Bernardo Caal Xol nunca tuvo que entrar en prisión, pero defender la Tierra se paga caro en Guatemala. "Para nosotros, según nuestra cosmovisión, todo es sagrado. Los ríos son sagrados, también los cerros, las montañas y todos los seres vivos, porque de todos ellos depende nuestra existencia", argumenta este líder indígena que representa los derechos de un centenar de comunidades Maya Q'eqchi'.

En 2017, precisamente por eso, por preservar el entorno natural que vio nacer a sus ancestros, fue encarcelado y ahora, en libertad, viene a España para denunciar las tropelías del sector energético en el Cono Sur y pedir una regulación que responsabilice a las empresas europeas de lo que hacen sus matrices en terceros países. 

La historia de Caal Xol, reconoce, podría haber sido peor. "No hubo violencia física", apunta. Pero sí, un acoso y derribo impulsado desde Oxec S.A., una empresa panameña perteneciente a Energy Resources Capital Corp que impulsó un proyecto hidroeléctrico con una gran afección para el río Cahabón. "De él dependemos, igual que comemos de la Madre Tierra. A quienes negocian y solo piensan en el dinero no les importa nada lo que destruyen. Botaban los cerros en busca de minerales y oro, y ahora atentan contra el agua", protesta.

A este maestro y sindicalista le eligieron las comunidades indígenas de su departamento para representar sus intereses, para ser portavoz del colectivo o, como dice él, "vocero" de su pueblo. "Las empresas, cuando se dan cuenta de que nos movemos, de que comenzamos a movilizarnos y a denunciar, empiezan a poner el radar sobre mi, me empiezan a perseguir y consiguen convencer, gracias a su poder de influencia, a la judicatura para que me impongan dos órdenes de captura por delitos fabricados", narra. 

"A mi se me persiguió y se creó una campaña de difamación basada en calumnias. Además de las órdenes de captura, mi nombre y mi cara salieron constantemente en los medios de comunicación y se hablaba de mi como una persona contraria al desarrollo", describe. Ese relato, cuenta, forma parte de un modo de operar basado en dividir a los pueblos y prometer empleo a costa de un proyecto que destruye.

"Las empresas argumentan que esto traerá desarrollo y mejoras, pero la realidad es que la energía que se produce aquí se transporta a otra parte, no es para nosotros, para las comunidades que vivimos alrededor del río. Yo no me opongo al desarrollo, porque aquí no hay desarrollo", apostilla. "Pero da igual, se creó esa imagen de mi, de mala persona que está en contra de su territorio. Después de eso, se ordena mi orden de captura y soy encarcelado".

Caal, al describir su historia, advierte de la naturalidad con la que en su país se difumina la línea que separa los intereses empresariales de las actuaciones del Estado. Es por ello que la Justicia aprobó detenerle por unos delitos que asegura no haber cometido: robos y detención ilegal de personas. "Son delitos fabricados", insiste. "Se me apresó para intentar intimidarme a mi y a las comunidades indígenas, para que dejásemos de manifestarnos a favor del río". El juez terminó dictando una sentencia "irrecurrible" con 7 años y 4 meses de prisión, de los que sólo cumplió la mitad, quedando en libertad en 2022. 

Los jueces, dice, pusieron mucho más énfasis en silenciar a los colectivos indígenas que en constatar que las empresas eléctricas detrás del proyecto incumplieron con el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que dice que las poblaciones aborígenes deben ser consultadas antes de la instalación de una infraestructura en su territorio. "A nosotros nunca nadie nos dijo nada. No hemos hablado con las empresas, nunca nos consultaron ni nos informaron de lo que querían hacer en el río".

En libertad y "en peligro"

Cuando Caal salió de la cárcel, se encontró con otra orden de detención que se consiguió frenar. También se encontró con que las tuberías y las represas ya estaban levantadas en mitad del cauce del río. Con las máquinas fuera de la vista y el monte alterado, sólo le queda luchar por la justicia y la reparación. "Por eso estamos aquí. Hay muchas cosas pendientes que resolver, como la resolución judicial que acredita que se vulneró nuestros derechos como pueblo", comenta.

"Hemos venido a Europa para dar las gracias a las organizaciones en favor de los derechos humanos que nos han apoyado, pero también para realizar visitas gubernamentales y reclamar medidas para que las empresas que vienen a nuestros países a violentar los derechos humanos no lo hagan más", desarrolla. "Queremos que haya una norma jurídica para sancionar a estas empresas", comenta, para recordar después que una empresa vinculada a ACS, Grupo Cobra, participó en la ejecución de las obras que han alterado su vida y la de su comunidad. 

La cárcel no le ha amedrentado y lo que hoy es un viaje de apoyo y diplomacia en Europa, en unas semanas será una nueva jornada de protesta contra las autoridades guatemaltecas. Caal sabe que en su país defender los entornos naturales es un acto de riesgo. "Mi vida siempre estará en peligro. Siempre seré perseguido por denunciar a las empresas que han destruido nuestro río. Como digo siempre, si alguna vez me pasa algo, ya sabréis quiénes han sido", zanja.