Casi cinco años después de que se anunciara el gran ERE en las embotelladoras de Coca-Cola, el conflicto entre la empresa y el colectivo de trabajadores Coca-Cola en Lucha, que se organizaron para evitar el cierre y los despidos de la fábrica de Fuenlabrada, sigue vigente y el portavoz de los trabajadores de la ya cerrada planta, Juan Carlos Asenjo, vuelve a enfrentarse a una pena de prisión.

En esta ocasión, la demandante es la empresa embotelladora, Coca-Cola Iberian Partners, ahora ya integrada en Coca-Cola European Partners, que acusa al sindicalista de CCOO de los delitos de usurpación y de coacciones. La empresa le hace responsable de todas las acciones que llevaron a cabo un grupo de más de 200 empleados a las puertas de la fábrica durante los casi dos años que permanecieron acampados allí para visibilizar el conflicto y denunciar que la empresa se estaba saltando las sentencias judiciales.

La demanda se interpuso en 2015 y ha sido admitida a trámite por el juzgado de Móstoles, por lo que Asenjo se encuentra la espera de un juicio en el que la compañía pide dos años y nueve meses de cárcel para “el cabecilla” de los llamados espartanos de Fuenlabrada. No es la primera vez que el delegado sindical de CCOO en la planta de Fuenlabrada se sienta en el banquillo. Ya ha pasado por cuatro procesos judiciales de los que ha salido absuelto, recuerda Asenjo, que incide en que, de todos los procesos judiciales que ha librado, tan sólo ha sido multado por incidentes durante un pleno en Ayuntamiento de Leganés en 2014. "Ni siquiera hubo juicio y la Fiscalía acabó eliminando la mayoría de los cargos. Hubo acuerdo por consejo de nuestros abogados", explica a Público.

La última vez que estuvo ante el juez, la Fiscalía le acusaba de agredir a un policía durante la huelga general de 2012, un caso que se sumaba al de al menos 300 sindicalistas para los que la Fiscalía pedía penas de cárcel por su participación en piquetes informativos de huelgas laborales durante el largo mandato del PP. El juez determinó no sólo que Asenjo no agredió a nadie, sino que el agredido por la Policía fue él. “Ahora estoy pendiente de fecha de juicio en el Juzgado de Móstoles. Me piden casi tres años de cárcel y una multa de tres meses”, explica, aunque la empresa afirma que la multa es "simbólica", por valor de un euro.

"Me acusan de daños a la empresa por ser un líder radical. Es lo que han utilizado para que se lo admitieran a trámite. Sin embargo, lo que no ponen en la querella por ningún sitio es que soy el presidente del Comité de Empresa en un conflicto laboral, puesto que así era más difícil que se lo admitieran a trámite”, critica.

"Líder" con "métodos violentos"

Para la embotelladora de Coca-Cola, el acusado “pretende vestir como una legítima reivindicación laboral” la acampada de trabajadores, “cuando no es más que una imposición, con métodos violentos, de la propia voluntad, prescindiendo de los procedimientos establecidos por la ley”.

En la querella, a la que ha tenido acceso Público, la empresa afirma que Asenjo lideró al grupo de trabajadores que durante más de un año permanecieron acampados a las puertas de la fábrica de Fuenlabrada para exigir que no se cerrara la planta y que la compañía cumpliera las sentencias que anulaban los despidos e invalidaban el ERE. La intención de Asenjo y del “grupo que lidera”, según el escrito de acusación, era “impedir al personal acceder a la fábrica” mediante “barricadas”, “bloqueos de puertas con candados” y la “instalación de un campamento” a las puertas de la planta. Una zona que, según la empresa, también es de su propiedad.
Por ello, le acusan de un delito de usurpación y de otro delito de coacciones, para lo que se basan en noticias publicadas en prensa en las que se recogen declaraciones del propio Asenjo en las que hace referencia a su oposición a que el personal de la embotelladora accediera a las instalaciones para desmontar las líneas de producción. Le acusan de “atribuirse el papel de juez y decidir por su cuenta qué tiene que hacer la empresa”.

Trabajadores afectados por el ERE de Coca-Cola en el campamento instalado en Fuenlabrada, de donde temen ser desalojados cuando asistan hoy al curso de formación al que les obliga la empresa.- EFE

Una empresa que, por otra parte, se negó a aplicar las diferentes sentencias de la Audiencia Nacional que, entre otras cosas, ordenaba la suspensión cautelar del ERE por defectos de forma, señalaba prácticas de esquirolaje por parte de la empresa durante la huelga de los trabajadores de Fuenlabrada y obligaba a la readmisión de 236 despedidos en esta planta y de los empleados que aceptaron la baja incentivada y quisieran recuperar su empleo anterior. Sentencia que fue confirmada posteriormente por el Tribunal Supremo, que obligaba a Coca-Cola a readmitir a los empleados con las mismas condiciones laborales en sus anteriores puestos de trabajo.

Daños por valor de ocho millones de euros

Un mandato judicial que, según Asenjo, la empresa no ha cumplido nunca, ya que la planta no se ha reabierto, sino que se ha habilitado un centro logístico que “nada tiene que ver con el trabajo que realizábamos antes de la fusión”.

Según el documento de denuncia, Asenjo “es el cabecilla del grupo” y “todos los hechos” denunciados “son atribuibles a él”. Afirma que “los graves e ilegítimos bloqueos” a la entrada en la fábrica han ocasionado “gravísimos perjuicios” a la compañía. En concreto, dice, no se pudo retirar “una cantidad importante de productos” que se caducaron y se imposibilitó su venta, lo que según la empresa, supuso un pérdida de ocho millones de euros. También le acusan de impedir el correcto mantenimiento de la maquinaria, que “ha sufrido gran deterioro” y cuyo coste se determinará durante la instrucción.

Asenjo recuerda que ya ha sido absuelto de otros dos procesos penales que la empresa emprendió contra él en 2014 y en 2015 en los que se le señalaba como responsable directo o indirecto de diversos actos vandálicos durante la huelga contra el ERE. “En todos he salido absuelto o se han archivado. Creo que esta querella responde a una estrategia de venganza por parte de la empresa y también para que el resto de los trabajadores se atemorice y le dé miedo mantener la pelea por el cumplimiento total de la sentencia”, lamenta Asenjo, que apunta que el escrito de la Fiscalía sobre este caso "deja claro que no se me pueden atribuir estos delitos y que lo descrito por la empresa encaja dentro del marco de conflicto laboral".

Coca-Cola apuesta por poner fin al conflicto

Por su parte, fuentes de la embotelladora de Coca-Cola niegan el revanchismo y aseguran que la principal intención de la compañía es “desjudicializar totalmente este conflicto en cuanto se pueda”, aunque no han especificado si esa intención pasa por retirar esta querella contra el delegado sindical de Fuenlabrada. La empresa alude que llevan “muchos meses” inmersos en negociaciones con este grupo de trabajadores y que han alcanzado pequeños acuerdos a nivel salarial y que la compañía “lleva meses demostrando la reducción de la conflictividad”.

Sin embargo, desde Coca-Cola en Lucha aseguran que, desde que en enero comenzaran las negociaciones sobre las condiciones de la readmisión de los trabajadores en lo que queda de la antigua fábrica de Fuenlabrada, ahora reconvertida en “Centro de Operaciones Industriales y Logísticas", “no se ha avanzado en nada”. En palabras de Asenjo, la actual mesa de negociación “es una forma de dilatar los tiempos sin cumplir estrictamente la sentencia del Supremo”. Afirma que “quieren hacer creer a los tribunales que se está negociando, pero realmente no tienen ningún interés en que Fuenlabrada vuelva a tener actividad alguna”.

La empresa, por su parte, asegura a este diario que “hay un gran volumen de trabajo” en Fuenlabrada aunque “hay mucho retraso para sacarlo adelante”.

Ante esta situación, el colectivo de trabajadores ha convocado una concentración este martes en las puertas del Congreso de los Diputados para “llamar la atención” sobre el conflicto y recordarle a los grupos que “la empresa se niega a cumplir el mandato de los jueces”, afirma Asenjo. Fuentes de la empresa lo niegan y afirman que “una empresa tan grande como esta no puede permitirse incumplir las sentencias judiciales”.