Covid-19 y medio ambienteLos gobiernos liberales aprovechan el desastre del coronavirus para desregular a costa del medio ambiente

El mundo dejará de ser como lo conocemos, pero el capitalismo se resiste a ello. El coronavirus –y la crisis global que ha traído consigo– ha puesto al poder en la tesitura de tener que elegir, por primera vez en mucho tiempo, entre la vida o el negocio. Son, en definitiva, dos tensiones dialécticas que siempre han estado ahí, pero que ahora pugnan casi de manera definitiva por su hegemonía. Lo público, frente a lo privado. El estado como ente protector, frente a las instituciones como herramienta de desregulación.

Si bien es cierto que desde algunos gobiernos europeos se está tratando de abordar esta crisis desde una perspectiva social, la realidad de la emergencia sanitaria también se convierte en un shock perfecto para el negocio privado y el desmantelamiento de leyes imprescindibles para proteger el medio ambiente. El capitalismo del desastre se rearma. "Desgraciadamente, creo que hay un riesgo real de que se termine imponiendo la lógica desarrollista en la cual todo vale para seguir creciendo", argumenta Juan López de Uralde, diputado y presidente de la Comisión para la Transición Ecológica del Congreso de los Diputados.

"La pandemia nos empieza a dibujar un escenario que va a ser totalmente distinto al actual. Por un lado están los que apuestan por la necesidad de redoblar el crecimiento y, por otro, un imaginario que, hasta ahora, nos parecía imposible, que plantea poner la vida en el centro. Cuando la pandemia termine tendremos una disputa muy fuerte entre estas dos visiones", apunta Luis González Reyes, autor de En la espiral de la energía y doctor en Químicas. La primera de las visiones es la que hasta el momento ha dominado y por el momento, según el experto, sigue manteniendo una "visión miope al continuar apostando por redoblar el crecimiento", pese a la crisis. 

Esta realidad, la del crecimiento a toda costa, propicia que determinados Estados den la espalda a la descarbonización de la economía y se apoyen en una desregulación ambiental que permita nuevos proyectos y nuevos planes ligados a los combustibles fósiles. De esta forma, el shock provocado por la covid-19 puede ser visto por determinadas élites como una oportunidad para apostar por un crecimiento económico a costa del planeta.

EEUU y el 'déjà vu' de la desregulación

La administración Trump parece resucitar los principios de la Escuela de Chicago que tanto daño social y tantos beneficios económicos dieron tras la catástrofe del huracán Katrina, cuando las inundaciones y las tormentas sirvieron de excusa para despedir a miles de docentes y privatizar la escuela pública de Nueva Orleans. Ahora, la enfermedad covid-19 se presta como una cortina de humo útil para que el Ejecutivo republicano desmantele algunas de las legislaciones y de luz verde a proyectos económicos basados en los combustibles fósiles.

Uno de los primeros pasos se dio el 27 de marzo, mientras las cifras de contagios por coronavirus se multiplicaban exponencialmente. Así, la Agencia de Protección Ambiental (EPA) anunció que las leyes que velan por el medio ambiente se suprimirían durante la situación de emergencia sanitaria. Una decisión que llegaba unos días después de que el Instituto Americano del Petróleo pidiera al presidente Trump que se rebajaran las restricciones durante la crisis para poder "garantizar el suministro de combustible durante el brote".

"La política adoptada por la EPA no llueve del cielo, en las semanas previas la industria ya venía reclamando una desregulación ambiental. Algunos actores económicos como la Cámara de Comercio o el American Petroleum Institute habían enviado cartas al Gobierno de Estados Unidos en los días previos solicitando relajación de impuestos y de normas", explica en un comunicado Samuel Martín-Sosa, responsable de Internacional en Ecologistas en Acción.

A ello, se suma que el Gobierno republicano ha reactivado la construcción de un oleoducto de casi 2.000 kilómetros que atravesará varios estados –dividiendo reservas indígenas norteamericanas– y tendrá un gran impacto ambiental debido a ser una infraestructura destinada al transporte de cerca de 830.000 barriles de petróleo diarios.

Carbón chino

China parece haber superado la embestida más fuerte del coronavirus y algunas de sus ciudades ya empiezan a volver a la normalidad. Sin embargo, la crisis ha sacudido con fuerza los cimientos de la economía del estado asiático, que parecía situarse en la senda hacia la descarbonización. La coyuntura actual, con una pandemia que se extiende por todos los confines del planeta y una cumbre del clima aplazada hasta el año siguiente, ha facilitado que el Gobierno mire hacia el carbón para tratar de recuperar los daños económicos causados por la covid-19. "En lugar de apostar por un fortalecimiento, parece que apuestan por debilitar las restricciones ambientales", apunta Uralde.

Tanto es así, que el Ejecutivo chino ha anunciado un estímulo de más de 6.000 millones de euros destinado a la construcción de una decena de plantas de carbón por todo el país, lo que, según un informe de Carbon Brief, dificultará aún más que el gigante asiático cumpla con los objetivos de reducción de emisiones marcados por el Acuerdo de París. "Las emisiones de CO2 aumentaron por tercer año consecutivo en 2019 alrededor del 2% y sólo el 35% del aumento en la demanda de energía fue cubierto por fuentes bajas en carbono", señala el informe.

"La principal razón por la que China apuesta por el carbón es porque sus posibilidades de extracción nacional de petróleo se queda lejos para sus ritmos de crecimiento. Esto es simplemente una estrategia para depender lo menos posible del exterior, lo que le puede servir para intentar crecer durante un tiempo determinado", expone González Reyes.

Europa, ¿una oportunidad perdida?

En Europa, el shock del coronavirus puede llevarse consigo todos los avances en políticas verdes; desde el Green New Deal, que ya empieza a ser cuestionado por determinadas economías estatales, hasta algunas legislaciones concretas. Aunque todavía no se ha dado ningún paso definitivo, la realidad muestra que los sectores más conservadores y reaccionarios ven en la pandemia una oportunidad para la desregulación.

Tanto es así, que el Grupo de Conservadores y Reformistas Europeos (ECR) ha reclamado en el Parlamento que "el dinero asignado a la política climática" se destine a la pandemia, bajo el argumento de que es tiempo de "poner el pragmatismo primero". Algo similar ha pedido el Partido Popular Europeo (PPE), señalando la necesidad de paralizar la estrategia De la granja al plato con la que se pretende reducir las emisiones de CO2 en la cadena alimentaria e incentivar la producción de proximidad y cercanía. "Ahora, es esencial utilizar nuestra energía para encontrar medidas adecuadas para ayudar a nuestros agricultores y restablecer buenas condiciones de trabajo y de mercado para ellos", defendía Herbert Dorfmann, portavoz del PPE.

Andalucía y la desregulación ambiental

En Andalucía la situación de crisis ha permitido que la Junta convalide un decreto de mejora y simplificación de 21 leyes con la intención de fomentar la actividad productiva en la región. Se trata de una medida que, según el Gobierno Andaluz, viene a poner fin a "la maraña burocrática y el exceso de legislación" que suponen una barrera para el "crecimiento económico". Sin embargo, según han denunciado las organizaciones ecologistas, se trata de un paso más para "la desregulación ambiental".

El decreto, aprobado con los apoyos de PP, Cs y Vox, supone una vuelta a las políticas previas a la Gran Recesión de 2008, ya que elimina algunas restricciones urbanísticas y abre la puerta al ladrillo. Tanto es así, que la simplificación legislativa aprobada por la derecha andaluza reduce los plazos en la tramitación de planes urbanísticos, sustituye los Planes Especiales y Proyectos de Actuación sobre Suelo No Urbanizable para la construcción de minas o canteras por un simple "informe preceptivo", lo que elimina, según denuncia las organizaciones ambientalistas, la obligación de someter los planes a una Evaluación Ambiental Estratégica (EAE).

También se modifica la Ley del Sector Público de Andalucía y se permite, con el argumento de "dinamizar la economía", la privatización del patrimonio agrario público de la Junta. Además, la Ley 8/2018, de 8 de octubre, de medidas frente al cambio climático queda alterada en su esencia. Concretamente, se elimina la obligación del cálculo de la huella de carbono de los productos y los servicios prestados por las empresas. De esta forma, el registro del impacto ambiental se hará de manera voluntaria y el periodo en el que cada compañía presentaba sus datos se amplía de dos a cuatro años.