"Se podría estar sometiendo presuntamente a estas personas a un trato degradante menoscabando su integridad moral". El Defensor del Pueblo ha emitido un nuevo y contundente informe tras visitar el pasado 19 de enero las salas de inadmitidos y solicitantes de protección internacional del Aeropuerto Adolfo Suarez Madrid-Barajas, epicentro de una crisis que está dejando hacinadas en condiciones deplorables a más de 400 personas que desde hace semanas están solicitando asilo en este punto.

No es la primera visita del departamento de Ángel Gabilondo a estas instalaciones. Ya pudo comprobar el caos reinante el 20 de diciembre, un mes después de que tres juzgados de Madrid exigieran al Ministerio del Interior soluciones urgentes para garantizar la dignidad de, entonces, 250 personas hacinadas, entre las que había familias con menores.

En esta ocasión, del Defensor centra su atención en una de las salas de la Terminal 2, habilitada de urgencia hace varias semanas, donde se está alojando a mujeres solas o con menores para evitar que permanezcan mezcladas con varones en el descontrol de las salas. Su descripción de las condiciones en las que deben permanecer durante tiempo indefinido son devastadoras.

Una sola ducha y averiada 

La sala, dice el informe, "carece de las condiciones necesarias para cumplir su función". Sin camas suficientes, "varias de las personas se ven obligadas a pernoctar en colchonetas". No hay sillas ni mesas, por lo que "se ven obligadas a comer sobre los colchones o en el mismo suelo". Mientras que la situación higiénico sanitaria es del todo inaceptable. "La única ducha se encuentra fuera de servicio desde hace dos semanas, carecen de kits de higiene básicos y de material de higiene femenino".

En estas condiciones tienen que pasar días o incluso semanas ante el retraso en los plazos solo para registrar la solicitud de asilo. A este drama se suma la total incomunicación, ya que no se les permite utilizar teléfono móvil y "no existen teléfonos habilitados, por lo que no pueden mantener contacto alguno con el exterior", apunta el Defensor del Pueblo.

Es una situación que inquieta a los abogados que les prestan la asistencia letrada obligatoria, ya que no reciben en muchos casos las notificaciones sobre la admisión a trámite o rechazo de la petición de asilo. Esto, unido a las prisas y la falta de intimidad para realizar las entrevistas de asilo, puede derivar en deportaciones de riesgo, según el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR).

"Peligro para su salud y seguridad"

El Defensor del Pueblo no solo critica la situación de los solicitantes de asilo, sino también la de "los funcionarios policiales y el resto de empleados públicos o entidades que trabajan en estas salas", ya que pueden "suponer un peligro para su salud y seguridad". El Sindicato Unificado de Policía denunció la semana pasada ante la Inspección de Trabajo posibles riesgos sanitarios ante una plaga de chinches, la presencia de cucarachas y la suciedad generada por cientos de personas hacinadas en salas angostas y sin ventilación.

La Cruz Roja suspendió sus trabajos de atención sociosanitaria y de limpieza hace más de una semana porque no podía trabajar correctamente en esas condiciones.

La labor de Cruz Roja estaba subvencionada mediante un convenio con el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, que se encarga de la acogida de los solicitantes de asilo en España. Este ministerio, a través de la Secretaría de Estado de Migraciones, está siendo el gran desaparecido de esta crisis, aunque de él depende que las personas que manifiestan su voluntad de pedir asilo en España puedan hacerlo con las necesidades básicas cubiertas. Preguntado por esta situación, el Ministerio de Inclusión no ha dado ninguna respuesta a este diario desde que Cruz Roja abandonara Barajas.

La salida de Cruz Roja ha dejado sin una mínima atención a los atrapados en el aeropuerto. Parte de sus funciones, como la detección de personas vulnerables, menores no acompañados o víctimas de trata está siendo asumido por funcionarios de policía, sin formación ni experiencia en estas labores cruciales.

"Resulta preciso adoptar medidas que garanticen los derechos de las personas que se encuentran en estas dependencias, en particular el derecho fundamental a la integridad física y moral y el derecho a la protección de la salud, así como unos espacios que cuenten con condiciones dignas de habitabilidad, estándares de higiene y salubridad adecuados y la posibilidad de comunicarse de forma efectiva con familiares, abogados y el Defensor del Pueblo, por vía telefónica", exige el departamento de Gabilondo.

No solo pone el foco en Interior o en Policía, sino que exige "coordinación" y "actuaciones conjuntas" también a Aena y a la Dirección General de Protección Internacional y a la Secretaría de Estado de Migraciones, que según las directivas europeas en materia de asilo, con las competencias en cuanto a la acogida de los solicitantes de protección internacional que se encuentran en las dependencias habilitadas en el puesto fronterizo Adolfo Suárez Madrid-Barajas.

Fuentes de Interior apuntan que este martes comenzará a funcionar una nueva sala más amplia, con capacidad para 150 personas, que viene a aliviar una situación inusual. Se espera que las llegadas de solicitantes de asilo a Barajas se mantengas al menos hasta el 19 de febrero, cuando entrará en vigor la exigencia de una visado de tránsito (permiso par hacer escala en aeropuertos españoles) para los ciudadanos senegaleses, actualmente la nacionalidad más común entre las personas que se hacinan en el aeropuerto.