Alaji Yenya Fofana estaba dentro de la nave del barrio del Gorg, en Badalona, cuando empezó el incendio que ha puesto de manifiesto, una vez más, la exclusión laboral, residencial y, en esencia, social, a la que están abocadas las personas migradas en nuestro estado. Unas 150 personas vivían en esa nave abandonada por la falta de acceso a una vivienda. Cuatro de ellas, al menos, han muerto como consecuencia del fuego, que dejó también a más de veinte heridos. "Era el ejemplo máximo de marginalización", señala Carles Sagués, activista de la plataforma Sant Roc Som Badalona.

La situación de los que dormían en el espacio era muy variada: convivían personas sin papeles, otras con contrato laboral, familias con menores y personas con estatus de refugiado. Pero todas compartían una cosa: la falta de acceso a una vivienda digna. Ahora, su situación es incierta. Según los mismos supervivientes, una semana después del incendio muchos de ellos están durmiendo en la calle. El Ayuntamiento dispuso un punto de coordinación para atender a los afectados, y aunque unos cincuenta se alojaran en un albergue de forma temporal, muchos han rechazado la ayuda a causa de su situación irregular y el miedo a acercarse a las autoridades.

Iba vivió un tiempo en la nave cuando llegó a Catalunya. "Este no es lugar para vivir", critica. El edificio estaba sin agua desde hacía meses, y la tenían que ir a recoger a más de 500 metros. La luz era intermitente; a veces había, y a veces no. Iluminaban las estancias con velas, lo que podría haber ocasionado el incendio, aunque las causas aún están por determinar. A Iba le duele el maltrato que sufren las personas migradas por no tener papeles: "Aquí vivía gente que se buscaba la vida para comer. Si no tienes documentos, no te ayudan".

La mayoría de los que vivían en el asentamiento eran personas migradas de origen subsahariano, de Senegal, de Mali, del Congo… Iba se refiere a ellos como sus "paisanos". También Juvencio Salvador, originario de Guinea Ecuatorial y vecino del barrio de al lado, Pep Ventura. Venía a menudo a ver a sus amigos. "Nadie quiere vivir así", lamenta. "Que no manipulen: aquí vivía gente trabajadora", añade. Salvador destaca que muchos se veían obligados a vivir en estas condiciones al no tener documentación, lo que les dificultaba el acceso al mercado laboral. Pero también había "padres de familia" con empleo que no se podían permitir un alquiler. "Esta es nuestra situación al llegar a Europa: si vives sin documentos es como si no vivieras", sentencia.

Yenya había vivido de forma intermitente en este asentamiento desde 2009. Cuando trabajaba como ayudante de cocina, limpiaplatos o carnicero podía permitirse vivir en pisos compartidos. Pero ahora no tenía trabajo y había vuelto a la nave. La cifra de personas que alojaba había ido oscilando porque muchos se encontraban en una situación similar a la suya. "Es muy difícil encontrar piso", apunta.

El activista Carles Sagués destaca que "el mercado inmobiliario está muchos escalones por encima del laboral" y el acceso a la vivienda por la vía privada es, muchas veces, imposible para familias de ingresos reducidos. "Y por la vía pública hay una lista de espera de años", lamenta. El director de la Fundació Arrels, Ferran Busquets, apunta que las personas que viven en naves u otros tipos de instalaciones deshabitadas "están huyendo de la calle o evitando llegar a ella". La causa: "El derecho a la vivienda está totalmente vulnerado".

Una realidad más allá de Badalona

Las infraviviendas y la ocupación de zonas industriales abandonadas es una realidad que se extiende por todo el país. En Barcelona hay 77 asentamientos donde viven 397 personas, según el Ayuntamiento. No hay ninguno tan numeroso como el de Badalona, y Busquets explica que esto se debe a que no hay muchos espacios vacíos de la magnitud de la nave incendiada.

El perfil mayoritario de residente en ellos es de un hombre de entre 30 y 45 años. La mitad son personas migradas. Predomina la etnia gitana y la nacionalidad de países del Este de Europa, aunque también hay personas de países africanos. A través de la Oficina del Pla d’Assentaments Irregulars (OPAI), Barcelona atiende a las personas en esta situación de forma "pionera", según destacan fuentes del consistorio, permitiendo, entre otros, su empadronamiento.

Acceder al padrón es clave para facilitar el arraigo y posterior regularización y para el acceso a servicios básicos como la sanidad. Busquets remarca que los municipios deben facilitarlo a todo el mundo, aunque no tengan domicilio fijo: "Una persona que viva en la calle tiene derecho al padrón y a ser reconocido como habitante de esa población, y muchos municipios no lo están cumpliendo". Uno de ellos es Badalona, señala.

En ciudades del área metropolitana como Sabadell, Terrassa y Mataró también hay naves abandonadas ocupadas por personas sin hogar. En la primera hay unas 150 personas durmiendo en infraviviendas, algunas de ellas en zonas industriales en desuso. En Terrassa, el consistorio ha hecho actuaciones en algunas naves y asegura que trabajan para que las personas que las habitan se puedan empadronar y entrar así en el circuito municipal de servicios sociales. En Girona hay una quincena de personas durmiendo en unas instalaciones industriales sin uso durante más de 10 años. Busquets señala que vivir en espacios así es una cara más del sinhogarismo. "La diferencia es que están a resguardo, pero la problemática es la misma: no tienen vivienda".

Una ley imposible

En el origen de la precariedad a la que se enfrentan las personas migradas hay una discriminación muy difícil de sortear. "El problema es la Ley de extranjería, que no da ninguna oportunidad a los chicos y los está matando. Es una ley imposible". Mansur es del Sindicato Mantero de Barcelona y vivió durante 10 años en la nave de Badalona. Desde que pertenece al Sindicato se pudo ir y ahora vive en Barcelona. Explica como el centenar de personas que dormían ahí simplemente "buscaban un lugar donde estar". Mansur pide una reflexión sobre por qué tantas personas se ven obligadas a migrar. "No tenemos recursos en nuestros países porque todos los ha sacado Occidente", señala.

Además de los obstáculos apareados a una situación administrativa irregular, las personas que vivían en la nave de Badalona han tenido que hacer frente a la estigmatización. El alcalde de la ciudad, Xavier García Albiol (PP), encendió los ánimos de los supervivientes y demás vecinos al declarar que las personas que se alojaban ahí se dedicaban a la venta de drogas y eran conflictivas. "Si hubiera habido droga, no hubieran vivido así. No tenemos dinero", manifestó una mujer en los alrededores de la nave.

Busquets critica que mensajes como los de Albiol son "terribles" y confía en que se trate de un desconocimiento de la realidad: "Se quiere culpabilizar a esas personas en vez de responsabilizarse de la situación". Entidades como SOS Racisme y Papers per Tothom lamentaron las declaraciones "racistas" del alcalde, a quien tacharon de "cómplice necesario" de lo ocurrido por "promover discursos del odio y xenofobia hacia parte de la población" y desviar el foco de atención hacia una supuesta delincuencia.

Papers per Tothom reivindicó, además, que hay soluciones, que pasan por garantizar una vivienda digna, papeles y permiso de trabajo para todo el mundo. Busquets llama a superar una "estigmatización de la pobreza tremenda". "Nadie quiere vivir en una nave así. Están así porque no tienen otra: no es una opción de vida, sino más bien una obligación de vida", recuerda.