La Xunta planea permitir este verano las barbacoas campestres que fueron prohibidas hace doce años después de que una de ellas provocara en Guadalajara una de las peores catástrofes ocasionadas por el fuego en España, y a pesar de que varios de los incendios de la oleada que asoló Galicia el pasado otoño tuvieron su origen en imprudencias humanas.

Así figura en el Plan de Prevención de Incendios Forestales (Pladiga) que la Consellería do Medio Rural presentó este miércoles en Santiago y que, además, no prevé destinar más recursos a la prevención y extinción de incendios de los que ya existían, y que se demostraron insuficientes el año pasado para combatir los fuegos de octubre.

El 17 de julio del 2005, un fuego eruptivo de inusual virulencia acabó con la vida de once miembros de las brigadas de extinción de Castilla-La Mancha que desde hacía dos días combatían contra un incendio en el municipio de Riba de Saelices, en Guadalajara. Su origen fue una barbacoa mal apagada por los excursionistas que la habían encendido, y cuyas brasas, avivadas por el viento, propagaron las llamas con enorme rapidez. Además de causar la muerte de los once brigadistas, la imprudencia provocó que durante cuatro días se quemaran casi 11.000 hectáreas de monte arbolado.

En el 2006, bajo el Gobierno bipartito del PSOE y el BNG, la Xunta, como muchas otras comunidades autónomas, decidió prohibir las barbacoas y las parrilladas en zonas de monte durante los meses de verano. Pero el Pladiga 2018 prevé que puedan hacerse de nuevo aun en zonas de riesgo elevado de incendios. La condición es que se monten siempre en áreas recreativas señalizadas que reúnan las medidas de seguridad necesarias, y previo aviso y autorización de la Consellería do Medio Rural.

Entre esas medidas de seguridad figura la exigencia de que los fuegos se hagan en zonas especialmente habilitadas y señalizadas, en casetas o recintos techados con suelo de hormigón y chimenea con rejilla que impida la expansión de las brasas. No podrá existir maleza alrededor, y los árboles circundantes deberán haber sido podados hasta una altura de al menos tres metros. Además, los permisos se expedirán de manera individualizada, nunca con carácter general, y deberán exponerse a la vista del público junto con el nombre de quienes los hayan solicitado.

A pesar de eso, los expertos consideran que permitir las parrilladas campestres supone un peligro evidente. “No es normal. Si a las condiciones naturales, climáticas y demográficas que ya hacen que Galicia sea una zona de riesgo elevado les sumas la posibilidad de que se produzcan errores humanos, estás aumentando la posibilidad de que se produzcan incendios”, dice un agente forestal de la Xunta, que prefiere guardar el anonimato hasta haber analizado en profundidad el plan del Ejecutivo autonómico. Entre otros riesgos, el funcionario cita el previsible efecto llamada que puede tener el que los ciudadanos adviertan que las barbacoas vuelven a estar permitidas, y que se decidan a hacerlas sin saber que tienen que solicitar permiso previo o atenerse a unas normas estrictas.

A mediados de octubre del año pasado, el fuego arrasó más de 26.000 hectáreas de monte arbolado y otras 23.000 de monte bajo en un centenar de municipios de Galicia, en un fin de semana trágico durante el que murieron cuatro personas. Los incendios se vieron avivados por las altas temperaturas, inusuales para esa época del año, el fuerte viento y la baja humedad. Y aunque no está demostrado que ninguno tuviera origen en una barbacoa, los investigadores sí sospechan que varios de ellos se ocasionaron por imprudencias en la quema de rastrojos o por la extensión de hogueras de carácter doméstico.

Los vecinos afectados se quejaron de la pasividad de la Xunta —su presidente, Alberto Núñez Feijóo, admitió que su Gobierno perdió el control de la situación durante doce horas—, pero también de la escasez de medios y de la lentitud con la que fueron movilizados.

La Xunta no prevé reforzarlos y asegura que el operativo de la campaña anti incendios del 2018 “es muy semejante al de los últimos años”: más de 7.000 personas —aunque incluye en ese cupo a los efectivos de la Policía, la Guardia Civil y el Ejército que se pueden movilizar en caso de necesidad—, una treintena de medios áreos —incluidos los que aporta el Estado— y 360 camiones motobomba, además de cisternas, palas y otros vehículos.

Precisamente, los agentes forestales autonómicos denunciaron al Ejecutivo de Feijóo ante la Inspección de Trabajo hace tres semanas de incumplir una resolución de la propia Inspección que instaba a la Xunta a dotarlos de los materiales necesarios para hacer su trabajo.

Los agentes aseguran que el Gobierno gallego pone en peligro sus vidas al obligarlos a utilizar vehículos en mal estado —algunos con más de quince años de antigüedad o más de 500.000 kilómetros—, de no renovar su equipamiento desde hace diez años y de no dotarlos con los instrumentos y la tecnología necesarios para prevenir, combatir e investigar los incendios. Entre otras cosas, aseguran que tienen que comprar de su bolsillo, entre otros, elementos tan esenciales como los dispositivos fotográficos con los que vigilan el monte.

Los sindicatos amenazan ahora con una huelga que, de llevarse a cabo, dejaría a Galicia sin los expertos que dirigen la extinción de incendios precisamente en la época de mayor riesgo.