Un estudio revela que las áreas sanitarias con población más pobre sufren mayor presión asistencial

Existe una fuerte conexión entre el nivel socioeconómico al que pertenecen los ciudadanos y la calidad de la salud de los mismos. Así lo ha confirmado el último informe del Centro de Políticas Económicas EsadeEcPol titulado El deterioro de la Atención Primaria: factores que explican la presión asistencial y propuestas para reducirla. 

El escrito describe, aparte de la asfixiante situación del primer nivel asistencial en la sanidad pública de nuestro país, a causa de la infrafinanciación; algunas de las causas y, sobre todo, las consecuencias a las que conduce irremediablemente tal coyuntura. Los resultados del análisis muestran que, a grandes rasgos, España está dividida en dos: una mitad norte más descongestionada, que podríamos definir como grupo de baja presión, y una mitad sur con una saturación asistencial alta.

Una partición que, lejos de ser causal, está relacionada con ciertas variables socioeconómicas. En el estudio, los autores de la investigación han llegado a la conclusión de que el grupo de alta presión está formado por áreas sanitarias con peores condiciones a nivel de ingresos, educación y situación laboral respecto al grupo de baja presión. "Además, la población está menos envejecida y la ratio de pacientes por médico que atienden sus centros de salud es mayor", añaden.

De tal modo que, por cada 10% más de renta registrada en una localidad o un barrio, los médicos atienden a un 2% menos de pacientes por día. Esta fuerte relación negativa entre nivel adquisitivo y presión puede deberse, de acuerdo con lo detallado en el informe, a dos cuestiones: o bien, las personas con más capital contratan más seguros privados y, por consiguiente, recurren menos a centros de salud público. O la precariedad, los bajos ingresos, las tasas de desempleo, la incertidumbre económica, etc, favorecen el desarrollo de enfermedades, elevando la demanda asistencial.

En este caso, la evidencia científica avala ambas. A modo de ejemplo, el 12% de los hogares más pobres consideran tener una salud mala o muy mala, frente al apenas 1,7% en hogares ricos. Mientras que los últimos datos de la patronal de seguros Unespa constatan un incremento de un 1% en el PIB per cápita asociado a un incremento del 0,5% del porcentaje de población con cobertura de seguro de salud privada.

Además, el documento apunta que, cuanto mayor es la presión asistencial, menor es la satisfacción con el servicio prestado en los centros de AP. De hecho, ejemplifica, "el porcentaje de pacientes diabéticos e hipertensos con buen control disminuye conforme aumenta la presión". Es decir, que el nivel de renta termina repercutiendo directamente en la calidad de la salud de cada cual, así como en al calidad de la asistencia sanitaria pública a la que puede acceder.

El tiempo de espera se duplica en un lustro

El artículo retrata el deterioro de la sanidad pública en los últimos años. En este sentido, destaca que el tiempo de espera medio entre la petición y la atención de cita con el médico de familia ha pasado de 4,14 días, en 2017, a 8,8 días en 2022.

A su vez, la presión de los servicios de Urgencias se ha disparado en los últimos años: "el 29% de los ciudadanos declararon en 2023 que faltaron a una consulta con su médico de cabecera y fueron a urgencias debido al tiempo de espera hasta recibir una cita", señala el documento. Algo que ha repercutido en la valoración de los servicios de AP por parte de la población, que ha caído de 7,38 a 6,19 sobre 10 en la última década.

Sin embargo, aunque más de un 70% de profesionales afirman que la asignación del presupuesto de AP no es suficiente para ofrecer un servicio de calidad, el gasto público sanitario ha permanecido prácticamente constante desde que existen registros.