El Ministerio para la Transición Ecológica avanza en sus labores de rescate del Mar Menor y Doñana, dos de las masas de agua más importantes y más amenazadas del Estado español. Tanto es así, que el la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS) ha declarado este jueves el acuífero del Campo de Cartagena "en riesgo de no alcanzar el buen estado químico" por la elevada presencia de nitratos en su agua. Por su parte, la Junta de Gobierno de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) ha declarado la sobreexplotación de tres de las cinco grandes masas de agua de Doñana –La Rocina, Almonte y Marismas–, que se encuentran en "riesgo de no alcanzar el buen estado cuantitativo".

De esta forma, se activan los trámites para que los organismos de las cuencas –CHS y CHG– procedan a elaborar un plan de ordenación que permita racionalizar los usos del agua y evitar las malas prácticas que están llevando a estos ecosistemas a una situación crítica. 

En el caso del Mar Menor, la Confederación Hidrográfica del Segura deberá tomar medidas cautelares mientras se aprueba un programa de actuación. Además, la Junta de Gobierno de la cuenca ha aprobado la limitación en la dosificación de nitratos para garantizar unas prácticas agrarias más exigentes, ya que la agricultura intensiva sería el sector que más estaría perjudicando el acuífero de la laguna murciana. Para ello, se adoptará un plan específico de monitoreo y control que permita constatar el cumplimiento de la normativa relativa al uso de fertilizantes. Todo ello ha sido trasladado al Gobierno autonómico de Murcia, la administración competente para realizar dichos controles.

La declaración de riesgo químico del acuífero del Campo de Cartagena se fundamenta en el estudio del acuífero realizado por Tragsa, que ha estimado que la cantidad de nitratos vertidos al Mar Menor durante el periodo 2018-2019 es de 1.575 toneladas, es decir, 4,111 kg al día. Estos datos habrían sido refrendados por el informe de evaluación de la laguna elaborado por el Instituto Español de Oceanografía.

El Gobierno ha identificado, a través de tareas de teledetección cerca de 9.500 hectáreas no inscritas en el registro, de las cuales 1.600 ya se encontrarían con un expediente finalizado y comunicado al Gobierno de Murcia, que, por sus competencias, debería iniciar los trámites para las sanciones pertinentes. Además, desde el Ministerio para la Transición Ecológica informan que se están llevando a cabo tareas para detectar desalobradoras ilegales en el Campo de Cartagena –ya se han precintado 182– y controlar vertidos al cauce público. Asimismo, esta cartera ministerial informa de que todos los expedientes, además de haber sido trasladados al Gobierno murciano, han sido puestos a disposición de la Fiscalía Superior de la Región de Murcia. 

Además de los problemas relacionados con los vertidos agrícolas, existen otros elementos que impiden la rápida recuperación de la laguna. El urbanismo es, sin lugar a dudas, ya que hasta 326 edificaciones se ubican en el Dominio Público Marítimo-Terrestre de 43 de las 66 playas que componen el Mar Menor, tal y como se recoge en el Plan de Protección del Borde Litoral del Ministerio.

Salvar Doñana

Por lo que respecta a la declaración de sobreexplotación de las tres grandes masas de agua de Doñana, la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) se verá obligado –al igual que ocurre con el Mar Menor– a elaborar un programa de actuación específico que estará listo, según indican desde el Ministerio, previsiblemente dentro de un año. 

Con este plan se buscará elaborar el control sobre la gestión del agua de este humedal, muy amenazado por el regadío intensivo de la zona. Uno de los objetivos principales será conseguir que se puedan modificar los volúmenes de uso en los momentos de sequía, de modo que se pueda asegurar un correcto aprovechamiento. En cualquier caso, mientras se desarrolla, la CHG podrá adoptar medidas cautelares.

Desde el Ministerio para la Transición Ecológica informan de que en el último año se han efectuado 97 inspecciones a parcelas, se han levantado 43 actas y se han llevado a cabo denuncias en una superficie de 379,3 hectáreas sin autorización y en riesgo. A ello, se suma el cierre de 116 pozos ilegales con los que se extraía agua para regadío. 

No en vano, según el Fondo Mundial para la Naturaleza, que esta semana publicaba un informe sobre la mala situación del humedal, existen más de 2.000 infraestructuras ilegales de captación de agua que todavía. Además, la organización ecologista alerta de los malos usos del suelo que también afectan al ecosistema, en tanto que en los últimos cinco años la superficie de cultivos rojos en situación irregular habría aumentado un 13%.

Junto a las actuaciones en Doñana y el Mar Menor, el Ministerio para la Transición Ecológica ha anunciado este jueves que se pondrá en marcha un Plan Especial de Control y Uso del Agua en la Zona de Influencia del Parque Nacional de Tablas de Daimiel. De esta forma se buscará mejorar el control de las extracciones de agua.