El 1 de febrero de 1983, el entonces obispo de Cádiz se plantó ante el registro de la propiedad privada e inmatriculó a su nombre los cementerios de Barbate y Zahara de los Atunes. Las dos necrópolis habían sido construidas décadas antes sobre fincas públicas de propiedad municipal, tras una cesión del Ayuntamiento en un momento en que la gestión de los enterramientos recaía sobre el clero. La cesión se produjo sin la firma de convenio alguno ni contraprestación de ningún tipo, pero la titularidad del suelo permaneció bajo dominio municipal.

El prelado gaditano, sin embargo, se apropió de forma unilateral de todo el conjunto, parcela incluida, gracias al subterfugio claramente inconstitucional del artículo 206 de la Ley Hipotecaria de 1946 que le permitía inscribir bienes sin acreditar documentalmente su titularidad. El cementerio antiguo de Barbate tiene una superficie de 4.200 metros cuadrados y está ubicado sobre un monte municipal, tal como ya informó el pasado octubre Público.

Ahora ha trascendido que el obispo no únicamente inscribió el camposanto de Barbate, sino también el de Zahara de los Atunes. Dos de una misma tacada. Este segundo cementerio es notablemente más pequeño que el de Barbate y se encuentra en el centro del pueblo a pocos metros de la línea de playa. El recinto es rectangular y está cercado por un muro encalado. Una cruz con dos ángeles en memoria de los "caídos por España" da la bienvenida a los visitantes. Zahara de los Atunes es una entidad local autónoma dependiente de Barbate. Tiene censados poco más de 1.300 habitantes, pero su población se dispara en verano, gracias a su gran atractivo turístico de playa.

La inmatriculación episcopal de ambas necrópolis se produjo en la más estricta opacidad. El entonces prelado Antonio Dorado Soto inscribió los bienes a principios de los años ochenta sin informar al Ayuntamiento, propietario del suelo, y pese a que su explotación parroquial había sido una cesión municipal pactada.

El Consistorio tuvo conocimiento de la apropiación este mismo verano y de forma accidental, después del revuelo vecinal ocasionado por el incremento exponencial de las tarifas de enterramientos ordenado por el obispo de Cádiz, Rafael Zornoza. Funcionarios municipales se dirigieron al registro de la propiedad y, para su sorpresa, descubrieron que las dos fincas públicas habían sido inscritas por el purpurado. Público se ha puesto en contacto con el departamento de prensa del Obispado de Cádiz, que ha preferido no hacer declaraciones.

El aumento tarifario se produjo después de que el prelado decidiera agrupar los cementerios más rentables en una fundación denominada Santa Marta y controlada por el Obispado directamente. Para ello debía arrebatárselos a las parroquias que los habían gestionado durante décadas y lograr la firma del sacerdote titular. Ante la oposición de algunos párrocos, cuya única fuente de ingreso era la explotación del servicio de enterramientos, el obispo ejerció todo tipo de presiones para conseguir su consentimiento.

Es el caso del cementerio de Barbate y también el de Vejer y Benalup. A cambio de quedarse con la gestión directa del negocio de los camposantos más productivos, el obispo de Cádiz ofrece una dotación económica a la parroquia. Las necrópolis pequeñas, que no son rentables, no han sido incorporadas a la Fundación Santa Marta y previsiblemente serán cedidas a los ayuntamientos correspondientes. Y este es el caso de Facinas, Paterna y Zahara de los Atunes.

"El obispo no quiere los pequeños cementerios porque no producen. Son una carga económica. Solo se queda con los que ganan bastante dinero", declaró a Público un antiguo párroco conocedor de los entresijos de la maniobra episcopal.

La operación mercantil impulsada por el prelado no ha sido bien recibida por buena parte de la feligresía y mucho menos por los vecinos, que han visto cómo las tarifas se han multiplicado hasta por cuatro en algunos casos. Ante las protestas ciudadanas, el Ayuntamiento de Barbate informó de que está estudiando todas las opciones para hacer valer sus derechos sobre el cementerio y buscar soluciones al alza desbocada de precios. "Vamos a defender nuestro cementerio y para ello no vamos a dejar de plantear todas las acciones necesarias", advirtió en una nota difundida semanas atrás.

La cesión de terreno público a la Iglesia en Barbate y Zahara de los Atunes no es un caso aislado, según indican fuentes contactadas por este periódico. Al parecer, era una práctica habitual a principios del siglo XX y puede haber muchos más casos de apropiación de fincas municipales sobre las que las parroquias construyeron las necrópolis. En la propia localidad de Zahara de los Atunes, la Iglesia no tenía ninguna propiedad hasta los años noventa. De hecho, el templo católico está acondicionado en una antigua almadraba. Ahora, sin embargo, ya es presuntamente titular del cementerio, gracias al privilegio inmatriculador.

Lo llamativo del caso es que el registrador de la propiedad accediera a inscribir a nombre del obispo en los años ochenta dos cementerios cuyas parcelas pertenecían al Ayuntamiento de Barbate. La doble inmatriculación, no obstante, ha sido una irregularidad muy frecuente en España cuando estaba por medio un obispo.

Los funcionarios públicos han concedido más crédito a los prelados aunque no presentaran ni un solo papel que certificara su titularidad. Y así se produjo el escandaloso caso de Ucieza, en Palencia, que desembocó en una histórica sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) contra el Estado español por permitir la inmatriculación episcopal de un viejo monasterio que ya tenía dueño.

La Iglesia católica ha inmatriculado miles de cementerios en toda España, muchos de ellos propiedad de pequeños pueblos que no han tenido los recursos materiales y humanos suficientes para reclamarlos ante el juzgado. Solo entre 1998 y 2015, el año en que el artículo 206 de la Ley Hipotecaria franquista fue derogado, inscribió a su nombre 2.500 necrópolis. El número total de camposantos inmatriculados puede multiplicarse por tres, cuatro o cinco veces. Y, en muchos casos, los ayuntamientos han seguido haciendo frente al mantenimiento de los cementerios, pese a haber perdido su propiedad.