Más de 70 organizaciones cannábicas de toda España han respaldado la Marcha Verde que se ha puesto en marcha en diferentes puntos del país para apoyar a Fernanda de la Figuera, de 76 años, la activista más veterana por la regularización del cannabis, que será juzgada este miércoles en la Ciudad de la Justicia de Málaga en una vista en la que la Fiscalía solicita para ella cuatro años de cárcel por cultivar marihuana.

Los organizadores de la campaña de apoyo a Fernanda de la Figuera, liderada por el Grupo de Acción para la Legalización del Cannabis en España (GALCE), pretenden que esta movilización sin precedentes para apoyar a una persona juzgada por cultivar cannabis para autoconsumo suponga un "punto de inflexión en la lucha por los derechos de las personas usuarias". Su presidente, Paco Mascaraque, la persona que ha llevado el peso de la movilización de solidaridad con la veterana activista, lo tiene claro: "La situación legal del cannabis en España, tras casi un siglo de prohibición, es un fracaso y necesita urgentemente un viraje hacia unas políticas reguladoras que nos protejan a las personas usuarias para que dejemos de ser castigadas por usar o cultivar una planta que lleva usándose desde el principio de la humanidad".

La Marcha Verde partirá en autobuses desde Barcelona y Santander y hará paradas en Valladolid, Madrid y Alicante para trasladar a las personas que quieran expresar mañana su apoyo en una concentración silenciosa ante la Ciudad de la Justicia de Málaga durante la reanudación de una vista oral que se suspendió el pasado mes de abril debido a la falta de alguna documentación que se estimó esencial para el desarrollo del juicio. "La convocatoria ha sido un éxito", afirma Mascaraque, quien subraya que nunca antes se había organizado en España una movilización de esta envergadura para respaldar a una persona procesada por causas como la que puede llevar a prisión a Fernanda de la Figuera, la Abuela Marihuana.

La causa abierta contra esta veterana activista enjuicia unos hechos ocurridos hace ya cinco años, en 2014, cuando la Guardia Civil intervino las plantas cultivadas en un huerto de la procesada para una asociación de mujeres con un uso fundamentalmente terapéutico y medicinal. "Yo soy una activista y no hago negocio con el cannabis. La maría es un placer y una delicia y sirve para curar enfermedades también, y yo lo que hago es compartirla con mis amigos. Nada más. Nunca me he dedicado al tráfico. Soy una apóstol del autocultivo, porque considero que es la mejor forma de consumir, de saber lo que estás consumiendo", manifestó a este periódico Fernanda de la Figuera en la víspera del juicio que se suspendió en abril y que se reanudará mañana.

Aumento de las incautaciones de plantas

El último Anuario Estadístico del Ministerio del Interior, el de 2018, refleja que las incautaciones de plantas de cannabis aumentaron en España un 263% en los últimos cinco años, aunque el pasado ejercicio se redujeron un 13% respecto a 2017 y llegaron a ser intervenidas algo más de 918.000, aprehensiones que comprenden desde los cultivos a pequeña escala para el autoconsumo hasta las grandes plantaciones destinadas al tráfico. Paralelamente, según la misma memoria del Gobierno, han aumentado un 12% las sanciones al consumo o tenencia de drogas en lugares públicos, una infracción grave incluida en la Ley de Protección de la Seguridad Ciudadana, conocida popularmente como Ley Mordaza, que en una buena parte se impone por el uso de cannabis.

Ante todo este panorama, los organizadores de la Marcha Verde exigen que el próximo Gobierno de España "dé los pasos necesarios para la regulación total del uso, tenencia, cultivo, transporte y dispensación de cannabis", lo que permitiría acabar, a su juicio, con injusticias como la que supone el hecho de que se concedan licencias a empresas multinacionales para cultivar cannabis en nuestro país mientras se persigue a las personas que hacen lo mismo, pero para su propio consumo.

Entre quienes apoyan esta marcha de solidaridad con Fernanda de la Figuera se encuentra el Círculo Sectorial Cannábico de Podemos, cuyo grupo en el Congreso de los Diputados llegó a elaborar al final de la pasada legislatura un proyecto de ley para la regularización del cannabis en España, tanto en su uso lúdico como terapéutico, una medida que, a su entender, mejoraría la lucha contra la criminalidad asociada al tráfico de drogas, la salud de pacientes que utilizan esta planta para paliar su enfermedad y la seguridad de todos los usuarios que la consumen.

Representantes de la Universidad, las letras, el movimiento asociativo y del derecho ya han expresado en declaraciones realizadas a Público su absoluto rechazo al juicio de Fernanda de la Figuera y han solicitado el sobreseimiento de la causa, que consideran “una barbaridad”, una “vergüenza” y un “despropósito”.

Fernanda de la Figuera fundó en 1996 la Asociación Ramón Santos de Estudios del Cannabis de Andalucía (ARSECA), organizó en Córdoba en 1998 la Bella Flor, las primeras jornadas en España de cata, encuentro y formación sobre cannabis, y puso en marcha en Málaga MaríasxMaría, la entidad que se abastecía del cultivo que dio lugar al juicio al que ahora se enfrenta. En 1995 y 2010, ya había sido procesada en otras dos causas por los mismos motivos y en ambas fue absuelta.