En septiembre de 2020, el Parlament aprobó una ley pionera para regular los precios de los alquileres en Catalunya. Era una medida inédita en el Estado pero que ya se aplicaba en otros países europeos, como Alemania, Francia, Portugal, Italia y Suecia. Este jueves, sin embargo, el Tribunal Constitucional informó de que tumbaba la normativa estimando el recurso interpuesto por el PP con el argumento de que invade competencias estatales.

La resolución anula buena parte del contenido de la ley, especialmente el que establece unos topes máximos a las rentas, pero los movimientos por la vivienda y los partidos que la aprobaron ya han anunciado que volverán a hacer otra. Todo esto mientras en el Congreso se tramita una ley de vivienda estatal que también regula los alquileres pero de forma menos ambiciosa. Respondemos a las principales preguntas que surgen en este escenario.

La resolución anula buena parte del contenido de la ley, especialmente el que establece unos topes máximos a las rentas, pero los movimientos por la vivienda y los partidos que la aprobaron ya han anunciado que volverán a hacer otra. Todo esto mientras en el Congreso se tramita una ley de vivienda estatal que también regula los alquileres pero de forma menos ambiciosa. Respondemos a las principales preguntas que surgen en este escenario.

¿La resolución del TC invalida los contratos firmados mientras la ley ha estado vigente?

No. Tal y como dice el propio Tribunal Constitucional en una nota informativa, los contratos firmados en el período de vigencia de la ley quedan tal y como están. Sólo cuando finalicen y quieran renovarse se abrirá la posibilidad de modificar la renta. Sin embargo, en caso de subida injustificada, el Sindicat pide a los inquilinos que no se marchen de casa y se pongan en contacto con ellos.

¿Cuánta gente se había acogido a la regulación?

El Sindicat de Llogateres ha explicado que en el año y medio que ha estado en vigor la ley se han firmado 160.000 contratos, es decir, 160.000 hogares se han beneficiado de la regulación.

¿En qué consistía exactamente la normativa?

La ley 11/2020 establecía dos topes para fijar la renta mensual del alquiler: el índice de referencia, que establece el precio máximo de las viviendas con características similares, y la renta del contrato anterior, que no podía incrementarse.

¿Se aplicaba en toda Catalunya?

No, sólo en los municipios de más de 20.000 habitantes considerados "áreas con mercado de vivienda tensa", es decir, donde el precio de los alquileres había subido por encima de la media de Catalunya en los últimos años, entre otros supuestos.

¿En qué municipios estaba vigente?

Desde el principio, la ley establecía su aplicación en 60 municipios, incluyendo todos los del Área Metropolitana de Barcelona de más de 20.000 habitantes, así como Tarragona, Girona, Lleida, Igualada, Manlleu, Manresa, Salt, Sabadell, Olot, Sitges, El Vendrell, Calafell, Vilafranca del Penedès, Granollers, Palafrugell y Figueres, entre otros.

Además, los municipios no incluidos de entrada podían pedir acogerse a la regulación: llegó a aplicarse en 68 núcleos, y más de 100 lo habían solicitado, según el Sindicat.

¿Afectaba a todos los contratos de alquiler?

No. Sólo se aplicaba a partir de los contratos formalizados en 1995, y estaban excluidos los que tenían un régimen específico de determinación de rentas como las viviendas de protección oficial, alquiler social obligatorio, de inserción o mediación para el alquiler social, o de arrendamiento de carácter asistencial.

¿Todos los propietarios debían aplicarlo?

Aquellos con ingresos mensuales inferiores a 2.000 euros quedaban excluidos, condición reclamada por JxCat a cambio de su apoyo.

¿Ha funcionado para bajar los precios?

Sí. La ley sirvió para bajar los precios de los alquileres y no redujo la oferta, uno de los principales argumentos de sus detractores. Según datos de la Generalitat, en 2021 en Catalunya se firmaron un 23,9% más de contratos que en 2020, con una renta mensual un 1,4% inferior que el año anterior. En Barcelona, ​​la bajada fue más pronunciada, con una reducción de los precios del 4,8%, y un aumento del 41% de los contratos formalizados.

Estos datos desmontan los argumentos de la patronal y los lobbies inmobiliarios, que sostenían que la regulación implicaría una reducción de la oferta de pisos de alquiler. "Lo más importante es que aseguraba alquileres seguros y estables a las familias", sostienen desde el Sindicat.

¿Quién la impulsó y cómo se logró?

La ley fue impulsada por el Sindicat de Llogateres, creado en 2017, y contaba con el aval de 4.000 entidades sociales, entre ellas Òmnium Cultural, la PAH o el Observatorio DESC.

La ley se aprobó en el Parlament con los votos de ERC, JxCAT, En Comú Podem y la CUP, mientras que los diputados de Cs, PSC y PP votaron en contra, al igual que los cuatro miembros del PDeCAT que entonces todavía formaban parte del grupo de JxCat. El grupo posconvergente mostró reticencias hasta el final de la tramitación, aunque finalmente, debido al acuerdo in extremis para dejar exentos a los propietarios con ingresos inferiores a 2.000 euros mensuales, retiraron las enmiendas presentadas.

¿Quién estaba en contra?

Se oponían a la regulación las patronales Foment del Treball y Pimec, los actores tradicionales del sector inmobiliario y el PSC, Cs y el PP. Sin embargo, municipios gobernados por estos partidos pidieron, una vez aprobada, adherirse a la regulación.

¿Qué ocurrirá con los contratos que se firmen a partir de ahora?

La anulación de los artículos que fijan los límites en el precio de los alquileres provoca que los propietarios puedan volver a establecer libremente el precio de las rentas y aplicar subidas en el momento de la renovación de los contratos. "Las inquilinas ya no teníamos miedo a recibir un burofax exigiendo más dinero a cambio de poder vivir en nuestra casa. Ahora la 'justicia' ha decidido que debemos volver a vivir con esta angustia", critican desde el Sindicat.

¿Volverán a regularse los precios en Catalunya?

El Sindicat, las entidades y los partidos que apoyaron la ley no tiran la toalla. El Sindicat ya ha advertido de que "la regulación no se toca" y se muestra convencido de que se volverán a regular los alquileres.

En una rueda de prensa este jueves en el Parlament, los partidos que la aprobaron mostraron su desacuerdo con la decisión del Constitucional y se comprometieron a buscar formas de superarla y volver a regular el precio de los arrendamientos. ERC y la CUP se muestran dispuestas a impulsar una Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU) catalana para no depender del marco estatal. "Que nadie dude que volveremos a hacerlo, volveremos a regular los alquileres", afirmó por su parte la portavoz del Sindicat, Carme Arcarazo.

Y la Ley de Vivienda estatal, ¿regulará los precios?

En el Congreso está en trámite la Ley de Vivienda estatal, que este jueves superó la primera votación por un acuerdo del Gobierno con ERC. El partido republicano explicó que permitiría la tramitación del texto a cambio de un compromiso oral y escrito de la ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, sobre el respeto a las competencias autonómicas, foco de conflicto de esta nueva legislación.

Se trata de una ley que también regula los alquileres, aunque de forma mucho menos ambiciosa. Las personas jurídicas (es decir, empresas) que sean grandes tenedores (más de 10 viviendas) no podrán incrementar sus precios, pero el resto de propietarios podrán hacerlo un 10% respecto al contrato anterior.

¿Qué respuesta habrá a la resolución del TC?

El Sindicat ha convocado una manifestación en plaza Sant Jaume, en Barcelona, este sábado a las 18 horas y anima a todo el mundo afectado por algún problema con su alquiler a organizarse y afiliarse.