Hazte oírEl gobierno revoca la "utilidad pública" a asociaciones que trabajan con toxicómanos o refugiados, pero mantiene a Hazte Oír

El autobús del odio sigue sin tener frenos. Casi un año después de la violenta campaña lanzada por la asociación ultracatólica Hazte Oír contra las niñas y niños transexuales, el gobierno de Rajoy mantiene los beneficios fiscales que disfruta ese grupo gracias a la “declaración de utilidad pública” que recibió en 2013 por parte del ministerio de Interior. Sin embargo, no ocurre lo mismo con otros colectivos que trabajan a favor de toxicómanos, personas en riesgo de exclusión social o refugiados.

Amparándose en la normativa vigente, el Ejecutivo del PP acaba de retirar de esa categoría a la asociación Alba de Ayuda y Reinserción del Toxicómano, una entidad fundada en 1987 con el objetivo de “contribuir a la prevención, tratamiento y reinserción de las personas afectadas por drogodependencias y/o el VIH”, lo que en 1993 le permitió ser reconocida de utilidad pública. Entre sus actividades figura la realización de “programas profesionalizados de prevención educativa y de tipo comunitario a escuelas, familias, asociación de vecinos, etcétera”, además de “promover acciones que conduzcan a motivar y orientar a las personas drogodependientes” en sus tratamientos, “en colaboración con instituciones públicas y/o privadas”.

Lo mismo ha ocurrido con el Comité de Defensa de los Refugiados, Asilados e Inmigrantes en el Estado Español (COMRADE). Se trata de un grupo creado en 1989 para “contribuir a la plena integración intercultural e incorporación del colectivo inmigrante en la sociedad española”. “(COMRADE) es una organización de solidaridad, defensora de los inmigrantes, que lucha por la transformación de la sociedad” y que además se declara “antirracista, universalista y pacifista”. Desde esta semana ya no figura entre las entidades de utilidad pública de ámbito estatal, aunque el grupo sigue existiendo legalmente, pero prácticamente está inactivo.

De acuerdo a la normativa actual, el gobierno está facultado para revocar las declaraciones de utilidad pública cuando se incumplan una serie de requisitos administrativos, entre los que se encuentra el incumplimiento de los estatutos o la obligación de “rendir las cuentas anuales del ejercicio anterior en el plazo de los seis meses siguientes a su finalización” y de presentar una memoria sobre las actividades realizadas.

Otras bajas

En ese contexto, el Ejecutivo acaba de retirar también de esa categoría a la Sociedad Española de Quimioterapia, una institución de reconocida trayectoria que impulsa trabajos de investigación en torno a ese tipo de tratamientos. Entre otras actividades, se encarga de publicar la Revista Española de Quimioterapia. Al igual que en los demás casos, el gobierno no explica en su resolución los motivos concretos por los que ha tomado esta medida.

En agosto de 2017, el Ejecutivo había ordenado la revocación de las declaraciones de utilidad pública que ostentaban la Asociación de Familias y Amigos de Personas con Discapacidad (ANSINA) de Canarias, así como de la Asociación Andaluza de Organizaciones en Favor de las Personas con Discapacidad Intelectual (FEAPS), mientras que en enero y febrero de ese año había adoptado la misma medida con Pangea (una ONG malagueña que trabaja con personas desfavorecidas) y la Asociación de Deportistas Contra la Droga respectivamente.

Hazte Oír, firme

Ninguna de estas oleadas de revocaciones ha afectado a Hazte Oír, que sigue disfrutando de los privilegios fiscales que otorga esa declaración. A pesar del escándalo surgido en febrero pasado tras la puesta en marcha de un autobús que recorrió varias localidades de España con el objetivo de denigrar a las personas transexuales, el gobierno del PP no ha considerado oportuno retirarle esos beneficios.

En una respuesta escrita enviada en mayo pasado al diputado Ricardo Sixto Iglesias (Unidos Podemos), el gobierno argumentó que únicamente podía revolcar la declaración de utilidad pública de Hazte Oír “si quedara acreditado, a través del procedimiento contradictorio legalmente establecido, que ha dejado de cumplir algunos de los requisitos legales”. Aseguraba además que no podía adoptar “ninguna medida restrictiva de derechos” contra el grupo ultracatólico porque “los hechos están siendo ya investigados en sede judicial”, en referencia a las medidas cautelares adoptadas en marzo pasado por el juzgado de Instrucción número 42 de Madrid, que prohibió la circulación del autobús con los mensajes tránsfobos. Posteriormente, en septiembre pasado, volvieron a sacar un nuevo bus con mensajes contra la ley de derechos LGTBI.

Grupos católicos y antiabortistas

Paralelamente, el gobierno ha concedido nuevas declaraciones de utilidad pública a otros grupos ultracatólicos y antiabortistas. El último en recibir tal distinción fue la Federación Católica Española de Servicios a la Juventud Femenina, un grupo que ha participado en campañas contra el derecho de las mujeres a abortar. Hasta marzo de 2017 este grupo fue presidido por María Antonia Avilés ex eurodiputada del PP. Cuatro meses después, en julio, el Ejecutivo de Rajoy otorgó beneficios fiscales a la delegación de esa asociación en Madrid, mientras que en diciembre pasado los extendió al grupo de ámbito estatal.

Durante 2017 también fueron declaradas de utilidad pública la asociación Másfuturo, conocida por sus campañas antiabortistas, o la Asociación Benéfica Cristiana la Mano que Ayuda, un grupo ligado a la secta anticomunista y ultraconservadora fundada en Corea del Sur por Sun Myung Moon, un millonario de ultraderecha que tiene seguidores en España.