Durante la pandemia más de un millar y medio de personas se han visto excluidas del Sistema Nacional de Salud por encontrarse en una situación administrativa irregular. Son migrantes que encuentran trabas administrativas que les impiden tener un acceso normalizando a la sanidad púbica.

Según los datos facilitados por Red de Denuncia y Resistencia (REDER), entre este más de mil quinientas personas excluidas del sistema de salud se encuentran personas ancianas, embarazadas, menores de edad, o solicitantes de asilo.

Todas ellas no han podido acceder a un médico bien por no tener una tarjeta sanitaria bien por no estar empadronadas en un municipio. Y en muchas ocasiones, quien sí ha conseguido acceder por alguna urgencia, ha tenido que pagar luego por los servicios.

Esta situación genera que muchos migrantes eviten acercarse a los centros de salud por miedo a encontrarse con una factura que no pueden pagar. Dejan de ser atendidos en el Sistema Nacional de Salud personas migrantes que padecen enfermedades tales como el cáncer, hipertensión, VIH, diferentes enfermedades cardiovasculares o trastornos que afectan a la salud mental.

Por este tipo de dificutades, la REDER ha decidido manifestarse a las puertas del Ministerio de Sanidad exigiendo una reforma de la ley que permita "recuperar la sanidad universal en España" y acabar así con la exclusión sanitaria que continúan sufriendo muchas personas migrantes en situación irregular.

Las trabas burocráticas que se les exigen

Eva Aguilera, coordinadora de Incidencia Política en Médicos del Mundo, cuenta a Público que a las personas que entran a España por reagrupación familiar se les exige contar con un seguro privado para poder acceder a la sanidad pública. 

"El trámite para la regularización de estas personas es contar con seguro privado bajo del brazo, y ya te imaginarás que económicamente el seguro médico al que puedan acceder estas personas no les cubre lo que necesitan", declara Eva Aguilera, que añade que normalmente estas personas son mayores y tienen las necesidades sanitarias típicas de esas edades. 

Pero la dificultades en los trámites burocráticos no acaban ahí. Muchas veces las comunidades autónomas exigen a los migrantes estar empadronados en algún municipio para tener acceso al sistema de salud. "Una barrera insalvable" según la activista de Médicos del Mundo, que pone el ejemplo de los temporeros: "Estas personas se mueven a lo largo del territorio español dependiendo de las campañas agrícolas, con lo cual no tienen un domicilio fijo en una sola localidad. Al final, no pueden acabar empadronados en ninguno de los sitios por donde van viviendo". 

Este problema también lo tienen las personas que viven en asentamientos informales o aquellas sin hogar, ya que no pueden presentar ninguno de los requisitos necesarios para los ayuntamientos. "Al final el empadronamiento está resultando una barrera que deniega el derecho humano a la salud de muchas otras personas que son nuestras vecinas", confiensa la coordinadora de Médicos del Mundo. 

Este mismo problema es denunciado desde las asociaciones Red Acoge y Andalucía Acoge, que trabajan en la defensa de los derechos de las personas migrantes y refugiadas. Exigen soluciones "que aborden el problema desde un enfoque basado en derechos humanos", de manera que se reconozcan a las personas migrantes como sujetos plenos de derechos, sin importar su condición migratoria.

En una recogida de firmas, estas asociaciones cuentan casos reales de personas migrantes que se han visto privadas de sus derechos. Como el caso de Saliha, que trabaja en la recogida de la fresa en Huelva, y que no ha podido empadronarse por vivir en un campamento de temporeros. Una vez se cortó la mano y le fue denegada la atención en Urgencias por encontrarse en una situación irregular.

Desde Red Acoge advierten que las personas migrantes no solo tienen dificultades para acceder a la sanidad, sino que también se encuentran trabas para encontrar trabajo, para acceder a una vivienda, moverse con libertad o tener protección judicial cuando sufren algún delito. 

No se sabe el número exacto de personas excluidas

Las cifras de personas excluidas aportadas por REDER no representan un reflejo exhaustivo de la dimensión de la exclusión sanitaria, ya que pueden ser muchas más las personas que aún permanecen fuera del sistema.

"Conocemos de manera directa a estas personas porque acuden a nuestras oficina autonómicas buscando apoyo, acompañamiento y ayuda. Esos son los migrantes que tenemos documentados, pero no tenemos ni de lejos un porcentaje representativo de cuántas personas se ven excluidas", señala la coordinadora política de Médicos del Mundo Eva Aguilera. 

Con la vacunación contra el coronavirus también se está reflejando este problema. Las comunidades autónomas piden a las asociaciones el contacto de estas personas sin tarjeta sanitaria, y una vez más las asociaciones no conocen todos los casos. 

"Hace falta mucha campaña informativa para asegurarles a esas personas que tienen ese derecho, pero no se ha hecho desde el primer momento con la agilidez y rápidez que se necesitaba", comenta Eva, que señala que cuando se empezó a vacunar a las personas mayores, muchas personas en situación irregular eran vulnerables al virus por no estar en las bases de datos de las consejerías de Salud de las distintas comunidades autónomas.

Lo mismo ocurre con los trabajadores agrícolas, que a pesar de haber sido considerados como trabajadores esenciales durante la primera ola, "han sufrido brotes peligrosos por las condiciones de vida en la que se encuentran", concluye Eva. 

Las asociaciones piden una reforma de las leyes

Esta semana se cumplen tres años desde que el Gobierno de PSOE y Unidas Podemos se comprometió a poner fin a la exclusión sanitaria aprobada por el PP en 2012.

La REDER, integrada por más de 300 organizaciones sociales y profesionales, ha pedido este lunes al Gobierno que cumpla su compromiso de aprobar una nueva ley "que permita recuperar la sanidad universal en España".

"Hace ya tres años que el Ejecutivo de PSOE y Unidas Podemos aprobó el real decreto 7/2018 con el que se comprometió a acabar con la exclusión sanitaria, una promesa que, además, forma parte del pacto de coalición que firmaron ambos partidos. Sin embargo, esta nueva normativa sólo introdujo una serie de cambios legislativos que modificaron parcialmente la situación, ya que nuestro sistema de salud sigue dejando sin cobertura a grupos de personas vulnerables", dicen en un comunicado los miembros de la Red de Denuncia y Resistencia.

Para hacer frente cuanto antes a esta situación, las asociaciones ha pedido al Gobierno que tramite "de una vez por todas" y con carácter de urgencia un anteproyecto de ley.

Entre las medidas que piden las asociaciones se encuentran la eliminación del periodo mínimo de estancia en España, el reconocimiento del derecho a la asistencia sanitaria de las personas ascendientes que llegan a nuestro país, o la eliminación de la distinción entre la personas con nacionalidad española,  con permiso de residencia o la población migrante en situación irregular.

El proprio Ministerio de Sanidad ha reconocido que el Real Decreto aprobado por el PSOE en 2018 tiene que ser mejorado. Quizás es el primer paso que se da para que dejen de excluirse a los migrantes en situación irregular que no están cubiertos por el Sistema Nacional de Salud.