Lo llamaron Edificio Dignidad, y eso es lo que lleva dando casi una década a decenas de familias que la habían perdido o que estaban a punto de perderla. Fue en 2014 cuando los activistas de STOP Desahucios Móstoles decidieron "recuperar" este bloque de viviendas que llevaba ocho años vacío para dar alojamiento a personas vulnerables, enmarcado en la iniciativa Obra Social de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), con la que los activistas buscaban alojamientos en viviendas vacías propiedad de los bancos.

El bloque y quienes lo ocupan son los fantasmas que dejó vagando la crisis económica de 2008 y que casi nadie ha querido volver a mirar desde entonces. Historias crudas y sin anestesia de los que sufrieron uno o varios reveses y que nunca pudieron reengancharse al mercado laboral. Gente al límite para la que ninguna administración ha dado respuesta en estos nueve largos años y que, el próximo viernes, pueden llegar a su fin en forma de desalojo.

Son 18 familias, 43 personas; casi una veintena de menores; pacientes crónicos con enfermedades graves; migrantes con papeles, pero sin trabajo y sin dinero; mujeres víctimas de violencia machista pero sin protección porque están en situación irregular; desahuciados varias veces, personas que vivieron en la calle semanas, meses, incluso años, y que la única solución que encontraron fueron las casas del número 2 de la calle Carcavilla de Móstoles.

Intervención de los antidisturbios

En el portal, uno de los vecinos suelda barras de metal para reforzar la puerta. En los pisos se preparan tablas para lo mismo. Algunos aprovechan para llevar a un trastero lo que les quepa, porque piensan resistir, pero no saben si podrán lograrlo. "El juzgado ha pedido la intervención de las UIP (policía antidisturbios) y todos los recursos que hemos interpuesto por situación de vulnerabilidad no han sido tenidos en cuenta por el momento", explica José Torralbo, del colectivo antidesahucios.

"Es indignante, aquí vive gente que está muy mal de salud, que no tiene apenas ingresos para alquilar un piso, y a los que ni el Ayuntamiento de Móstoles ni la Comunidad de Madrid ha concedido una vivienda social en este tiempo", apunta.

Una de ellas es Maricarmen Téllez, de 71 años, que baja al portal agarrada del brazo de su exmarido y sujetando su sonda y la bolsa que recoge la orina. Padece del riñón, es diabética, tiene anemia crónica y lleva en este bloque desde 2017. Su exmarido cuida de ella porque no tiene a nadie más que pueda hacerlo. A ambos los desahuciaron hace mucho, "porque estábamos en paro y lo que cobrábamos no nos llegaba para el alquiler. Eran menos de 800 euros entre los dos", recuerda.

"Nos quedamos desprotegidos y abandonados. En mi situación no puedo quedarme en la calle. Somos humanos, no somos bichos; solo somos pobres, humildes y vulnerables", dice con un enfado creciente. Según explica, le han denegado el Ingreso Mínimo Vital y sigue en trámites su solicitud de la Renta Mínima de Inserción de la Comunidad de Madrid. "Desde hace semanas, en lo único que pienso es en este viernes; no sé qué vamos a hacer si nos echan", lamenta. A dos días de que se celebren elecciones municipales y autonómicas, Maricarmen no confía en que ningún partido pueda resolver sus problemas.

Torralbo insiste en que ha habido tiempo de sobra para encontrar una solución. "Desde el movimiento de vivienda hemos presionado al Ayuntamiento con varias propuestas. Intentamos que comprara el edificio a la empresa, y que las casas formaran parte del parque de vivienda pública de Móstoles, pero se negaron", dice.

De la Sareb a una empresa de Miami

También intentaron que el consistorio mediara con la propiedad para abonarles el alquiler de las familias, pero tras varias mociones y contactos tampoco salió adelante. "Da mucha rabia, porque estas casas han sido compradas con dinero público, pero se han vendido a un fondo de inversión de Estados Unidos que planea derribarlas y construir otro bloque con varias plantas más", explica.

El Edificio Dignidad fue levantado por una inmobiliaria que quebró durante la crisis. Acabó en manos de Bankia antes de que la caja quebrara, fuera nacionalizada por el Estado, saneada y luego vendida a CaixaBank. Fue uno de los activos tóxicos que acabaron en manos de la Sareb, el banco malo, pero salió a subasta el pasado verano por 2,5 millones de euros. Su valor de tasación asciende a 4,6 millones. Ahora es propiedad de Midtown Capital Partners, una firma inmobiliaria con sede en Miami que no tardó en comenzar el procedimiento judicial para desalojar las casas. "Les hemos enviado cartas explicando la situación de las familias y tratando de negociar de alguna manera, pero nunca han respondido", comenta Torralbo.

Intento de desalojo con violencia

El único contacto que han mantenido con la empresa ha sido violento. El pasado 26 de febrero envió a 15 trabajadores de Homeback Mediaton Service, una empresa de desokupaciones, para intentar desalojarlos a la fuerza y sin orden judicial, a pesar de que el proceso de desalojo ya estaba en marcha.

"Llegaron con mazas, barras de hierro y herramientas. Yo era el único de los vecinos que estaba fuera del edificio. Cuando llegué al portal ya habían quitado las rejas y estaban intimidando a todos", recuerda Mario Godoy, de 53 años. Asegura que le dieron varios golpes y que solo se fueron cuando llegó la Policía. "Acabé en el hospital con varias heridas y hay un procedimiento judicial en curso", afirma. Desde entonces han vivido con miedo a que volvieran.

Godoy, argentino de brazos fuertes, relata con entereza el suceso y se muestra rotundo de cara al viernes. "Vamos a intentar resistir hasta el final", dice. Aunque se viene abajo cuando explica su mayor preocupación, su hijo de 12 años, que vive con él en el edificio. Jamás imaginó que esto podría pasarle: que después de perder su empleo durante la crisis sufriría una hernia discal y un ictus que ahora le impiden trabajar; que perdería su permiso de residencia y trabajo después de su divorcio y de no encontrar empleo; que lo poco que ingresa "es por trabajos en la economía sumergida". Pero mira a su alrededor, a sus compañeros de edificio, y piensa que no es tan extraño. Es lo que ha visto en los nueve años que lleva ocupando su casa.

Afectados por enfermedades mentales

No es de los casos más extremos. Rosario, de 55 años, no puede dejar de llorar desde que empieza su relato. Hace años que sufre un trastorno de la personalidad, depresión crónica y ansiedad. Llegó a Móstoles hace siete años, después de divorciarse de su marido, con el que vivía en Zaragoza. Su hijo, entonces menor, acabó en un centro de acogida de Madrid y ella alquiló un piso en la ciudad para intentar recuperarlo. No es capaz de explicar con claridad cómo se fueron encadenando los sucesos, pero acabó desahuciada cuando no pudo seguir pagando.

"Nos quedamos en la calle, literalmente. Una patrulla de Policía me recomendó que, dada mi situación, era mejor que ocupara alguna casa. En la Cruz Roja de Móstoles me dieron un mapa y me señalaron este edificio. Aquí me acogieron", relata la mujer, que se muestra perdida en un mundo burocrático para el que no está preparada mentalmente.

"Mi caso fue a un tribunal médico por discapacidad antes de la pandemia. Todavía sigo sin saber qué ha pasado. Mi hijo tiene un trabajo temporal y me mantiene, pero se acaba en agosto. Me siento como un mierda, he hecho lo que he podido, pero no soy capaz ni de ayudar a mi hijo", se lamenta.

Sin viviendas sociales por ser 'okupas'

La mayoría de los afectados han solicitado viviendas sociales a nivel municipal y regional. "Pero nunca llegan. La Comunidad de Madrid directamente nos lo deniega porque somos okupas", critica Luisa Montiel, de 55 años.

Vive en el primer piso del bloque, que comparte con Juan Antonio García, de 71 años, y dos gatos. Montiel se refiere a la cláusula que penaliza sin posibilidad de acceder a viviendas sociales a personas que tengan abierto un proceso judicial por usurpación de vivienda, algo que ha sido condenado por el Comité de Derechos Económicos Sociales y Culturales de la ONU, que ha reprendido a España en varias ocasiones por desalojos de familias vulnerables sin alternativa habitacional.

"He pasado por mucho, pero ahora ni como ni duermo. Toda la tranquilidad que nos dio este edificio se puede ir en un momento", explica la mujer, que llegó aquí en 2015. "Me desalojaron de la casa en la que vivía en Vallecas. Le pagaba el alquiler a alguien que no era el propietario, y cuando me echaron pasé varios días durmiendo en el portal", recuerda. Los activistas la realojaron en esta casa junto a Juan Antonio, que llevaba 14 años viviendo en la calle antes de que Montiel lo acogiera en su anterior casa.

"Lo único que nos ofrecen es ir a un albergue, pero yo ya he pasado por allí. Puedes dormir, pero el resto del día lo pasas en la calle, así nadie puede recuperarse ni tener estabilidad", dice el hombre.

Entre la prestación de ella y la pensión no contributiva de él no llegan a los 800 euros al mes. "Un piso de alquiler aquí con dos habitaciones ronda los 900 euros. Es imposible incluso acceder a un piso de la empresa de vivienda de Móstoles, porque tienes que demostrar ingresos mínimos de 7.500 euros al año. Eso si te toca en el sorteo", expone Juan Antonio.

"Esta casa es lo único que tenemos. Si nos echan puede acogernos algún familiar durante un tiempo, ¿pero adónde vamos a ir después en nuestra situación?", se pregunta. "No nos queda otra que intentar resistir y que se paralice. No va a haber violencia, porque somos gente pacífica que no ha dado problemas en todo este tiempo. Pero no podemos marcharnos sin más, porque nadie nos da un alquiler social, algo que podamos pagar con lo que ganamos", resume el hombre.

La Coordinadora de Vivienda de Madrid ha hecho un llamamiento a activistas y vecinos para concentrarse en el portal la mañana del viernes. Dos días después, pase lo que pase, todos estarán llamados a las urnas.