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Ocho de cada diez personas en riesgo de pobreza no reciben el Ingreso Mínimo Vital pese a necesitarlo

La previsión inicial del Gobierno en 2020 era llegar a 850.000 familias, cifra que equivale al 17% de la población. En cambio, solo se ha alcanzado el 46,2% de ese objetivo.

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Colas de gente durante la entrega regalos a más100 niños vulnerables, a 4 de enero de 2023, en Madrid (España). — Alejandro Martínez Vélez / Europa Press

madrid, Actualizado:

Han pasado cuatro años desde la implementación del Ingreso Mínimo Vital (IMV) en España, una medida que prometía ser la "vacuna contra la pobreza". Los últimos datos de la Asociación de Directores y Gerentes en Servicios Sociales advierten de que, sin embargo, solo el 12,2% de la población que vive bajo el umbral de la pobreza es beneficiaria de esta prestación. Esta cifra, que incluye a 392.902 hogares, representa menos de la mitad de la previsión inicial del Gobierno de coalición.

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Según el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, la cuantía media mensual del IMV por persona beneficiaria es de 164 euros y de 492,4 euros por hogar. Se trata de una ayuda que abarca tanto la renta básica de subsistencia como el complemento de ayuda para la infancia.

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Expectativas versus realidad

La previsión inicial del Gobierno cuando se implantó el IMV en 2020 era llegar a 850.000 familias en situación de pobreza severa, cifra que equivale al 17% de la población. Es decir, 2,3 millones de personas. En cambio, solo se ha alcanzado el 46,2% de ese objetivo. Si se estima que actualmente hay en España 8.260.000 personas en riesgo de pobreza, el IMV solo llega al 12,2% de ellas.

Su implantación, además, varía significativamente entre comunidades autónomas. Mientras que en Euskadi el IMV llega al 24,6%, en Ceuta al 23,5% y en Melilla al 22,6%. Otras regiones como Castilla-La Mancha (8,7%), Catalunya (8,6%), Canarias (8,3%) y Balears (5,9%) muestran cifras mucho más bajas.

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Excesiva burocratización

Un análisis del Ministerio dirigido por Elma Saiz destaca que, a pesar de los esfuerzos de transparencia actuales, la falta de coordinación entre el Ministerio de Inclusión y Seguridad Social y el resto de niveles administrativos ha sido una de las causas principales que han dificultado la implementación del IMV.

La burocracia y los largos plazos en el acceso han dejado a muchas familias en situaciones de gran precariedad durante meses. Esta falta de eficiencia ha sido particularmente evidente durante la crisis social que ha provocado la pandemia, con miles de personas en situación de vulnerabilidad. La persistencia de las "colas del hambre" es un recordatorio de la impericia en la gestión de esta medida.

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