La Fiscalía y la Guardia Civil han detectado indicios de delitos ambientales y de prevaricación en la tramitación de las autorizaciones para instalar 53 parques eólicos y nueve fotovoltaicos en Teruel, Zaragoza y Huesca y para construir cuatro líneas de alta tensión cuya finalidad es trasvasar su producción eléctrica a Catalunya y el País Valencià, según indica la documentación a la que ha tenido acceso Público.

Las pesquisas ponen en tela de juicio la legalidad de las actuaciones en esta materia del Miteco (Ministerio de Transición Ecológica) y del Gobierno de Aragón, responsables de la tramitación de 46 y de 20 de esos proyectos, respectivamente. Tienen su origen en los bloques de denuncias que ha ido presentando el movimiento ciudadano Teruel Existe ante las fiscalías de Sala de Medio Ambiente y de las tres audiencias provinciales aragonesas.

La de Zaragoza optó por archivar las diligencias referentes a cuatro centrales eólicas y siete fotovoltaicas de esa provincia al no apreciar indicios de delito, criterio que no comparten las otras dos fiscalías provinciales ni la Guardia Civil.

Los fiscales aprecian en sus denuncias ante los juzgados indicios de la posible existencia de delitos ambientales en la tramitación de los expedientes por, básica y presuntamente, omitir la ocupación de áreas protegidas o su cercanía a algunas de ellas.

Además de por analizar proyectos troceados sin tener en cuenta su impacto conjunto o por saltarse exigencias procedimentales en cuanto a plazos de tramitación, periodos de información pública o formatos administrativos o, también, por carecer de los preceptivos estudios arqueológicos en algunos casos.

Esas presuntas omisiones habrían derivado, según sostienen los denunciantes, en la emisión de autorizaciones para instalar los parques en áreas en las que la legislación veta su presencia, o cuando menos la limita o la condiciona a la aplicación de medidas que atenúen su impacto. Algo que, consideran, no acaba de casar con situaciones como la ubicación en terrenos de la Red Natura de 90 de los 125 aerogeneradores de un bloque de parques del Maestrazgo.

Los frentes que abre la denuncia de Teruel Existe

Estos movimientos judiciales y policiales tienen repercusiones en varios ámbitos, ya que suponen la judicialización de un modelo de despliegue de las renovables, de escala macro y que soslaya el autoconsumo, que llevaba tiempo recibiendo una fuerte contestación entre la población de las zonas afectadas.

Supone, también, poner en tela de juicio el modelo de macrotrasvase de energía de la España vaciada a los polos de desarrollo industrial, que no deja de ser una réplica con el viento y la luz de las estepas del modelo hidroeléctrico con el que el franquismo asoló los valles de media España.

El Gobierno español ha apostado por ese formato ante la amenaza de colapso energético que supone para Catalunya y el País Valencià, que suman un 28% del PIB, el programado apagón, por obsolescencia, de las nucleares de Ascó, Vandellós y Cofrentes entre julio de 2030 y octubre de 2031.

De hecho, el mapa que acompaña esta información deja claro el esquema de instalación de parques eólicos y solares en áreas rurales de Aragón para transportar esa energía a esas dos comunidades y también a Euskadi (5,8% del PIB), unos tendidos que promueve la empresa aragonesa Forestali, la principal beneficiaria de las subastas de renovables de 2016 y 2017, y que han provocado un duro encontronazo entre el Miteco y la Generalitat catalana, contraria a sus trazados por sus efectos ambientales.

Una pantalla por delante de los planes de PP y Vox

La judicialización del despliegue de las renovables deja en el aire la maniobra de distracción iniciada hace unas semanas en Aragón por PP y Vox con el registro de una comisión de investigación sobre la gestión del anterior Gobierno autonómico, el cuatripartito PSOE-Podemos-Par-Cha de Javier Lambán, en esta materia.

Uno de sus objetivos, según anunciaron los portavoces de ambas formaciones, Rafael Ledesma y Santiago Morón, es el de llevar las conclusiones a la Fiscalía si durante las sesiones de la comisión se apreciaban indicios de delito en la tramitación de las autorizaciones ambientales.

Sin embargo, la iniciativa de Teruel Existe, que incluye las cuatro líneas de alta tensión hacia Catalunya (Sant Just, Begués y Garraf) y el País Valencià (Morella), desarbola y deja en evidencia la jugada de la derecha, puesto que ya se encuentra en una pantalla más avanzada como la del juzgado, al tiempo que pone en la picota la gestión del cuatripartito.

En cualquier caso, la práctica del Gobierno PP-Vox dista mucho de lo que sería su prometida (en campaña) ordenación del sector, ya que las autorizaciones de Industria y de Medio Ambiente para líneas y parques continúan sucediéndose en cascada, un día tras otro, en el boletín oficial.

El ritmo llega al punto de que en los últimos días hayan salido adelante los permisos ambientales para instalar en un municipio con una moratoria vigente para este tipo de centrales como Sabiñánigo (Huesca) tres parques fotovoltaicos cercanos, de un mismo promotor (Enerland) y que comparten línea de evacuación y denominación (Sabiñánigo I, IV y VI).

Tampoco es que el Miteco haya levantado el pie del acelerador en su parte del despliegue de las renovables. Una tendencia de la que resulta sintomática la elección del BOE del 12 de octubre, festivo (más si cabe en Aragón) e inicio de puente, para publicar las autorizaciones administrativas de seis centrales eólicas en otros tantos pueblos de Teruel y Zaragoza.

La Guardia Civil investiga el fraccionamiento de proyectos

La Uprona (Unidad de Protección de la Naturaleza, antiguo Seprona) de la Guardia Civil de Huesca, a la que la Fiscalía de Huesca encomendó una serie de pesquisas, añade a las posibles infracciones ambientales denunciadas por Teruel Existe las sospechas de prevaricación, centradas una práctica más que frecuente en el ámbito de las renovables como el fraccionamiento de los proyectos.

El fraccionamiento consiste en trocear la presentación del proyecto de una central en varios de menor magnitud, casi siempre colindantes (o cuando menos cercanos) y que comparten estaciones de transformación y líneas de evacuación y transporte, con dos objetivos básicos: reducir la valoración del impacto ambiental frente al conjunto del diseño y mitigar riesgos para pujar por las autorizaciones de acceso a la red.

Se trata, en una operativa similar a la de la vertiente ambiental, de optar a la conexión con varios flujos de generación de menor entidad que el conjunto, que siempre tendría mayores dificultades de cabida en un sector en el que la oferta está claramente sobredimensionada en todo el país, y sigue estándolo pese a los pinchazos de la burbuja, frente a la capacidad de las redes de transporte y de distribución.

El fraccionamiento también define, si es aceptado, qué Administración debe supervisar los proyectos: la estatal cuando la potencia supera los 50 Mw (megawatios) y la autonómica por debajo de esa cifra.

"Se podría haber cometido un delito de prevaricación"

"La Administración autonómica, a la vista de los hechos, debería haber paralizado los expedientes de autorización (de los proyectos fraccionados) en el momento de detectar que se trataba de una entidad única", concluye el Uprona en un informe. En este añade que "deberían haber informado a las empresas de que tenían que presentar un proyecto único a la Administración central, e invalidar todo lo tramitado hasta entonces".

¿Y cómo podía saberse que se trataba de un fraccionamiento? La Guardia Civil enumera varios "síntomas" como "la solicitud por separado de la construcción de elementos que formaban parte de más de un parque, la titularidad de las empresas, la cercanía de unos parques con otros, o simplemente la cantidad de Mw producidos que iba a resultar de la suma de varios de esos parques".

"Al no haberlo hecho así -sigue el informe-, es parecer de esta fuerza que se podría haber cometido un delito de prevaricación [...] al haber dictado resoluciones [...] absolutamente arbitrarias". Una práctica en la que apunta como sospechosos a "la dirección del servicio provincial de Industria e Innovación de Huesca, así como la dirección del Inaga", el Instituto Aragonés de Gestión Ambiental, en la pasada legislatura, la segunda del cuatripartito de Javier Lambán.

"Se trataría de determinar si existen irregularidades en las contrataciones denunciadas en Fiscalía y confirmadas por el informe de la Uprona de la Guardia Civil y si las mismas suponen ese plus de antijuridicidad que exige la intervención del derecho penal", señala la fiscal de Medio Ambiente de Huesca en la denuncia por la que envía al juzgado la instalación de cuatro parques eólicos (Santa Cruz I, Ampliación y IV y San Isidro II) en las localidades de Berbegal, Castelflorite y Peralta de Alcofea).

La denuncia señala el núcleo de la investigación: los efectos ambientales, por un lado, y la prevaricación, en la que se trata de discernir si se han "llevado a cabo por acción u omisión meras irregularidades o incumplimientos exigidos por una norma" o si se trata de "actuaciones dolosas realizadas con conciencia y voluntad de alterar el procedimiento administrativo [...] para realizar un acto en beneficio de una persona" y con "evidente perjuicio" para otros de manera que "la entidad del acto sea de gravedad y relevancia que comporte una clara injusticia del mismo a sabiendas de que lo es".

"No hay derecho a que debamos ser territorio de castigo"

Mariano Tomás, miembro del Grupo de Energía y Medio Ambiente de Teruel Existe que ha coordinado la recogida de la información, y también los recursos contra 42 centrales y las alegaciones contra 250 proyectos en todo Aragón, declara este martes como testigo por videoconferencia desde Alacant ante el Juzgado número 2 de Huesca, que es el que investiga las presuntas irregularidades en los cuatro parques denunciados en esa provincia.

"No hay voluntad de que haya energía en el territorio, y sí la hay de que las grandes empresas gestionen el negocio. Todas las facilidades que les están dando a las grandes empresas son obstáculos para el autoconsumo y las comunidades energéticas", explica.

"No hay derecho a que tengamos que ser un territorio de sacrificio porque se diseña un sistema que no es eficiente", añade, en relación con una de las consecuencias obvias del modelo por el que han optado las administraciones, en el que las pérdidas durante el transporte desde los parques hasta las fábricas de Catalunya, el País Valencià y Euskadi pueden alcanzar el 20% de la producción.

"Eso supone que se están poniendo muchas más plantas eólicas y solares de las que en realidad serían necesarias y que se va a llenar el país de torres y de líneas que no harían falta", anota.

"¿Qué sentido tiene desplegar esos parques en zonas como el Matarraña, donde el único medio de vida es ya prácticamente el turismo? Pretenden quitar medios de vida a la gente de Teruel y dejar la industria donde ya estaba. Empujan a la gente para que se vaya y la atraen hacia donde quieren que vaya", concluye.

Los parques bajo investigación judicial

El listado de los parques que, además de los de Huesca y de las líneas de alta tensión, se encuentran bajo investigación judicial en Teruel, aunque las pesquisas incluyen algunos municipios zaragozanos de la zona limítrofe, son los siguientes.

Por una parte, y con la tramitación a cargo del Gobierno de Aragón, Las Cerradas y Las Cuencas en Cuevas de Almudén, Escucha y Jarque de la Val; Valdenebro en Muniesa; Segura I y II en Huesa del Común, Loscos y Monforte; Montesol en Cañada Vellida; Ancar I, II, III y IV en Alfambra y Orriols y, también, Alpenés, Morteruelo, Portalrubio, Piedrahelada y Mínguez en Alpeñés, Cosa y Pancrudo.

Con los expedientes a cargo del Miteco, Cabecero I, II, III y IV, Concejo I, II y III, Cid I, II, III. IV y V, La Estrella I, II, III y IV y La Vacada I, II, III, IV, V y VI, ubicados en Fortanete, Mosqueruela, la Iglesuela del Cid, Cantavieja, Villarluengo, Mirambel, Tronchón y Puertomingalvo.

También La Masía I y II en Mosqueruela, Puertomingalvo y Linares de Mora, además de Angus, Brigid, Dian, Fulgora, Belenus, Epona, Electra, Felis y Fontus, localizados en Lécera, Muniesa, Moneva, Lagata, Albalate del Arzobispo, Blesa, Huesa del Común, Azuara, Moyuela, Villar de los Navarrs, Herrera de los Navarros y Almonacid de la Cuba.

Completan este último bloque de tramitación ministerial las centrales de Jaime I, Hornos, Lera y San Vicente, que se extienden por los términos de Lechón, Cucalón, Salcedillo, Bea, Lanzuela, Lagueruela, Allueva, Fonfría, Vivel del Río Martín, La Hoz de la Vieja, Maicas y Segura de Baños, y las de Cerbero, Menecio, Oalas, Perses, Odiseo y Selene, ubicados en Alcañiz, Mazaleón, Valdealgorfa, Valjunquera, Valdetormo y Maella.