protocolo para la Erradicación de los Asentamientos cuyo presupuesto inicial era de unos cinco millones de euros.

Hay inversiones y proyectos para construir una red de alojamientos temporales y estables, pero avanza despacio y no abarca la magnitud del fenómeno, consideran las ONG que llevan años trabajando en estos entornos. Además, estos programas llevan aparejada la prohibición de reconstruir las chabolas, y es habitual que las excavadoras de los ayuntamientos lleguen antes que los realojos cuando hay un incendio. Retiran los escombros y abren zanjas en el terreno para impedir que vuelvan a levantarse las cabañas.