@e_bayona

ZARAGOZA .- ¿Por qué se enturbiaron las relaciones vecinales en Fago, el pequeño pueblo del Pirineo que hace diez años alcanzó una desgraciada fama tras el asesinato de su alcalde Miguel Grima a manos de su examigo Santiago Mainar? Hubo muchos motivos, aunque la quiebra de las relaciones personales y el enconamiento de los posicionamientos políticos se intensificaron después de que la víctima, Miguel Grima, decidiera liderar una iniciativa que, de prosperar, alteraría los equilibrios del valle: el deslinde del término municipal de Fago con su vecino Ansó.

Fago es uno de los escasos municipios españoles que carece de término municipal. Su ayuntamiento, un concejo abierto en el que un alcalde elegido por voto directo con lista abierta responde ante la asamblea de vecinos, carece de jurisdicción más allá de la docena escasa de calles y plazas que dibujan un casco urbano de unas pocas casas.

Grima reactivó en 2004, un año después de ser elegido, la propuesta de reclamar 5.245 de las 26.000 hectáreas de monte que Fago posee y explota con el pueblo vecino –son propietarios en una proporción de uno a cuatro-, del que fue segregado en 1830, cuando el valle era un referente estatal en el ganado ovino –su cabaña alcanzaba las 30.000 ovejas- y en la explotación forestal.

Santiago Mainar lleva casi diez años en prisión por el asesinato de Miguel Grima, en el que la Audiencia de Huesca y el Supremo dejaron la puerta abierta a la existencia de más de un autor.

Varios testimonios que obran en la causa del crimen sitúan en esa fecha el inicio de los problemas vecinales que desembocaron en el asesinato del alcalde, algo de lo que también dan fe el elevado número de denuncias y pleitos registrados a partir de entonces en el pueblo por los motivos más diversos: licencias de obras, permisos para granjas, autorizaciones para negocios, amenazas, desplantes.

El deslinde fue, también, uno de los temas centrales de la investigación de la Guardia Civil que llevó a la detención de Mainar. Estuvo presente en la mayoría de los interrogatorios de la fase inicial.

Once años esperando un dictamen

Sin embargo, el Gobierno de Aragón lleva quince años escurriendo el bulto ante ese conflictivo deslinde, que sus propios técnicos propusieron acometer en 2001. Un informe de la Dirección General de Administración Local describe la “anómala” situación de dos ayuntamientos que explotan un único término de cuya división anterior no hay noticias y en el que solo uno de ellos tiene jurisdicción municipal, a lo que se añade “la creencia tradicional de que Fago tiene atribuido 1/5 de término municipal de la total superficie de la Mancomunidad, pero que nunca ha quedado concretada su línea divisoria”.

“No cabe duda de la existencia de Fago como municipio, y, como tal, de su término municipal. Sin embargo no está tan clara, en todo su trazado, la línea divisoria entre ambos términos”, indica el documento.

La comunidad, no obstante, tiene paralizado de hecho el expediente sobre ese deslinde: oficialmente, está a la espera de que un catedrático de Historia Moderna le remita el informe que se encargó en agosto de 2005. “Si bien ha remitido un avance del mismo, está pendiente todavía de nuevas consultas documentales para completarlo”, explica.

Interviene Hacienda

“Es un hecho erróneo considerar que ambos municipios comparten término municipal: cada municipio tiene su término municipal, donde ejerce sus competencias”, asegura Ansó

Sorprendentemente, el Gobierno central ha decidido tomar cartas en el litigio. Ansó tiene recurrida ante el Supremo la resolución por la que el Ministerio de Hacienda dividió en 2014 los términos. Por su cuenta y riesgo, aunque de manera provisional.

El recurso, del abogado zaragozano Javier Hernández, destaca la “impresionante importancia” de una decisión de ese tipo, que Hacienda tomó “sorpresivamente”, “unilateralmente” y “sin conocer la razón” que le llevó a adoptarla, ya que es la comunidad autónoma quien debe proponerle cualquier modificación de términos municipales.

Para Ansó, la decisión parte de “un hecho erróneo, como es el considerar que ambos municipios comparten término municipal, cuando ello es incierto totalmente: cada municipio tiene su término municipal, donde ejerce sus competencias”. Ansó, en todo el valle; Fago, en las calles del pequeño pueblo.

El último reducto de la democracia directa

La postura de Hacienda en el caso de Ansó y Fago llama la atención ya que su ministro, Cristóbal Montoro, fue al inicio de la pasada legislatura uno de los principales impulsores de la supresión de municipios mediante su fusión, una medida de la que también es partidario C’s que entraña el riesgo de acabar con los últimos de la democracia directa: los concejos abiertos, un modelo restringido a los pueblos menos habitados del país.

Cristóbal Montoro fue al inicio de la pasada legislatura uno de los principales impulsores de la supresión de municipios mediante su fusión

Fago, con 22 habitantes empadronados –nueve menos que en la fecha del crimen-, es uno de los pocos centenares de pueblos españoles que aplica este sistema, reservado para los que tienen menos de cien habitantes censados: los vecinos eligen en las municipales a un alcalde que debe someter a la asamblea de vecinos decisiones como la aprobación de planes urbanísticos, los presupuestos, las cuentas anuales, la revisión de las tasas e impuestos y la contratación de personal.

El alcalde elige a sus dos tenientes, aunque su nombramiento también requiere el visto bueno de la asamblea por mayoría. Esta debe reunirse al menos una vez cada tres meses, y sólo es válida si asisten a ella un tercio de los vecinos.

No existen datos sobre el número de concejos abiertos existentes en el país, un modelo sobre cuya aplicación tuvieron que pronunciarse tras las municipales de 2011 los concejales y los vecinos del millar de pueblos de menos de cien habitantes que, por vez primera, eligieron entonces a tres concejales que, después, designaron al alcalde.