Ali Hamou tiene 30 años y lleva tres semanas en la sala de inadmitidos del aeropuerto de Barajas. El joven, procedente de El Aaiún (Sáhara Occidental), pide "protección internacional" y escapa del régimen marroquí. España, sin embargo, insiste en rechazar su solicitud. "Este es un caso particularmente sangrante. Ali es sordomudo y necesita tratamiento para el cáncer que padece desde pequeño. Marruecos lleva desde 2022 sin darle atención médica por su condición de activista", denuncia su abogada, Fatma El Galia. 

En la misma sala que Hamou, otras 36 personas de origen saharaui cuentan las horas para recibir su orden de deportación. Las familias permanecen "hacinadas" en el aeropuerto y duermen en unas "condiciones inaceptables de insalubridad", rodeadas de chinches y con una alimentación "pésima". El Ministerio del Interior sitúa en 57 el número total de retenidos porque, según explican fuentes de la cartera, "no tienen forma de comprobar" quiénes son realmente saharauis. Las abogadas de los activistas aseguran que "sólo 37 personas" tienen los certificados de la Misión de las Naciones Unidas para el Referéndum del Sáhara Occidental (Minurso), un documento que "sólo tienen, precisamente, los ciudadanos saharauis".

La Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) ha validado la documentación presentada por Ali Hamou y pide garantizar su entrada en España. "Esta oficina recomienda a las autoridades valorar la posible concurrencia en el presente caso de los requisitos para que se le reconozca un permiso por razones humanitarias de conformidad con el art. 46 de la Ley 12/2009", reza el informe emitido por el organismo, al que ha tenido acceso Público. Ali Hamou registró una solicitud de reconocimiento de apátrida en las dependencias de Barajas el 7 de septiembre. 

El Ministerio del Interior lleva desde entonces sin mover ficha y no parece dispuesto a revocar su decisión. "Los dos informes de ACNUR son favorables, pero las autoridades competentes no quieren hacer caso. Marlaska no nos está dejando ninguna puerta de entrada", insiste la abogada. Ali Hamou sufre "mucha presión" por parte del régimen marroquí y ha recibido "palizas, insultos y arrestos" por manifestarse y reivindicar sus derechos, según cuentan sus amigos más cercanos en una conversación con este diario. 

"Los Estados, para asegurar que los procedimientos sean justos y eficaces, deben abstenerse de expulsar a un individuo de su territorio mientras esté pendiente el resultado del proceso de determinación", sugiere el Manual de ACNUR sobre la protección de personas apátridas. La Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados incluye esta referencia en su primer informe y subraya los "problemas de salud" y la "discapacidad" que padece Ali Hamou. "El Gobierno de España tiene todas las pruebas y vídeos; sabe que Marruecos lo persigue por su activismo. ¿Cómo es posible que quieran mandarlo de vuelta al país ocupante?", critica su entorno.

Los intérpretes marroquís, la enésima barrera

Los activistas y las asociaciones humanitarias han pedido habilitar más intérpretes del dialecto saharaui –hassani– para atender las peticiones de asilo político de las familias retenidas en Barajas. "El Ministerio del Interior nos ofrece normalmente traductores marroquís. Es una falta de respeto. Ali Hamou tiene además necesidades especiales, necesita un intérprete de signos y nadie lo ha puesto a su disposición. La comunicación es todavía más difícil", señalan las mismas fuentes. 

La abogada del joven saharaui reconoce que, durante la tramitación de su expediente, hubo "problemas derivados de la asistencia de la intérprete". Fatma El Galia puso el caso en manos de Naciones Unidas, que ha emitido un nuevo informe reafirmando su postura y pidiendo a las autoridades españolas resolver los problemas comunicativos. "La falta de comprensión adecuada entre el solicitante y la intérprete, por causas no imputables al mismo, han tenido un impacto negativo en la capacidad de éste para relatar su temor de manera completa, fluida y precisa", advierten desde ACNUR. 

"En verdad, ni siquiera era una intérprete de signos. La encargada de realizar la entrevista fue una traductora –marroquí– que supuestamente sabía leer los labios. Esta ha sido su única vía de comunicación. Se han vulnerado todas las garantías del procedimiento", continúa la letrada. Fatma El Galia ha pedido la nulidad del proceso, pero la Oficina de Asilo y Refugio del Ministerio del Interior considera que "no hubo ningún problema" y que se han respetado los derechos de Ali Hamou como solicitante de asilo.

Un historial médico de casi dos décadas

Público también ha tenido acceso a más de una decena de informes médicos, firmados por distintos especialistas, que prueban las necesidades oncológicas de Ali Hamou. El activista convive con un cáncer "desde que era un niño". Los primeros diagnósticos se producen entre 2003 y 2005; los más recientes tienen fecha de 2022. "Ali tenía que desplazarse hasta Rabat o Marrakech para recibir tratamiento. Lo hizo durante muchos años, hasta que Marruecos le bloqueó el acceso a la sanidad por su activismo. El país que lo persigue dice ahora que nunca se ha interrumpido la asistencia médica. Es mentira, pero es su manera de agilizar la deportación", precisa su abogada.

"Ali Hamou me contó a través de una llamada que ha pedido una revisión médica en el aeropuerto de Barajas, pero le dicen todo el rato que no. La Policía y la Cruz Roja le dicen que no necesita nada. Si vuelve a Marruecos, país ocupante, lo arrestarán. La situación es crítica. Está enfermo y sólo quiere luchar por su futuro", reprocha Dadah Hamim, amigo del joven. Los dos informes favorables de ACNUR y las pruebas médicas que ha presentado el activista parecen insuficientes para Interior y, si nada lo impide, Ali Hamou será deportado este 29 de septiembre. "Estamos revisando el caso y vamos a intentar paralizar la expulsión, pero cada vez tenemos menos confianza", sentencia su abogada.