El Gobierno exigirá un visado de tránsito para los ciudadanos senegaleses que viajen en avión y tengan prevista una escala en aeropuertos españoles. La medida entrará en vigor el 19 de febrero, según han confirmado a Público fuentes gubernamentales, y el objetivo es frenar las supuestas "utilizaciones fraudulentas de asilo", en palabras del ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska.

La medida es una restricción más al libre movimiento de ciudadanos africanos y llega en plena crisis en el aeropuerto de Madrid-Barajas, donde se hacinan más de 400 personas –menores incluidos– en las escasas y pequeñas tres salas para viajeros inadmitidos y solicitantes de asilo a causa del desborde por el inusual aumento de llegadas, los retrasos en los trámites y la falta de personal y medios para procesarlas.

Desde el pasado verano ha ido creciendo exponencialmente el número de personas, sobre todo procedentes de países africanos como Kenia, Senegal o Marruecos, que han recalado en el aeropuerto madrileño y han manifestado su voluntad de pedir asilo en España. Es una forma –muy pequeña en número– de conseguir llegar y quizás quedarse en Europa sin tener que recurrir al arriesgado viaje en cayuco o patera ni ponerse en manos de las mafias del tráfico de personas.

Los aeropuertos se consideran puestos fronterizos y, como tal, lugares donde se puede pedir protección internacional en un proceso más rápido que el ordinario. Sin embargo, los espacios habilitados y el personal disponible están muy lejos de lo que actualmente exige la normativa europea en asilo.

La situación en el aeropuerto empezó a colapsar en verano y el pasado diciembre, tres juzgados de Madrid exigieron a Interior que tomara medidas urgentes para acabar con el hacinamiento y la falta de higiene que sufren durante semanas las personas allí atrapadas hasta que se decide si pueden o no entrar en España. Según constató el Defensor del Pueblo en una visita a las instalaciones, ha habido personas que han tenido que esperar más de 20 días en condiciones insalubres.

La situación ha ido degenerando hasta el punto de que los afectados duermen en colchones en el suelo, sin apenas posibilidad de asearse ni ponerse ropa limpia y han proliferado plagas de chinches.

El Gobierno ya introdujo el visado de tránsito la pasada semana para los ciudadanos con pasaporte de Kenia, después de que en los últimos meses llegaran a Barajas ciudadanos de Somalia con pasaporte keniano falso, los que les permitía viajar sin visado a países latinoamericanos previa escala en Barajas. Marlaska ya advirtió de que se barajaba aplicar este requisito a más nacionalidades y Exteriores ha dado luz verde a la medida este miércoles para viajeros con pasaporte de Senegal.

El ministro apunta a un uso fraudulento del derecho de asilo por parte de estos migrantes, mientras que fuentes policiales denuncian que algunos solicitantes de asilo se deshacen de sus documentos cuando llegan a Barajas para evitar que puedan ser identificados y devueltos a sus países de origen.

El permiso de tránsito obligará ahora a estos viajeros a solicitar el documento en la embajada española de su país, someterse a la toma de huellas y pagar unas tasas simplemente para hacer escala en España. Los plazos también son largos y azaros, y supone una prohibición de facto para quienes no tienen otro modo de pedir asilo en Europa, ya que la burocracia es larga y cara y, normalmente, acaba con una respuesta negativa.

Diferentes ONG han criticado esta recurrente práctica de Interior cada vez que aumentan los solicitantes de asilo en aeropuertos españoles. Hizo lo mismo con refugiado sirios en 2011, con los palestinos procedentes de Líbano en 2020, con los yemeníes en 2021 y con haitianos, turcos y burkineses en 2023.  

"España tiene una mala práctica exigiendo visados de tránsito a nacionalidades concretas en cuanto percibe que hay un número de personas que empiezan a llegar a nuestro país", explica Estrella Galán, directora general de CEAR, la ONG que denunció en verano el hacinamiento en Barajas. La restricción al tránsito de los senegaleses es todavía más polémica, ya que llega tras un año récord en llegadas irregulares de migrantes en pateras y cayucos a las costas española. En especial a Canarias, que ha superado los números de la crisis de los cayucos de 2006 con casi 40.000 supervivientes en 2023, la mayoría procedentes de Senegal.

"Ante la imposibilidad de llegar en avión, seguiremos abocando a los senegaleses a cruzar por la ruta Canaria pese a ser una de las más mortíferas del mundo. Es preocupante ver cómo se adoptan medidas de forma ágil y urgente para impedir que lleguen y nunca se encuentran soluciones para poner en marcha vías legales y seguras o para plantear soluciones desde una perspectiva de derechos humanos", critica Galán. 

Marlaska ha accedido así a la demanda del Sindicato Unificado de Policía (SUP), que lleva un mes exigiendo al Gobierno la imposición del visado de tránsito a los vuelos de Senegal. El argumento es el mismo que el esgrimido por el ministro: consideran fraudulento que personas migrantes despeguen de Senegal con destino Brasil, donde no necesitan un visado para viajar, pero acaben solicitando protección internacional durante su escala en Barajas.

Además de la política de restricciones al movimiento, Interior ha ampliado el personal dedicado a trámites de asilo en Barajas y ha añadido una sala adicional a las dos existentes, pero la situación sigue empeorando. El martes, Cruz Roja anunció que ponía fin temporalmente a su trabajo de asistencia a estas personas en el aeropuerto –financiado por Interior– ante el deterioro de las condiciones. También hay críticas a Marlaska desde sindicatos policiales que denuncian el desborde de los agentes y la imposibilidad de mantener la seguridad después de que se hayan producido varias fugas de personas que llevaban 20 días atrapados en condiciones deplorables.

Desde CEAR han exigido al Gobierno que permita de manera excepcional la entrada en España de los solicitantes de asilo en Barajas "por razones humanitarias", ya que la Administración no está pudiendo garantiza las exigencias de la directivas europeas de asilo y refugio en cuanto a los plazos y a las condiciones dignas de los solicitantes.