Contaminación medioambiental en HuelvaLa Guardia Civil destapa la contaminación por mercurio de la industria del cloro en Huelva

La Guardia Civil, bajo la instrucción de la Fiscalía de Medio Ambiente y Urbanismo de Madrid, investiga a 21 personas relacionadas con empresas del sector cloroalcalino de la provincia de Huelva. 

Según informa el Instituto Armado en un comunicado, la investigación relacionada con la denominada Operación Flixanco se inició en 2017, a raíz de una información recibida sobre irregularidades que se vendrían produciendo en la actividad realizada en distintos centros dedicados al sector cloroalcalino en Huelva.

Dichas irregularidades podrían haber contaminado aguas subterráneas por vertidos y emisiones de mercurio utilizados en el proceso productivo y haber puesto en riesgo la salud de los trabajadores por posibles exposiciones a dichas sustancias contaminantes.

Las emisiones de mercurio pueden haber puesto en riesgo la salud de los trabajadores

Entre los productos fabricados por las empresas investigadas se encuentra el cloro, obtenido a través de distintos tipos de electrolisis. Hasta el pasado 11 de diciembre de 2017, uno de los procesos productivos se basaba en la utilización de celdas de mercurio, tecnología que ha sido sustituida por otras alternativas que no utilizan mercurio para su producción.

Según la Guardia Civil, como consecuencia de ello se habrían producido efectos medioambientales adversos provocados por supuestas fugas de mercurio y otros contaminantes, así como a causa de deficiencias en la producción, en la gestión de residuos, vertidos y emisiones a la atmósfera de gases contaminantes.

Se excedían los parámetros en sustancias contaminantes

Tras un estudio documental, unido a informes aportados por distintas administraciones como la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, se observaron diversas discrepancias en los datos analizados, por lo que se realizó un muestreo de suelos y aguas en distintos puntos de las instalaciones de la planta. Los investigadores hallaron sustancias contaminantes compatibles con la actividad de la empresa, que "superaban ampliamente los parámetros establecidos" y con una concentración suficiente para determinar la existencia de "riesgos no admisibles para la salud humana y los ecosistemas", según la Guardia Civil.

El Instituto Armado también destaca que esta operación ha confirmado la existencia de contaminación en suelos y aguas subterráneas, causada por sustancias peligrosas producidas por la actividad industrial anterior de la planta cloroalcalina y de plantas asociadas que componían el complejo investigado. 

Nuevo sistema de producción menos contaminante

Según la Guardia Civil, el mercurio se utilizaba en celdas de electrolisis en la obtención de cloro y de sosa cáustica, un contaminante de "alta movilidad" que puede transformarse rápidamente en compuestos orgánicos más tóxicos cuando se libera al medio ambiente. En el proceso productivo este compuesto se somete a elevadas temperaturas lo que puede provocar su volatilización con la consiguiente contaminación de la atmósfera, los suelos y las aguas superficiales y subterráneas, "poniendo en riesgo la salud de los trabajadores de la industria".

La nueva normativa pretende proteger a los trabajadores contra la presencia de agentes químicos 

No obstante, el Instituto Armado destaca que este sistema de producción ha sido reemplazado por otras tecnologías menos contaminantes a través de la Decisión de Ejecución de la Comisión Europea, que aprueba mejores técnicas disponibles para el sector cloro-álcali.

Esta normativa pretende garantizar y mejorar el comportamiento ambiental de estos procesos productivos para reducir y controlar la contaminación de la atmósfera, del agua y del suelo. Asimismo busca proteger a los trabajadores contra los riesgos derivados o que puedan derivarse de la presencia de agentes químicos en el lugar de trabajo o de cualquier actividad con agentes químicos.

La investigación ha sido desarrollada por agentes pertenecientes al Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil, que han contado con el apoyo de miembros de la Unidad Técnica Adscrita a la Fiscalía de Medio Ambiente y Urbanismo y del Instituto Nacional de Toxicología.