La ManadaEl Gobierno aclara que no defenderá a las víctimas de delitos sexuales, sino que hará "acompañamiento"

El Gobierno no tiene intención de que los servicios jurídicos del Estado se personen en casos de delitos sexuales sustituyendo a la Fiscalía, sino que estudiaría "medidas de acompañamiento a las víctimas". Así lo ha afirmado este martes la ministra de Justicia, Dolores Delgado.

Delgado explica así las palabras de la portavoz del Gobierno, Isabel Celaá, quien el pasado viernes señaló que se iba a estudiar que los servicios jurídicos "se persone como parte en defensa de las víctimas" y provocó ayer la reacción de la Fiscalía General del Estado, que recordó que su función es precisamente la defensa de las víctimas. La ministra realizó estas declaraciones durante una entrevista en Onda Cero.

Delgado ha negado que estuviera rectificando o matizando a la portavoz, pero ha insistido en que el objetivo no es suplir la labor del Ministerio Fiscal sino estudiar "medidas alternativas de acompañamiento y de apoyo" a las víctimas como ocurre, por ejemplo, en los casos de violencia de género cuando hay menores.

Ha calificado además de "absolutamente impecable" y de "extraordinario" el trabajo de la Fiscalía en el juicio de La Manada, origen de la polémica.

Tras apuntar a la "enorme" alarma que generó la sentencia, ha rechazado valorar la actuación de los jueces pero ha señalado que "de fondo y de base hay un problema" con los delitos contra la integridad sexual, por lo que hay que evaluar si son necesarias reformas legales.

Delgado ha rechazado, no obstante, "legislar en caliente" y ha dejado claro que cualquier reforma, sobre todo penal, exige "sosiego, tranquilidad y perspectiva".

Advertencia a los medios: "No todo vale"

Ante el caso de La Manada, ha instado a los medios de comunicación que pueden plantearse entrevistar a los acusados a hacer un "ejercicio de responsabilidad" porque "no todo vale".

Sobre la futura fiscal general del Estado, María José Segarra, Delgado ha apostado por la transparencia en las relaciones del Gobierno con esa figura y ha recordado su autonomía.

"El Gobierno no va a dar instrucciones políticas al Ministerio Fiscal", ha señalado la ministra, quien ha asegurado que su relación con la futura fiscal general se ceñirá a cuestiones de interés general.

Delgado se ha referido también a la justicia universal, recortada en 2009 durante el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero para que solo pudieran enjuiciarse los casos con víctimas o presuntos criminales españoles y después en 2014, con el PP, para limitarse a los casos en los que los criminales tuvieran nacionalidad española.

Tras denunciar que con esa última reforma la jurisdicción universal "prácticamente desapareció", ha elogiado la situación que se vivía en 1985, cuando España tenía una jurisdicción internacional "absoluta" y podía perseguir crímenes muy graves contra la humanidad, incluyendo narcotráfico, terrorismo o trata de seres humanos.

No ha aclarado si el Gobierno planteará una reforma legal para regresar a esa situación, pero sí ha avanzado que va a estudiar el panorama desde el punto de vista constitucional y buscando "eficacia, evitar impunidad" y proteger a las víctimas.