El Estado español avaló a Repsol para acometer la renovación de la refinería peruana de La Pampilla, lugar donde la petrolera vasca ha tenido un importante derrame de unos 6.000 barriles de crudo que ha contaminado dos reservas naturales, 7.139 km² de mar y 1.800 km² playas. Lo hizo en 2016 y en 2017 a través de Compañía Española de Seguros de Crédito a la Exportación (Cesce), vinculada al Ministerio de Comercio y en la que el Estado tiene participación mayoritaria. 

Cesce no concedió crédito pero si respaldó a la multinacional con su aval financiero para que pudiera acometer dos proyectos de renovación: la Fase I de 2016 y la Fase II de 2017. Ambas obras no tenían que ver con la ampliación de la capacidad de refinamiento anual de la planta sino con la mejora de la calidad de los combustibles producidos y una mayor eficiencia ambiental en el proceso. Según explica Cesce en su web, el proyecto permitió producir unos hidrocarburos con bajo contenido en azufre y un menor impacto ecológico.

Público ha preguntado al Ministerio de Comercio y a Cesce por la cuantía de los avales, pero en el momento en el que se cierra esta información no ha obtenido ninguna respuesta. La inversión total, según la información de Repsol-Perú, ascendía a 741 millones de dólares (656 millones de euros), pero se desconoce si la agencia española dio cobertura al 100% de lo presupuestado. 

Las obras no guardan relación con el fallo, todavía en investigación, que ha causado el derrame de crudo. Sin embargo, el hecho de que Cesce haya participado de alguna forma en esta refinería pone a España en una situación delicada, dada la crisis abierta actualmente entre el Gobierno de Perú y Repsol, compañía a la que se valora retirar las licencias.

España ha mostrado una posición poco activa en el conflicto sin apenas declaraciones públicas a pesar de que Repsol es una de las grandes compañías del país que ha contado con apoyo importante de Cesce. También la Corona ha respaldado a la petrolera en Perú, en tanto que el propio monarca Felipe VI presidió la inauguración de la nueva planta de la refinería de La Pampilla en noviembre de 2018, según informaba La Vanguardia.

El perfil bajo de la embajada ha generado cierto malestar en el país y en sectores próximos al Gobierno. En declaraciones a Público, Ricardo Giesecke, exministro de Medio Ambiente del país latinoamericano, califica el silencio de España de "vergüenza total" y se pregunta "cómo es posible qué se haya manejado una urgencia como esta así". "Aquí hay dinero del Gobierno español también", denuncia, para terminar cargando contra Repsol, a quien considera que hay que retirar las licencias, "al menos hasta que todo esté resuelto". 

Desde el accidente, las declaraciones públicas de representantes españoles han sido escasas y la embajada española no se posicionó hasta el día 20 de enero, cinco días después del derrame. Lo hizo con un mensaje en las redes sociales en el que se refería a Repsol como "una compañía española" y lamentaba lo ocurrido. Fuentes del Ministerio de Asuntos Exteriores, UE y Cooperación informan a Público de que "desde el primer momento" España trasladó su "solidaridad con los perjudicados por el impacto del derrame de petróleo". Desde el gabinete de José Manuel Albares aseguran además que se está manteniendo "una comunicación permanente, a todos los niveles, con las autoridades peruanas" para poder seguir y conocer el impacto ambiental del derrame. "España tiene plena disposición a aportar su experiencia en situaciones similares, sus conocimientos en la materia y ayudar en los trabajos de recuperación, tal y como hemos trasladado a las autoridades peruanas", detallan.

Para organizaciones como el Observatorio de las Multinacionales en América Latina (OMAL), el caso de Repsol en Perú es un reflejo de la falta de responsabilidad que España suele tener sobre los daños sociales o ambientales que pueden generar los impulsos económicos a grandes empresas del país que operan en el extranjero. "No tiene sentido que haya una gran alianza de colaboración público-privada para brindar apoyo a estas compañías, pero que cuando haya problemas porque sus actividades generan impactos el Estado se lave las manos", dice Pedro Ramiro, doctor en Ciencias Químicas e investigador de OMAL.

En 2018, la Compañía Española de Seguros de Crédito a la Exportación (Cesce) sumó 15.154 millones de euros de avales financieros para empresas españolas, según un informe de OMAL. La mayoría de las operaciones aseguradas estaban ubicadas en países del América Latina, aunque también se dio cobertura en otros lugares como Turquía o Angola.