La Fiscalía da carpetazo a su investigación sobre la tragedia en la valla de Melilla del pasado 24 de junio, en la que murieron al menos 23 personas migrantes (según la versión oficial marroquí) y 470 potenciales refugiados fueron devueltos en caliente a Marruecos. No ve indicios de un posible delito de homicidio imprudente ni de omisión del deber de socorro por parte de los agentes españoles que intervinieron en el operativo.

Según ha informado este viernes el Ministerio Público, la fiscal de Sala Coordinadora de Extranjería, Beatriz Sánchez, ha emitido un decreto de archivo de las diligencias de investigación al no apreciar indicios de delito en la actuación de los agentes españoles. Tan solo ha dado traslado al Director Adjunto Operativo de la Guardia Civil de la "actuación de varios agentes que lanzaron piedras contra las personas migrantes, por si fuera constitutiva de infracción disciplinaria".

La investigación ha apurado el plazo máximo de seis meses y las diligencias practicadas se resumen en la inspección ocular, la toma de declaración tanto a personas migrantes como a agentes españoles (incluidos el mando responsable y los tripulantes del helicóptero que grabó las  imágenes) y el análisis de informes y material audiovisual del día de los hechos.

La fiscal da por válidas las explicaciones marroquíes sobre las muertes, recogidas en el informe dirigido a la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos. Ahí se detallan los informes de las autopsias practicadas que establecen la causa de las muertes en "asfixia mecánica compatible con una presión torácica externa" y que en los cuerpos "no había
trazas de equimosis o hemorragias externas".

La casusa, según esto, encaja con la avalancha mortal que se produce en el paso fronterizo del Barrio Chino cuando los migrantes logran forzar las puertas de acceso a la zona de control policial español. Precisamente, según considera la fiscal, no había agentes españoles en este punto del paso fronterizo cuando se producen las muertes, por lo que ni ellos ni el resto del dispositivo policial español "tenía visión de la zona" y, por lo tanto, de la peligrosa situación que se estaba conformando para la vida de los migrantes. 

Según la última investigación periodística, coordinada por el consorcio internacional Lighthouse Reports, en la que participaron El País, Le Monde, Der Spiegel y el marroquí ENASS, aseguraba que al menos uno de los fallecidos murió en territorio español, lo que contradecía la versión de Interior.

Ni homicidio imprudente ni omisión de socorro

La interpretación de la Fiscalía coincide con la defendida por el ministro del Interior, Fernando-Grande Marlaska, en cuanto a la proporcionalidad del dispositivo y en la ubicación de los hechos.

"Los hechos que determinaron la avalancha sucedieron en territorio marroquí", dice, aunque ubica entre ambos recintos fronterizos el "amontonamiento de personas". Sin embargo, no ve indicios de delito de homicidio imprudente de ni omisión del deber de socorro por parte de los agentes españoles. Y puntualiza que la actitud de los entre 700 y 800 migrantes que intentaron cruzar a Melilla "fue en todo momento hostil y violenta, tanto hacia los agentes marroquíes como hacia los españoles".

Considera que ni los guardias civiles en tierra ni el mando responsable fueron conscientes de la tragedia. Por otra parte, aunque los agentes que visionaban desde el helicóptero los hechos vieron y grabaron el embotellamiento, "no avisaron a los operativos en tierra al no percatarse del riesgo que suponía la aglomeración de personas". Ellos tampoco podrían haber evitado la avalancha ni las muertes, concluye. Además, el operativo marroquí ni comunicó nada al español sobre lo que estaba pasando durante ese embotellamiento, precisa la fiscal.

Pero el decreto de archivo va más lejos al afirmar que "aunque los agentes hubieran procedido en ese momento a la apertura total de las puertas fronterizas, la avalancha y el embudo posterior se hubieran producido igualmente" por el gran número de migrantes y porque ese paso fronterizo no está diseñado para la entrada de una "oleada incontrolada de personas". Tampoco cree que se hubiera podido auxiliar a los heridos sin haberse puesto en riesgo.

Avala del devoluciones en caliente

En su escrito, la fiscal también da por buenas las devoluciones en caliente de 470 personas, aunque da por hecho que eran con toda probabilidad merecedoras de protección internacional. Aunque exculpa a los agentes que ejecutaron las devoluciones, el escrito es crítico con la falta de acceso a protección internacional en España de personas subsaharianas sin poner su vida en riesgo.

Sin embargo, esta no es tarea ni responsabilidad de los agentes españoles, resume, que procedieron "en cumplimiento y en el ejercicio de sus funciones" y siguieron el procedimiento para ejecutar "rechazos en frontera". Este fue el encaje legal que dio el PP a las devoluciones en caliente en Ceuta y Melilla cuando aprobó la ley mordaza. El PSOE prometió derogarlo cuando llegara al Gobierno pero que finalmente lo ha asimilado tanto que ha utilizado esta norma para defender su legalidad incluso ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

El Defensor del Pueblo y el Alto Comisionado de la Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) consideran que estas 470 devoluciones practicadas en Melilla no se ajustan a la ley. Sin embargo, la Fiscalía, que reconoce que este punto excede sus competencias, ve ajustado a la legalidad el rechazo masivo de personas y da por cierto que no había nadie considerado vulnerable entre los retornados, a pesar de los testimonios recogidos por este medio entre los supervivientes, que hablaban de menores de edad devueltos.