El hospital militar Gómez Ulla, ejemplo de precariedad, abusos laborales y opacidad

En el madrileño barrio de Aluche, distrito de Latina, existe un inmenso monolito de 22 plantas y 89 metros de altura. Esa mole alberga el Hospital Central de la Defensa Gómez Ulla. Allí, de las más de 2.200 personas que trabajan cada día, un 90% lo hace de forma temporal: bien con contrato de 'interino', bien como 'personal eventual' (un 40% del total). Es decir: en el mayor hospital militar de España quien realmente manda es la precariedad, según vuelven a apuntar trabajadores y sindicatos. Y la opacidad.

El centro tampoco aprueba en transparencia; las ejecuciones presupuestarias no aparecen por ninguna parte. Y eso que la Comunidad de Madrid ha pagado a Defensa, a través del Servicio Madrileño de Salud (SERMAS), más de 400 millones de euros desde 2007; casi 362 millones hasta 2020, a los que se sumarían unos 51 millones (concretamente, 51.316.667 euros) correspondientes al año 2021, el más duro de la pandemia de covid-19 hasta ahora. No sabemos cómo se ha gastado ese dinero porque Defensa no lo publica. 

Además, algunos trabajadores denuncian que el acceso a una plaza es más complicado porque, como novedad desde la penúltima convocatoria, las medallas y condecoraciones suman puntos en el proceso de oposición. Así lo denuncia a Público el antiguo delegado sindical de CCOO y celador del centro Alejandro de Marcos, quien por su actividad precisamente como delegado sindical sabe que él no tendrá oportunidad de sumar esos puntos.

Condecoraciones 'a dedo' que suman

De Marcos, que es miembro de Plataforma de Trabajadores Gómez Ulla, denunció hace días a este diario que "en los dos últimos procesos de oposición se están teniendo en cuenta, a la hora del concurso, criterios subjetivos como menciones de honor o medallas al mérito militar, cuando estos procesos están destinados al personal civil". Efectivamente, como hemos comprobado, hasta la convocatoria de 2016 no se hacían mención a condecoraciones o medallas para sumar puntos en las ofertas públicas de empleo.

Público ha preguntado sobre este extremo (y otros) al Ministerio de Defensa, por estar el hospital bajo su competencia, y a través del cauce oficial; una semana más tarde, este diario sólo ha recibido la siguiente respuesta:

El mencionado celador asegura que en la anterior convocatoria de empleo se interpusieron, sin éxito, "varios recursos de reposición"; De Marcos remarca, sin embargo, que dicha convocatoria quedó avalada por la mesa sindical.

A juicio de la plataforma, incluir las medallas como parte del concurso de plazas "supone una la vulneración del derecho constitucional de igualdad, mérito y capacidad ya que las condecoraciones militares, lejos de obedecer a estos criterios, son dadas 'a dedo' por los jefes de servicio". Es decir, la propuesta de condecoración o medalla es discrecional y no ha de justificarse.

Precariedad

El Hospital Militar Central funciona como centro de referencia de la sanidad pública madrileña para los distritos de Latina y Carabanchel, en virtud de un acuerdo firmado en 2007 entre la entonces ministra de Defensa, Carme Chacón, y la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre. Desde entonces, ha ido 'renovándose' o prolongándose más allá de sus iniciales 10 años de vigencia.

Lo que sí se han ido actualizando han sido las partidas que cada año la Comunidad de Madrid paga al Ministerio de Defensa por el uso civil del centro, gracias a una pregunta parlamentaria realizada por la diputada de Unidas Podemos en la Asamblea de Madrid Vanessa Lillo el pasado año:

Con el fin de contrastar estos datos, Público también preguntó al Ministerio de Defensa y obtuvo como única respuesta la mencionada: "En el último año" se ha procedido "a la mayor operación de estabilización en el empleo que ha tenido este Centro" y "ello hará posible alcanzar en breve el objetivo del 95% del empleo público, estable y de calidad", finaliza el comunicado.

El Hospital Gómez Ulla tiene una plantilla de unos 2.200 trabajadores (la cifra exacta no la conocen ni los delegados sindicales), de los que 2.125 son civiles, según los datos más actualizados que Público ha podido conseguir de fuentes sindicales, que se corresponden al pasado año y que cuentan con el sello del propio hospital. Nuevamente, el Ministerio de Defensa ha evitado contestar a este diario para contrastar o actualizar esos datos.

Así, cerca del 90% de la plantilla la forman trabajadores civiles contratados por Defensa. Como este medio ha ido publicando en pasadas ocasiones, entre el 30% y el 45% de la plantilla son "eventuales", y una parte importante de ellos lleva más de una década encadenando contratos de tres o cuatro meses. Como dato reseñable, la condición de contratados por Defensa supone la imposibilidad de que se dé una inspección de Trabajo común; al estar en un recinto militar, es el propio Ministerio quien se encarga de inspeccionarse a sí mismo. 

Un grupo de trabajadores agrupados bajo la citada plataforma ya se movilizó mediante una protesta el pasado 26 de octubre frente a las puertas del centro para denunciar la precariedad y la falta de trasparencia del Ministerio de Defensa, que ha de decidir qué va a suceder con cerca de 500 empleados 'eventuales' cuyo contrato finalizaba esta misma semana.

Los afectados suponen "alrededor de un 30% de la plantilla del centro", aseguran los miembros de la plataforma, que informan de que desde el servicio de recursos humanos del hospital han ido estudiando y, en su caso, renovando caso por caso desde principios de año. De momento, no existen datos oficiales de cuántos se quedan y cuántos se van a la calle, aunque desde CCOO afirman que recursos humanos del Gómez Ulla está ya renovando contratos por entre seis meses y un año.

Eso sí, algunos de los delegados barajan la posibilidad de denunciar al centro por coacción a la libertad sindical, debido a los choques entre el personal civil y los mandos militares en el centro. "El día de la concentración no dejaron pasar a pie a una compañera delegada, trabajadora del centro, que iba al local sindical del hospital a recoger material, cosa que raramente pasa", asegura la delegada de CCOO, que añade que fue una orden "directa" del jefe de seguridad, el teniente Sillero.

Mientras tanto, la opacidad (el centro es tristemente recordado por algún caso sonado de corrupción), la precariedad y el miedo a represalias tienen acogotada a casi toda la plantilla de este hospital militar que, aunque está dentro de la red asistencial del SERMAS de la Comunidad de Madrid, está bajo la total y completa responsabilidad de la cartera de Margarita Robles.