El Ministerio del Interior ha culminado la deportación del activista musulmán Mohamed Said Badaoui, acusado por la Policía Nacional sin pruebas de ser un peligro para la seguridad nacional por participar en actividades "proyihadistas".

Desde hace 30 años residía legalmente en Catalunya, pero ahora se encuentra ya en Marruecos, según informa Europa Press, que cita a fuentes policiales. Mohamed Said fue arrestado el pasado 19 de octubre y durante este mes fue obligado a pasar por un Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE), donde ha recibido visitas de ONG y asociaciones de derechos humanos.

Mohamed Said Badaoui era el presidente de la Asociación para la Defensa de los Derechos de la Comunidad Musulmana (Adedcom), pero durante cinco años fue el portavoz de la mezquita As-Sunnah de Reus (Tarragona), que estuvo señalada hace varios años por el departamento liderado por Fernando Grande-Marlaska como foco de un islam salafista del que le acusaba a él la Policía.

"Mi hermano se ha caracterizado por trabajar creando puentes entre la comunidad musulmana y la catalana, abrió las puertas de la mezquita a todo el mundo", explicaba a Público el pasado mes de octubre su pariente, Jalal Badaoui, en conversación telefónica. "Y, desde Adedcom, solo ha reclamado los derechos de las personas musulmanas", añadió. 

El hermano de Badaoui relataba a este medio entonces que el proceso estaba siendo muy duro para el activista y su familia. "Estuvimos tres días sin saber nada de él, desaparecido totalmente. Ni siquiera su abogado sabía dónde estaba", apuntóó. 

La CUP apunta al Gobierno: "Es un vulneración flagrante de DDHH" 

Las reacciones políticas a la deportación de Mohamed Said Badaoui ya han comenzado a llegar. La CUP ha calificado lo sucedido de "expulsión arbitraria" y ha acusado al Gobierno español de cometer una "vulneración flagrante de Derechos Humanos".

Tras su detención, ERC, CUP, Junts y Unidas Podemos-En Comú Podem denunciaron que Mohamed Said es víctima de "represión política mediante la Ley de Extranjería". Por ello, instaron a la Generalitat de Catalunya a "activar todas las herramientas administrativas, jurídicas y diplomáticas para velar por sus derechos".

Sin embargo, la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional rechazó el pasado 20 de octubre, suspender la expulsión, que ya ha sido culminada.