El Gobierno seguirá permitiendo que las personas sin papeles puedan ser multadas o expulsadas si denuncian en comisaría

Las personas extranjeras en situación administrativa irregular seguirán sin poder ir a una comisaría para poner un denuncia con la tranquilidad de que ese trámite tan básico no les va a suponer la expulsión del país. Es decir, que en España se es inmigrante antes que víctima.

La Secretaría de Estado de Seguridad, dependiente del Ministerio del Interior, se ha negado a aceptar una recomendación del Defensor del Pueblo que le pedía "dictar las instrucciones precisas" para que las personas en situación irregular "presuntas víctimas de un delito puedan formular denuncia sin que se les derive, por esta causa, a la incoación de un procedimiento sancionador que conlleve su expulsión del territorio nacional". Una recomendación que Francisco Fernández Marugán elevó al departamento de Fernando Grande-Marlaska hace 15 meses, pero que solo ha sido respondida negativamente después de cuatro recordatorios por parte de este órgano.

Marugán hizo esta petición a Marlaska tras una queja de la organización València Acull (València Acoge), que denunció en 2019 el caso de una mujer hondureña en situación irregular que fue a denunciar la agresión de un hombre a la comisaría de Xirivella (València) y salió con una propuesta de expulsión y sin haber podido poner la denuncia.

"El cumplimiento riguroso de la norma provoca situaciones injustas o perjudiciales", denuncia Marugán

El caso generó una fuerte respuesta social. Casi mil personas y más de 170 asociaciones pidieron por escrito a la Delegación del Gobierno en València que no se la expulsara. Incluso llegó hasta las Corts Valencianas, donde se aprobó por unanimidad pedir al Gobierno que "cualquier persona extranjera víctima de un delito pueda ponerlo en conocimiento de la autoridad competente sin que el hecho de interponer la denuncia suponga un riesgo de expulsión".

No era un caso aislado, sino una "práctica administrativa reiteradamente observada", según Marugán, quien subraya que recibe "incesantes quejas por esta cuestión". Ya no afecta solo a víctimas de delitos, sino también a las personas indocumentadas que tienen que realizar cualquier trámite en comisaría, como prueban los recientes casos de tres madres migrantes en situación irregular que fueron sancionadas con mutas de 500 euros y una expulsión cuando acudieron a la comisaría de Paterna para expedir el DNI de sus hijos, de nacionalidad española. 

Interior invoca el principio de legalidad

Las razones de Interior para no aceptar esa recomendación se basan en el principio de legalidad y en la aplicación de la Ley de Extranjería, y se excusa en que este acto "no lleva aparejada necesariamente la expulsión del territorio nacional ni la adopción de sanción que pueda causar un daño o perjuicio de imposible reparación al interesado". Sin embargo el Defensor del Pueblo se mostraba "convencido" de que "el cumplimiento riguroso de la norma provoca situaciones injustas o perjudiciales".

En su requerimiento, Marugán recordaba que esta situación generaba "claramente un efecto disuasorio" que, además, pone "en peligro la actividad punitiva del Estado". Pero sobre todo,  "constituye una clara vulneración del Estatuto de la víctima del delito", con rango de ley, lo que supone "una quiebra del principio de proporcionalidad y de seguridad jurídica".

"Habida cuenta de la diferencia de criterio" entre las instituciones, Marugán estudiará la posibilidad de incluir en su informe anual la situación de desprotección jurídica que sufren las personas migrantes indocumentadas, pero da por "finalizadas" sus actuaciones al respecto.

Desde València Acull recuerdan que ya en 2009, tras una petición del Defensor del Pueblo, se recogió en la Ley de Extranjería la exención de sanciones por estancia irregular a las víctimas de violencia de género y a las víctimas o testigos de trata de personas. "Una reforma legislativa similar permitiría extender la protección a todas las víctimas de cualquier tipo de delito", asegura Francisco Simón, coordinador del Programa de Igualdad de Trato y No Discriminación de esta organización, quien ha mostrado su decepción por esta decisión del Gobierno.

"Desgraciadamente, si no se quiere correr el riesgo de la expulsión o la multa, las personas en situación irregular deben acudir al juzgado a denunciar los delitos y han de autorizar en otros u otras con NIE o DNI para gestionar sus trámites en dependencias de la Policía Nacional o Guardia Civil", concluye.