Mientras España parece haber pasado página y olvidado, los familiares no desisten en su búsqueda de justicia. Durante la primera ola de la covid-19 en España, las residencias de mayores fueron un epicentro dramático donde los fallecidos se contaron por miles.

Más de dos años después, en un intento de reivindicar comisiones de investigación y esclarecer la gestión de comunidades como Madrid o Catalunya, las familias de las víctimas acuden al Parlamento Europeo en Bruselas para visibilizar su lucha y buscar voces que ayuden a resolver este problema, enquistado en sus vidas y tapado por la actualidad y la desmemoria. 

Invitados por Anticapitalistas, integrados en el Grupo Confederal de la Izquierda Unitaria Europea con 39 eurodiputados de los 705 que ocupan la cámara, la organización Marea de Residencias aspira a visibilizar su lucha y sus demandas. 

"Europa sabrá que pasó con tantos padres y madres que les dejaron abandonados y de forma indigna morir en sus camas", aseguran desde su cuenta de Twitter. En Madrid la cifra de mayores fallecidos sin atención médica fue solo en la primera ola de más de 8.000, cifra inolvidable y que por el momento no ha pasado factura política al Gobierno de Isabel Díaz Ayuso. 

Las residencias de mayores en España están pendientes de una macroreestructuración ya aprobada por el Ministerio de Asuntos Sociales de Ione Belarra, donde han quedado restringidas las macrorresidencias, se aumentarán de forma gradual los ratios de trabajadores y el presupuesto para la financiación de estas instituciones y se cambiará el aire y el modo de vida dentro ajustándose a los paradigmas diseñados por los países nórdicos, los cuáles se tienen como una referencia en el asunto. 

La propia gestión de las mismas también está en cuestión. Una investigación publicada en la revista especializada Epidemiologia ha llegado a la conclusión de que el número de mueres fue mucho más elevado en las residencias gestionadas por la empresa privada que en aquellas de gestión pública. La mortalidad en las residencias de gestión indirecta fue de un 21,9% en los meses de marzo y abril de 2020, según los datos oficiales de la propia Comunidad de Madrid. En los centros de gestión pública disminuye de forma sustancial hasta el 7,4%.