Una de las principales denuncias de las entidades por el derecho a la vivienda es que los apartamentos turísticos se han multiplicado en los últimos años, en detrimento del parque disponible para los vecinos de las ciudades. Pero no porque se hayan construido pisos nuevos, sino por la facilidad con la que un propietario podía convertir su inmueble en una vivienda de uso turístico (VUT).

Para abordar esta situación, el Govern de ERC aprobó en noviembre de 2023 un decreto ley que elimina las licencias eternas para los pisos turísticos. Según esta regulación, los propietarios deben renovar las licencias urbanísticas cada cinco años con la aprobación del ayuntamiento o, de lo contrario, cesar su actividad. La normativa debía aplicarse en 242 municipios, pero finalmente solo se ha implementado en 140, definidos como zonas tensionadas, después de que los socialistas pidieran reducir su alcance.

En junio, el alcalde Jaume Collboni expresó su voluntad de convertir los 10.000 VUT de Barcelona en vivienda residencial para 2028. "La ciudad no puede permitirse una cifra tan elevada de pisos turísticos en un contexto en el que la dificultad de acceso a la vivienda y los efectos negativos de la masificación turística son evidentes", dijo entonces. La pregunta es: ¿por qué se ha concedido un margen de cinco años y no se ha aplicado la regulación de inmediato?

Precisamente para "compensar" a los propietarios que no podrán continuar haciendo negocio en el futuro. Según el portavoz del Sindicat de Llogateres, Enric Aragonès, "con su planificación urbanística, la Generalitat podría haber hecho que el nuevo sistema de licencias para los VUT entrara en vigor inmediatamente". No obstante, para evitar demandas por lucro cesante, "se estableció un régimen transitorio de cinco años".

1.000 millones de compensación

Y las reclamaciones han llegado. La Asociación de Apartamentos Turísticos de Barcelona (Apartur) exigió la semana pasada 1.000 millones en concepto de responsabilidad patrimonial, una cifra que, según su presidente, Enrique Alcántara, cubre "las pérdidas por las inversiones realizadas y las ganancias futuras". Este cálculo podría aumentar hasta el 8 de noviembre, fecha límite en la que finaliza el periodo para presentar agravios y que coincide con el primer aniversario de la ley.

"Toda la explotación que pueden hacer durante estos cinco años ya es la indemnización. Lo dice explícitamente la ley. Por lo tanto, entendemos que esta demanda de Apartur no tiene recorrido", afirma Aragonès. Aunque no comparte la necesidad del periodo transitorio, subraya que no es arbitrario, sino que se basa en normativa europea.

En cuanto a las críticas de la directora general de Apartur, Marian Muro, que calificó la regulación de "expropiación encubierta", Aragonès rebate que se trata de "planificación urbanística". "Que tengan un piso no significa que puedan hacer lo que quieran. La administración planifica y distribuye los usos, al igual que determina en qué zonas se puede edificar y en cuáles no porque son zona verde", añade.

Efectivamente, serán los ayuntamientos los que decidirán cuántas licencias turísticas conceden en función de la suficiencia del suelo destinado a vivienda permanente, pero no podrán superar el máximo de 10 licencias por cada 100 habitantes. El teniente de alcaldía de Economía del Ayuntamiento de Barcelona, Jordi Valls, se preguntó en una rueda de prensa la semana pasada de dónde salían los 1.000 millones. "Si se creen esta reclamación, probablemente sí alteran el mercado", dijo, remarcando que el decreto "no expropia nada".

Aragonès también critica que los propietarios invoquen la "seguridad jurídica" cuando "les cambian las normas", pero no cuando finaliza un contrato y quieren incrementar el precio un 50% o desalojar al inquilino para hacer alquiler turístico. Según el Sindicat de Llogateres, los ayuntamientos no deben asumir la responsabilidad de quien ha querido explotar las licencias para los VUT.

¿Qué implicará una reducción de los pisos turísticos?

Aunque la disminución de los pisos turísticos puede reducir la masificación turística, no resolverá por sí sola la crisis de vivienda. "Hay un modelo de ciudad y de país que está completamente orientado al turismo y, por tanto, hay que cambiar muchas más cosas", lamenta Aragonès.

Además, insiste en que será necesario un cuerpo efectivo que "inspeccione quién se salta la ley" para que nadie se lucre con esta actividad económica sin licencia. "Barcelona tuvo una campaña fuerte de inspección de pisos turísticos ilegales. Collboni, cuando llegó, desmanteló parte de esta unidad. Ahora dice públicamente que destinará más recursos, pero no está muy claro en qué medida se está haciendo", añade.

Con todo, el portavoz hace un llamamiento a la "proactividad" ciudadana para que, si sospechan de la existencia de pisos turísticos sin licencia, lo comuniquen a la administración.