18 de septiembre. Esta es la fecha límite para que Zohra y su familia dejen el albergue Las Caracolas, donde fueron reubicados hace dos meses tras ser desahuciados de su vivienda en el número 31 de la calle Zurita, en el barrio madrileño de Lavapiés.

"En el centro municipal hay familias que llevan ocho meses alojadas", explica Zohra en una rueda de prensa a la que ha asistido Público. La afectada denuncia que a priori no se le informó por qué su situación es tratada de manera distinta.

Después de la movilización convocada este martes por el Sindicato de Inquilinas y la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), la directora del centro se ha reunido con Zohra para notificarle que deberá abandonar el albergue este miércoles, sin ofrecerle explicaciones sobre los motivos de su expulsión. Según la afectada, le han dicho que "ha agotado el tiempo permitido —un mes— y que el segundo mes que ha permanecido en el albergue ha sido un favor".

Expulsan a Zohra y a su familia a la calle

Finalmente, Zohra y su familia quedarán sin hogar este miércoles. El Sindicato de Inquilinas de Madrid ha informado que los Servicios Sociales tenían prevista una cita con ella ese mismo día para buscarle una alternativa habitacional, pero han pospuesto el encuentro hasta después del desalojo. "El trabajador social del centro tampoco ha querido reunirse con ella este fin de semana, a pesar de saber que el miércoles se quedará en la calle", ha señalado.

A pesar de haber solicitado un alquiler social en Servicios Sociales durante seis años, Zohra y su familia aún no han recibido respuesta de las administraciones, según el Sindicato de Inquilinas de Madrid. "Las autoridades aseguran que en los últimos dos meses Zohra ha tenido tiempo suficiente para encontrar una vivienda que se ajuste a sus ingresos", informan. 

"Zohra y su familia viven con una pensión y un modesto ingreso mínimo vital. Los alquileres actuales llegan a los 1.400 euros al mes y exigen un contrato fijo y un año de trabajo estable, condiciones que Zohra no puede cumplir debido a su situación económica y de salud", señala el sindicato. 

Fuentes del Ayuntamiento de Madrid informan a Público que "la familia no se ha mostrado receptiva a la intervención social, detectándose una falta de implicación en la mejora de su situación". "Han rechazado de manera sistemática la ayuda ofrecida tanto para la búsqueda de vivienda como el apoyo en la búsqueda de empleo a través de talleres", añaden. Sin embargo, el Sindicato de Inquilinas ha desmentido dicha información a este diario.

Desahuciados con un informe de vulnerabilidad

Zohra, su esposo y su hijo de nueve años fueron desalojados de su hogar, a pesar de cumplir con todos los requisitos de vulnerabilidad establecidos por el Real Decreto que suspende los desahucios. La medida se ejecutó porque el juez decidió no aplicar la suspensión, argumentando que Zohra no pudo demostrar que su arrendador posee 27 viviendas.

Según un comunicado del Sindicato de Inquilinas de Madrid, Las Caracolas es un centro de acogida temporal compuesto por cubículos prefabricados, donde cada familia tiene una habitación sin cocina. El sindicato lamenta que "ni siquiera es posible permanecer en el centro debido a sus condiciones nefastas". 

*El artículo ha sido modificado para reflejar de manera más precisa la realidad del testimonio aportado por las fuentes.