Terrenos de cultivo cada vez mayores, pese a la menor cifra de explotaciones contabilizadas, y una concentración de la propiedad. Ésta es la radiografía que se desprende de los datos del censo agrario del Instituto Nacional de Estadística (INE), que recoge la evolución del índice entre 2009 y 2020. Los resultados muestran que en Catalunya, la explotación media ha aumentado un 3,9% en esta década, mientras que la cifra de parcelas ha caído un 9%.

Aunque el incremento en la superficie se sitúa por debajo de la media estatal, que sube al 7,4%, es suficientemente indicativo de un cambio de modelo que ya hace años que se observa, pero que se ha ido acelerando en los últimos años: más de la mitad las fincas agrícolas superan las 100 hectáreas. En el caso de la ganadería, Catalunya encabeza el ranking en las cabañas porcinas y avícolas y queda en segunda posición en la de conejos.

Los registros del Institut d'Estadística de Catalunya (Idescat) muestran un mapa similar. La Superficie Agrícola Utilizada (SAU) por explotación en hectáreas ha pasado de 19,50 a 20,26 en 10 años, mientras que la cifra de explotaciones ha caído por debajo de las 55.000, cuando en 2009 superaba las 60.000.

En un primer balance de este censo, el sindicato Unió de Pagesos (UP), mayoritario en el campo catalán, cree que "se pone de manifiesto, en primer lugar, el progresivo envejecimiento del campesinado". Para UP, la pasividad de las administraciones catalana y estatal es la que ha favorecido que propietarios de terrenos que ni siquiera son agricultores perciban ayudas directas de la PAC, la política agraria común de la UE. La situación deriva en un elevado grado de envejecimiento, lo que debería implicar una reversión de las políticas actuales para promover el relevo generacional de la actividad agraria.

La alternativa de llegar al consumidor

El coordinador nacional de UP, Joan Caball, explica que los agricultores han reorientado su actividad para lograr un mayor grado de competitividad. Por un lado, se ha constituido un grupo de productores que trabajan con superficies cada vez mayores o que disponen de más reses. Por el otro, algunos productores han dado el salto a otros eslabones de la cadena alimentaria, especializándose en la transformación o en la venta. "Se ha creado un perfil de gente joven que renuncia al volumen y quiere llegar a la fase final, la del consumidor, donde tiene mayor margen económico para suministrar producto de proximidad y satisfacer así una demanda ciudadana". Caball precisa que para hacer frente a las limitaciones de superficies, especialmente a consecuencia de las normativas ambientales, "no nos queda otra que mirar a otros modelos donde el crecimiento no debe ser ilimitado".

En relación con la reforma de la Política Agraria Común (PAC), que entrará en vigor el próximo año, Caball lamenta que "se siga favoreciendo a gente que no le correspondería". Por eso, insiste en priorizar al campesino profesional, aquel que vive y trabaja de la tierra, y que "no tiene otro remedio que acaparar más superficie para salirse". De hecho, UP reclama la profesionalización del sector como fórmula para facilitar la incorporación de gente joven a la agricultura.

"Persiste un sesgo en personas que ilegítimamente cobran unas ayudas que no les corresponderían". Según Joan Caball, el proceso "genera un fraude, ya que resulta más rentable cotizar por ingresos agrarios que por rendimiento de las propiedades, aunque no se trabaje en la explotación". Estas dificultades de acceso a la tierra, sumadas al exceso de burocracia, no ayudan a que se produzca el relevo generacional en el campo catalán. El coordinador de UP lo califica de "una distorsión del sistema de apoyos públicos, que hace que el propietario de la finca cobra la ayuda de la PAC, cuando debería percibirla el campesino o el productor".

Proteger los espacios agrarios

Otro de los retos pendientes desde el punto de vista político es la necesidad de proteger los espacios agrarios. Fruto de estos requerimientos, el Parlament de Catalunya aprobó en mayo de 2019 la Ley de Espacios Agrarios, que pretendía ser un instrumento para planificar el territorio, teniendo en cuenta los sectores agrícola, ganadero y forestal en sus vertientes de productores de alimentos, bienes y servicios, pero también valorando su papel de equilibradores del territorio y cohesionadores sociales.

El problema de esta normativa es que a día de hoy, más de tres años después, todavía no se ha desarrollado. Así lo denuncia el gerente de la Associació Catalana de Comunitats de Regants (Acatcor), Ramon Lletjós. En un artículo publicado en el blog de la entidad, Lletjós recuerda que la norma debía servir para "ordenar la gestión de los espacios agrarios de Catalunya, diseñando mecanismos para dar seguridad jurídica a los titulares de las explotaciones agrarias y al mismo tiempo establecer disposiciones para la definición, planificación y gestión de los espacios agrarios de Catalunya con el objetivo de crear lugares para la producción".

Lletjós cree que la Ley de Espacios Agrarios traería "arraigo territorial y consolidación de espacios agrarios para la producción de alimentos que nos ayuden a alcanzar soberanía alimentaria y, por tanto, reducir nuestra dependencia externa. Como se dice a menudo, no existen alimentos ni soberanía alimentaria sin espacios agrarios". Desgraciadamente, las tres herramientas básicas para salir adelante: Plan Territorial Sectorial Agrario de Catalunya, el Análisis de Afectaciones Agrarias y el Registro de Fincas Agrarias en Desuso se encuentran en una fase embrionaria o ni siquiera se han puesto los fundamentos para redactarla.

Pese a que Catalunya todavía no ha llegado el momento en que se jubilen más agricultores que los jóvenes que se incorporan, los representantes agrarios advierten de las consecuencias económicas y sociales de este cambio de modelo. Mientras, apuestan por atraer al consumidor con nuevas vías, como la transformación o la venta directa. Se trata de una tarea tan esencial como mantener la actividad, generar riqueza en el territorio y llegar al ciudadano sorteando las limitaciones normativas de las políticas comunitarias.