Galicia es la comunidad española con menos porcentaje de su territorio incluido en los catálogos de zonas naturales protegidas de la Unión Europea. Y esa circunstancia, que ya le ha valido a España la apertura de un expediente de infracción de la Comisión Europea, ampara y fomenta la instalación de proyectos industriales agresivos con el medio ambiente. Sucede con varias minas, con macroparques eolicos y con la planta celulosa que la multinacional papelera portuguesa Altri quiere levantar en Lugo.

De hecho, los terrenos donde la compañía pretende instalar una fábrica pastera en Palas de Rei, en la comarca de A Ulloa, forman parte de un espacio natural que la Xunta prometió catalogar como protegida en el año 2012, cuando Alberto Núñez Feijóo estaba al frente del Gobierno autonómico. Nunca lo hizo, y eso permite ahoya al Ejecutivo de Alfonso Rueda disponer de vía libre para aprobar la licencia ambiental de la factoría.

La UE creó la Red Natura 2000 en 1992 con el objetivo de garantizar la biodiversidad y la conservación de hábitats naturales, estableciendo normas estrictas que incluyen la restricción y prohibición, entre otras, de actividades industriales contaminantes en las denominadas zonas especiales de conservación (ZEC), lugares de importancia comunitaria (LIC) y zonas de especial protección para las aves (ZEPA).

Mediante la directiva Hábitats, los estados miembros se obligaban así a catalogarlas y a adoptar medidas efectivas para protegerlas en un plazo no superior a seis años desde la trasposición de la norma a su legislación interna. España lo hizo en 2007, y los gobiernos autonómicos, con competencias en la materia, asumieron la tarea.

Diecisiete años después, el Estado español cuenta con más de un 25% de su superficie incluida en el listado de espacios de Red Natura. Algunas comunidades, como Andalucía, Extremadura, Madrid y Canarias, sobrepasan el 30%, y todas superan el 20%. Todas salvo Galicia. Allí, la Red Natura no llega ni al 12%.

Más de una década de advertencias

"Llevamos más de una década advirtiéndolo: la Xunta se niega a proteger el territorio porque lo entiende exclusivamente como un input industrial, sostiene Manoel Santos, coordinador de movilización de Greenpeace en Galicia. "No es sólo que haya un déficit enorme con respecto al resto del Estado, es que la diferencia es abismal. Y constituye una verdadera amenaza para el futuro medioambiental del país", añade.

Altri pretende ocupar con su planta 366 hectáreas de superficie justo al lado de la ZEC de A Serra do Careón, en la que se cuentan varias especies animales protegidas como el agilucho cenizo (Circus pygargus), el aguilucho pálido (Circus cyaneus), la rana de San Antón (Hyla molleri) y la rana patilarga (Rana iberica). También otras tres especies vegetales que sólo crecen allí y que además están declaradas en peligro de extinción: la Armeria merinoi o hierba de enamorar de Merino; la Leucanthemum gallaecicum o magarza de Barazón, y la Santolina melidensis.

La fábrica de Altri estará en el límite exacto de los hábitats protegidos de esas especies, porque estará a cero metros de la zona ya protegida. "No queremos que una celulosa acabe con todo eso", dijo el mes pasado en el Parlamento Europeo Zeltia Laya, portavoz de la plataforma A Ulloa Viva, durante la visita que hicieron a Bruselas alcaldesas de la zona y representantes de varias organizaciones contrarias al proyecto, invitadas por el BNG, para advertir a la Comisión de que no debe financiarlo.

La dirección de la compañía lusa, con apoyo expreso de la Xunta de Rueda y soporte tácito del Gobierno de Pedro Sánchez, quiere obtener hasta 250 millones de euros de los fondos europeos a través de los programas de descarbonización. Eso, a pesar de que sus responsables han admitido que la fábrica emitirá al menos 60.000 toneladas anuales de CO2 a la atmósfera, el equivalente a la contaminación que producen 21.500 coches de gasolina.

En 2012, y ante las presiones de la UE, la Xunta prometió ampliar la ZEC de O Careón incluyendo los terrenos que ahora quiere ocupar Altri. Pero la medida nunca se adoptó, y tres años después, la Comisión Europea abrió expediente a España por el escaso porcentaje de suelo protegido por Red Natura en varias comunidades autónomas.

Falta de instrumentos eficaces de gestión

En el caso de Galicia, Bruselas añadió además que el plan director que le había presentado la Xunta ni siquiera contenía instrumentos de gestión eficaces para garantizar el cuidado de las áreas que ya habían sido catalogadas.

Así lo aseguraba el comisario de Medio Ambiente, Virginijus Sinkevicius, en respuesta a una pregunta del eurodiputado socialista Nicolás Casares: "El procedimiento de infracción contra España viene motivado por la falta de fijación de objetivos de conservación suficientemente detallados para cada lugar y de medidas de conservación cuantificadas para zonas especiales de conservación en varias regiones, incluida Galicia".

Quienes se oponen al proyecto de la celulosa han denunciado que en el estudio de impacto ambiental que Altri ha presentado a la Administración gallega, y que ha recibido ya más de 23.000 alegaciones durante su período de exposición pública, no figura referencia alguna a que se instalará en un área que debería haber sido protegida hace años.

Lo que sí figura en ese informe son los efectos que tendrá la fábrica sobre el medio ambiente: además de CO2, emitirá a la atmósfera cenizas, partículas, azufre, monóxido de carbono y óxidos de nitrógeno, entre otros gases tóxicos; consumirá cada día 16 millones de litros de agua del río Ulla, al que devolverá otros 30 millones de litros de agua contaminada; y devorará cada año 1,2 millones de toneladas de madera de eucalipto.

El pasado 25 de marzo, el exdiputado socialista Pablo Arangüena denunció en su cuenta de X que de las 59 ZEC de Galicia, la única de la que no existe información completa en la web de la Dirección Xeral de Patrimonio Natural de la Xunta dedicada a Red Natura es, precisamente, de la de A Serra do Careón. "¿Casualidad?", se preguntaba.