Las seis personas que en 2014 crearon una red para prostituir a menores en Murcia y siete empresarios que pagaron por abusar de esas adolescentes no irán a prisión tras alcanzar un acuerdo con la Fiscalía por el que asumen los hechos y aceptan pagar multas e indemnizaciones.

Así se recoge en el acuerdo de conformidad que los 13 procesados han alcanzado este miércoles en la Audiencia Provincial de Murcia con la Fiscalía, por lo que el juicio, que se ha demorado una década, no llegará a celebrarse.

Las multas oscilan entre los 540 y los 4.320 euros y las indemnizaciones a las víctimas entre los 500 y los 2.000 euros.

Los magistrados de la sala han dictado la sentencia in voce, que se considera ya firme, contra las tres mujeres que actuaron como cabecillas de la trama captando a jóvenes de entre 15 y 17 años para prostituirlas con hombres de avanzada edad.

Además de contra una cuarta mujer que actuó como intermediaria acompañando a las chicas a los encuentros, dos hombres que las trasladaban en taxis clandestinos, y siete hombres de avanzada edad y alto poder adquisitivo que pagaron por abusar de las adolescentes.

Las mayores penas de prisión fijadas en el acuerdo son para las cabecillas de la trama, que suman 16, 12 y 6 años. Sin embargo, al igual que ocurre con el resto de procesados, ninguna irá a la cárcel, ya que estas penas corresponden a varias condenas que, individualmente, no superan los dos años, lo cual abre la posibilidad a que no se ejecute el ingreso.

En la misma situación se encuentra uno de los taxistas clandestinos implicados en la trama, condenado por seis delitos a dos años cada uno (12 años en total). La intermediaria ha recibido una condena de 6 meses de prisión y el otro taxista de 1 año y tres meses.

Los siete hombres que pagaron por abusar de las menores han sido condenados a 5 meses de prisión por cada uno de los delitos cometidos (5 en un caso, 2 en otros dos y 1 el resto).

Los trece deberán abonar además multas que oscilan entre los 540 y los 4.320 euros, y tendrán también que indemnizar a cada una de las víctimas, diez en total, con entre 500 y 2.000 euros cada uno.

La Audiencia Provincial ha fijado dos nuevas sesiones, los días 7 y 8 de octubre, para valorar medidas alternativas a la entrada en prisión de los condenados, ya que el acuerdo alcanzado contempla la suspensión de las mismas al no haber ninguna pena superior a los dos años de prisión.

Las penas son sustancialmente inferiores a las que había solicitado la Fiscalía en 2015, cuando se abrió el caso, que eran de 7 años por cada uno de los delitos cometidos para las proxenetas, de 6 por cada delito para los cooperadores necesarios y de 4 por cada delito para los clientes.

Los trece procesados (otros dos acusados han fallecido antes de que se celebrase este miércoles la vista) han reconocido los hechos de los que les acusaba la Fiscalía, que consideraba a Ruth Karina D.T, Nelly Paola .P. y Yesenia Mercedes B.C. como las principales responsables de esta trama, ya que eran las encargadas de captar a las menores.

Según el relato de la fiscal, captaban a adolescentes "en las puertas de discotecas de menores e incluso de colegios, procedentes de familias desestructuradas algunas y otras en situación de necesidad".

Walter Jhovany D. M. y Martín D.T. llevaban a cabo labores de taxistas, trasladando a las chicas a los lugares, acompañadas siempre de la cuarta mujer condenada, Manuela P.P., que ejercía de intermediaria.

Según la fiscal, tanto los miembros de la trama como los hombres que abusaban de las adolescentes pagando por ello, siete en total, tenían pleno conocimiento de que las chicas eran menores de edad. De hecho, ese era el principal reclamo para atraerlos.