Una nueva forma de explotación sexual y trata de mujeres se ha instalado en el estado de Chiapas, al sur de México. Se trata de lo que algunas activistas feministas llaman "etnoporno" y consisten en vídeos de explícito contenido sexual grabados a indígenas, principalmente de las etnias tzotziles y tzetzales, y vendido en mercadillos de San Cristobal de las Casas, una de las principales y más turísticas ciudades de ese estado. 

La producción de estos vídeos es atribuida a un grupo conocido como "Chamula Power", relacionado con el grupo criminal Los Zetas, y que se dedican a diversos negocios ilícitos, como la venta de droga, hasta la piratería y la producción de vídeos para adultos, incluída la pornografía infantil.

Si bien este negocio había sido detectado y combatido desde hace cuatro años por grupos feministas de este estado mexicano, un reportaje realizado por el Huffington Post de México y publicado esta semana, ha puesto este delito en la agenda mediática del país azteca.

Este tipo de vídeos fue detectada hace cuatro años por Martha Figueroa, activista feminista, que descubrió que en San Cristóbal de las Casas se vendían DVD con llamativos títulos escritos a mano sobre carátulas blancas: “Indias calientes”, “Indias en el monte”, “Chamula XXX” y más.

Según la académica de la Universidad Autónoma de Chiapas y especialista en violencia de género, Patricia Chandomí, el éxito de este fenómeno se debe a que sus consumidores tienen una fijación morbosa por las poblaciones indígenas. 

“Los que compran este tipo de pornografía lo hacen porque les causa fascinación o morbo una persona indígena. Quieren ver cómo tienen relaciones sexuales, cómo son sexualmente. O, en los casos más extremos, quieren ver cómo se ejerce la dominación a un grupo de por sí ya oprimido históricamente”, explica.

"Por los títulos y la vestimenta de las mujeres, es obvio que se trata de indígenas de los municipios más pobres de Chiapas: Chamula, Zinacantán, Chiapa de Corzo. Y el hecho de que los discos se vendan en San Cristóbal, donde hay una gran población extranjera y con dinero, te da a pensar que se trata de un mercado sexual donde las más vulnerables son carne de cañón para los más ricos del estado“, explica Figueroa.

Las víctimas del “etnoporno” muchas veces acceden a participar de estos vídeos debido a la pobreza en la que vive este sector de la población, la falta de empleo y de oportunidades, lo que las obliga a aceptar a ser grabadas a cambio de algunas monedas, comida y un cartón de cerveza, un bien muy cotizado debido al alcoholismo persistente en muchas de estas comunidades. Pero muchas, advierten, son menores de edad a las que en algunos casos emborrachan y violan o mujeres que no saben que están siendo grabadas y que estas imágenes formarán parte de un lucrativo negocio.

Activistas en favor de las mujeres han comenzado a actuar en contra de la producción de este tipo de material y a identificar a las mujeres que aparecen en los vídeos o en las tapas de los DVDs. Las buscan, corroboran su edad para ver si son mayores de 18 años, conocer si consintieron las grabaciones y ofrecerles apoyo legal para emprender acciones legales.

Según las leyes mexicanas, distribuir o visionar este tipo de vídeos puede tener graves consecuencia. Según la legislación, grabar a menores de edad en actos sexuales o a personas mayores de edad sin su consentimiento, supone incurrir en un delito de trata de personas. Quienes consuman esos vídeos también serían culpables de delito de posesión de pornografía infantil. Tanto vendedor como consumidor podrían enfrentarse a una pena de 20 años de prisión.

Las autoridades han solicitado a los habitantes de Chiapas denunciar los puntos de venta de este tipo de material, pues su queja puede derivar en la apertura de una carpeta de investigación.