Franceso Arcuri, expareja de Juana Rivas, ha demandado a la ministra de Igualdad, Irene Montero, y al diputado de Más País, Íñigo Errejón, a los que reclama 80.000 y 60.000 euros, respectivamente, por supuestos daños y perjuicios que le habrían causado a él y a sus hijos declaraciones "injuriosas o calumniosas".

Según recogen los escritos presentados en los Juzgados de Madrid, el padre de los dos hijos menores de Juana Rivas requiere tanto a Montero como a Errejón que se retracten de sus declaraciones en sendos actos de conciliación como paso previo a la interposición de querellas.

Respecto a Irene Montero, Arcuri se refiere a una serie de manifestaciones públicas en un acto de Unidas Podemos el pasado junio en Zaragoza, en las que la ministra relacionó la supuesta muerte de los dos menores de Tenerife a manos de su padre con el caso de Juana Rivas. A tales declaraciones se sumaron una publicación en su perfil de Twitter y una entrevista en un programa de Televisión Española donde volvió, al parecer, a relacionar el caso de Tenerife con el de Juana Rivas.

En cuanto a Errejón, se refiere a una rueda de prensa en la que, tras apoyar el indulto solicitado por Rivas al Gobierno, se refirió a Arcuri como un maltratador y dijo que Juana había sido condenada por proteger a sus hijos de "posible violencia vicaria" y que "un padre maltratador no puede ser un buen padre".

Denuncias de malos tratos sin investigar

En el escrito presentado ante el juzgado, la expareja de Juana Rivas minimiza su condena por malos tratos en el pasado, al afirmar que se trató de un "episodio ocasional" de hechos ocurridos en 2009 y que desde entonces "no se ha acreditado otro con posterioridad". Sin embargo existen muchas denuncias de malos tratos de Arcuri hacia Juana Rivas y hacia sus hijos desde 2016 que han sido archivadas sin investigar o que están a la espera de que se investiguen por parte de la fiscalía de Cagliari (Cerdeña).

En 2009 Arcuri fue condenado en España por malos tratos hacia Rivas a tres meses de prisión y a un año y tres de alejamiento. En este caso el proceso lo abrió de oficio el Servicio de Salud Andaluz tras emitir un parte de lesiones. En 2016, casi un año antes desaparecer un mes con sus hijos, Rivas había vuelto a denunciar a su expareja por malos tratos continuados hacia ella y tanto ella como sus dos hijos fueron considerados en nuestro país como víctimas de violencia de género por organismos públicos de Maracena (Granada).

En los años posteriores, Rivas puso diversas denuncias contra Arcuri por supuestos malos tratos hacia sus hijos. Cinco de ellas siguen estando en manos de la fiscalía Italiana que no las ha investigado. Además, existen diversos documentos de servicios de salud públicos, tanto de Italia como de España, que afirman que los hijos de Rivas podrían ser víctimas de malos tratos. Tres de ellos pertenecen al servicio de Salud Mental de Artafe (Granada), que examinó a los menores en al menos tres ocasiones (verano de 2019, navidades de ese año y otra vez en el verano de 2020).

En los informes, a los que ha tenido acceso este diario, se afirma que los niños pueden estar sufriendo "maltrato grave". A pesar que esta unidad del Servicio Andaluz de Salud (SAS) remitió dichos informes a la Fiscalía de Menores y a los servicios sociales de la Junta de Andalucía, tal como establece el protocolo, esto no ha abierto ninguna actuación ni investigación sobre los hechos y cuando ha llegado a algún juzgado la respuesta ha sido que se remitirían a los juzgados de Cerdeña.

A lo largo de este proceso, sin embargo, Rivas ha sido condenada en firme por el Tribunal Supremo a dos años y medio de prisión por un delito de sustracción de menores y en la actualidad cumple condena en un centro de Granada, en un régimen de semi tercer grado.  Respecto a la demanda de Acurri, Errejón no ha hecho comentarios, solamente ha pedido de nuevo el indulto a Juana Rivas a través de su cuenta de Twitter. 

En el caso de la demanda contra Íñigo Errejón el Juzgado de Primera Instancia 64 de Madrid ya ha fijado el referido acto de conciliación para el próximo 8 de octubre a las 11.50 horas, según recoge la resolución judicial.