Feministas combaten el acoso de grupos ultracatólicos delante de la clínica Dator: "Estamos aquí para proteger a las mujeres"
A pesar de que desde abril de este año existe una ley que prohibe el acoso a las mujeres que van a abortar y a los profesionales que los realizan, los grupos ultras siguen realizando sus acciones frente a las clínicas.
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madrid, Actualizado:
Cada sábado, pero sobre todo en fechas señaladas como el Día de los Santos Inocentes (el 28 de diciembre) grupos ultraconservadores incrementan sus accione de acoso a las mujeres que acuden a abortar a las clínicas habilitadas. Así lo han denunciado y constatado el grupo de Feminismos de Tetuán, que reunió este miércoles a un grupo de mujeres para denunciar estas prácticas.
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Nati García Álvarez, una de las que conforman este grupo de feministas, afirma que han acudido para frenar estos acosos. "La legalidad está de nuestra parte y no queremos que estas personas violenten a las mujeres que vienen a ejercer su derecho [al aborto]". Entre los métodos que utilizan las autodenominadas organizaciones pro-vida, es la de situar una furgoneta frente a la clínica Dator con un ecógrafo y convencer a las mujeres a que pasaran para mostrarles el latido de los fetos. O destrozar muñecos con formas de niños delante de las mujeres o invitarlas a desayunar para que no pudieran realizar la interrupción del embarazo.
A día de hoy, todas estas prácticas están prohibidas. En abril pasado, una reforma del Código Penal impulsado por el Partido Socialista, incluyó en el Código Penal penas que van desde los tres meses a un año de prisión o trabajos en beneficio de la comunidad que pueden ir de 30 a 80 días.
Si bien algunas acciones se han suprimido, la entrada en vigor de la norma no ha impedido que estos grupos sigan ejerciendo presión contra las usuarias de estos centros o contra los médicos que practican las interrupciones de embarazos. Justo enfrente de la clínica, Hazte Oír alquiló un loca que decoró de forma llamativa con todo tipo de carteles contra el aborto y desde allí, un grupo de personas rezaban el rosario y lanzaban gritos contra el aborto. Además, un par de hombres portando unas bolsas de plástico arrojaron en la calle de la clínica Dator, la más antigua de Madrid en realizar abortos, pequeños muñecos con formas de fetos.
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Este miércoles, además, Jesús Poveda, un psiquiatra relacionado con Hazte Oír y ampliamente conocido entre los grupos antiabortistas, ha hecho una sentada enfrente de la clínica hasta que la Policía, que intentó que abandonara el lugar, lo detuvo.
"Hay una ley que habla de la prohibición del acoso, pero como no se especifica concretamente qué es eso y hasta donde llega... Mira, esto es acoso", afirma García Álvarez señalando un coche de medioambiente que ha pasado por la puerta ya "como unas 20 veces haciendo ruido y sólo por este trozo de la calle. Es una forma de acoso". "La ley debe ser perfeccionada, entender que o no es acoso, hasta qué distancia pueden acercarse a las mujeres o qué distancia tienen que marcar, etc". Si no, afirma, es muy difícil denunciar el acoso.
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Desde la Clínica Dator, llevan tiempo denunciando que, a pesar de la ley, el hecho de que un grupo ultracatólico como Hazte Oír pueda disponer de un local frente a la propia clínica para hacer campañas antiaborto e increpar a las mujeres que acuden a abortar, siguen ejerciendo acoso. La solución, apuntan, es una ley que prohiba a estos grupos acercarse a un radio de las instalaciones, como ya existe en otros países, como en la vecina Francia.
Desde Feminismos Tetuan reivindican que se precisan derechos para que las mujeres puedan ejercer el aborto en la Seguridad Social, no en clínicas privadas. "Un derecho reconocido, pero que no se puede llevar a la práctica, porque no hay médicos disponibles debido a la objeción de conciencia", afirma García Álvarez.
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La reforma de la ley del aborto que está en el Parlamento en los últimos trámites para su aprobación, quiere revertir esta realidad. Entre sus objetivos está que los abortos se realicen en su inmensa mayoría en los hospitales públicos y que exista un listado de médicos objetores para poder reforzar la sanidad publica con médicos que realicen interrupciones del embarazo.