El Gobierno da el pistoletazo de salida a la ley LGTBI que permite la autodeterminación del sexo

"Estamos en día histórico", ha arrancado la Ministra de Igualdad, Irene Montero, en su intervención este martes tras el Consejo de Ministros que aprobó anteproyecto de ley para la igualdad real y efectiva de las personas trans y para la garantía de los derechos de las personas LGTBI. Y recordó que se trata de la primera ley de grandes avances en los derechos sociales "tras más de 15 " de la aprobación de la ley del matrimonio igualitario. "Por fin hoy damos luz verde a la tramitación de una ley que va a garantizar la igualdad real y efectiva de las personas trans y también una batería importante de derechos para la personas LGTBI que como saben en este momento están siendo vulnerados en nuestro país", añadió.

Atrás quedan meses de tensión política dentro del propio ejecutivo partido en dos por los desencuentros sobre el contenido de esta norma, con un PSOE que negaba la inclusión de la autodeterminación del sexo sin que se contemplara algún tipo de "garantía jurídica" y que veía con malos ojos algunos preceptos que tenían que ver con los menores. Por otro lado, parte del movimiento feminista se opone a una norma que, afirma, borra a las mujeres y diluye derechos alcanzados durante las últimas décadas. 

En su presentación, Montero afirmó que se trata de una ley "feminista, que entiende que o llegamos todas o todas, somos capaces de despegarnos de los suelos pegajosos o todas somos capaces de eliminar las discriminaciones a las que estamos sometidas, o no lo logrará ninguna. O dará igual que una sola rompa los techos de cristales".

"Hay miles de mujeres feministas que estamos convencidas de que cuando en un país se garantizan los derechos humanos, nos hace una sociedad más libre y más feminista", incidió Montero, en una aparente contestación.

Libre determinación de género

La responsable de Igualdad afirmó que esta norma que comienza su andadura legislativa esta martes reconoce la "libre autodeterminación de género" y por fin acometa la "despatologización" de las personas trans, en "consonancia con los organizaciones internacionales y las instancias europeas", y que lo hará con un sistema de "doble comparecencia y sin necesidad testigos ni medios de prueba para ser reconocida por las administraciones".

La ministra recordó que, aunque no son tan conocidos, la ley reconoce una batería de derechos históricos de la población LGTBI. Entre ellos, reconocer el derecho de lesbianas, bisexuales y mujeres solas a los tratamientos de reproducción asistida o la posibilidad de que las mujeres lesbianas puedan realizar la filiación de sus hijos sin la obligación de estar casadas, cosa que en la actualidad no es posible. Otro de los avances es la prohibición de las terapias de conversión. 

Un Gobierno de coalición fuerte

Tanto la Ministra de Igualdad como el responsable de Justicia, Juan Carlos Campo, han querido dar un mensaje de unidad del Gobierno hacia esta ley y hacia los compromisos adquiridos en el acuerdo de coalición. Para Irene Montero, la aprobación de esta ley muestra de la "fortaleza del Gobierno de coalición" que incluso en momento difíciles es capaz de negociar y llegar a acuerdos "que mejoran la vida de la gente". Sin embargo no ha dado detalles de cómo se apaciguó la polémica surgida en el seno del Gobierno, principalmente con la vicepresidenta primera del Gobierno, Carmen Calvo, que paralizó en numerosas ocasiones la tramitación de la ley que hace poco manifestaba "me preocupa la idea de que se elige el género sin más que la mera voluntad".

Durante la tramitación de la norma entre los responsables de Igualdad y de Justicia se llevaron acabo algunas acciones para avanzar en el bloqueo. Por un lado unificar las dos leyes (trans y la LGTBI) en un sólo texto, tal como pedían sectores socialistas. Por otro se implementó un sistema de doble comparecencia, por la que una persona mayor de 16 años que quiera realizar un cambio de sexo en el registro debe manifestar dos veces su voluntad ante el Registro Civil en un plazo de tres meses.

Para las organizaciones de defensa de los derechos LGTBI, esta aprobación en el Consejo de Ministros es un "primer paso adelante". Para estas agrupaciones, la norma nace con derechos recortados e intentarán volver a incluirlos en el trámite parlamentario. Para parte del movimiento feminista, los próximos meses serán de movilizaciones y lobby intenso para modificar la norma en sus puntos clave, como la autodeterminación del sexo. 

Para que sea ley, el texto tiene aún que pasar por diversos órganos consultivos, volver a pasar por el Consejo de Ministros y a partir de ahí seguir un trámite parlamentario en Congreso y Senado, en el que puede ser modificada de forma importante.