Dos juzgados valorarán si suspender el tercer grado a los presos del 1-O de forma inminente

Dos juzgados de vigilancia penitenciaria de Catalunya valorarán el recurso de la Fiscalía contra el tercer grado de los presos del 1-O, así como la petición de dar efectos suspensivos al recurso --suspender la semilibertad sin esperar a la decisión final sobre el asunto tras valorar los argumentos de cada parte--.

El Juzgado de Vigilancia Penitenciaria 1, con competencias sobre Puig de les Basses (Girona) y Wad-Ras (Barcelona) decidirá sobre Dolors Bassa y Carme Forcadell, mientras que el Juzgado de Vigilancia Penitenciaria 5, con competencias sobre Lledoners (Barcelona), lo hará sobre Oriol Junqueras, Raül Romeva, Joaquim Forn, Josep Rull, Jordi Turull, Jordi Sànchez y Jordi Cuixart. 

En verano, cuando la Generalitat concedió por primera vez el tercer grado a los presos del 1-O, la jueza de vigilancia de Lledoners aceptó dar efectos suspensivos al recurso del fiscal al recibirlo, de manera que los presos en esa cárcel regresaron al régimen ordinario unos días después de lograr la semilibertad. 

A pesar de que la magistrada rechazó después el recurso de la Fiscalía --avalando la progresión a tercer grado--, mantuvo la suspensión a la espera de la decisión final del Tribunal Supremo (TS), que en última instancia revocó la semilibertad para todos los presos del 1-O. 

En cambio, el juez que debía decidir sobre Bassa y Forcadell mantuvo vigente la semilibertad hasta que se pronunció el Supremo, por lo que ambas pasaron todo el verano en tercer grado. 

Con esta segunda progresión a tercer grado, de nuevo los juzgados de vigilancia penitenciaria decidirán primero si suspenden la semilibertad de manera provisional, tal como pide la Fiscalía cautelarmente, y después si tumban o no la semilibertad, si bien la decisión final, si el Ministerio Público recurre de nuevo, la tendrá el tribunal sentenciador, el Tribunal Supremo.

Pide no dilatar la vuelta a prisión

En los recursos presentados este lunes, la Fiscalía ha extendido en hasta tres páginas su argumentación al pedir los efectos suspensivos, con la intención de impedir que vuelva a darse la misma situación que con Bassa y Forcadell en verano, lo que a su parecer supondría "un no acatamiento" de la sentencia. 

Así, argumenta que los efectos suspensivos que la ley prevé para las decisiones judiciales deben extenderse también a las resoluciones administrativas, en este caso, la concesión del tercer grado que ha hecho la Generalitat, y sobre la que los jueces aún no se han pronunciado. 

Reclama que interpretar lo contrario sería incompatible en causas con riesgo de fuga, porque "el excarcelado tendría tiempo de sobra para huir" y haría ineficaz el recurso; y añade que, si el recurso del fiscal puede suspender un auto judicial, también debe poder suspender una resolución administrativa sujeta a la decisión del juez.

Govern ve una ruptura con el Estado en el recurso al tercer grado de la Fiscalía 

El Govern catalán en funciones ve rotos los puentes con el Estado una vez que la Fiscalía ha recurrido este lunes, en plena resaca electoral, el tercer grado penitenciario con el que cuentan los líderes del procés condenados, mientras ERC directamente lo tilda de "venganza" por el resultado de las urnas. 

En la primera jornada postelectoral, la Fiscalía ha recurrido el tercer grado que la Generalitat concedió a finales de enero a los nueve presos del procés, con una solicitud para que esa semilibertad quede en suspenso y tengan que regresar a prisión hasta que se resuelva el fondo del asunto. 

La Generalitat había concedido un tercer grado con el inicio de la campaña electoral -que implica el pernocte en prisión de lunes a jueves-, después de que en diciembre el Tribunal Supremo ya hubiera revocado esa situación de semilibertad. 

Ha sido la Fiscalía provincial de Barcelona la que ha presentado los recursos ante cada juzgado de vigilancia penitenciaria, con el argumento de que los motivos que dio el Supremo hace un mes "mantienen toda su vigencia". Para el Govern -ya en funciones, tras el 14F- la acción realizada por la Fiscalía supone que el Estado "dinamite puentes" con la Generalitat, según lo ha expresado Ester Capella, consellera de Justicia. 

"¿Es casualidad que la Fiscalía recurra el tercer grado el día después de las elecciones?", se ha preguntado Capella, quien lo ve vinculado a la mayoría independentista en votos y escaños en el 14F. La titular de Justicia cree que lo que hubiera tocado el día posterior a unas elecciones hubiese sido "negociación, diálogo y acuerdos políticos", porque "ninguna resolución judicial ni ninguna intervención de la Fiscalía solucionarán el conflicto político". 

Su colega de ERC y portavoz del partido, Marta Vilalta, ha enfatizado esa relación entre la petición de la Fiscalía y la jornada postelectoral, tachándola incluso de "respuesta de un Estado vengativo a los resultados electorales". "Intentan ganar con la represión lo que no pueden ganar en las urnas", ha resaltado Vilalta, antes de lamentar que el Estado siga sin comprender que la represión no sirve para hacer al independentismo catalán retroceder y "que la salida debe ser política y democrática". 

Por parte de Junts ha rechazado el recurso de la Fiscalía el secretario general de esta formación política, Jordi Sànchez, quien es a su vez uno de los nueve presos del procés con el tercer grado y ha subrayado que hay "intereses políticos" en esa decisión del ministerio público. 

"Suerte que no somos presos políticos -ha ironizado-, porque justo el día después de que Cataluña haya votado han decidido presentar recurso", ha declarado Sànchez, tras advertir de que ve "muy poco creíble que el Gobierno no controle a la Fiscalía" y de instar a negociar con la Moncloa una amnistía. A indultos, no amnistía, ha llamado la candidata de En Comú Podem, Jéssica Albiach, y se los ha reclamado al PSOE "cuanto antes". 

La cabeza de lista de ECP el 14F ve un "noticia muy negativa" en el recurso de la Fiscalía y ha sostenido asimismo que "evidencia el problema de judicializar la política". Albiach ha señalado que la ausencia de indultos "impide que haya un diálogo y una negociación real para resolver el conflicto".