Dos años sin luz en la Cañada Real: 4.000 personas se enfrentan a un nuevo invierno "en una situación dantesca"

Dos años sin luz llevan algunos vecinos de la Cañada Real. Todo comenzó en octubre del 2020. Desde entonces, alrededor de 4.000 personas -1.800 menores- están afectadas por esta situación que les impide poner el aire acondicionado o el ventilador en plena ola de calor, o la calefacción en mitad del invierno. 

Empieza octubre de 2022 y parece que nada ha cambiado. El sector VI de la Cañada Real continúa sin suministro eléctrico. Tan solo un pequeño tramo goza de lo que, para estos vecinos, ya es un privilegio. Por su parte, en el sector V se redujo tanto la potencia contratada que, apretándose el cinturón, han conseguido superar el verano, pero ahora que el frío ya se asoma de nuevo, los vecinos temen volver a quedarse sin luz ni calefacción. 

"La situación es dantesca, es una vulneración de derechos humanos permanente y continuada", describe el abogado Javier Rubio a Público. "Quien allí vive es población vulnerable, que es quien más ayuda necesita para calentarse, conservar la salud, para que los niños tengan una vida medianamente digna...", recuerda el también activista. 

"Es una vulneración de derechos que clama al cielo, pero nadie hace nada. La Comunidad de Madrid no hace nada, pero los ayuntamientos de Rivas y Madrid tampoco están restableciendo la luz. Lo primero es eso, luego ya se harán los realojos", apunta.

"La Comunidad de Madrid se mantiene impávida, mirando para otro lado y utiliza los realojos para tapar los cortes de luz", realojos que no son inmediatos, explica. "Pueden durar ocho años y durante ese tiempo la gente tiene que seguir viviendo", añade.

En la misma línea se pronuncia Amnistía Internacional. Su directora en Madrid, Jenifer Rebollo, matiza a Público que lo que "se está vulnerando es el derecho a un suministro eléctrico y este, a su vez, imposibilita que se puedan dar los derechos a la salud, la educación o la vivienda digna. Así es imposible mantener el derecho a tener un nivel de vida adecuado".

Desde la organización rememoran cómo ya en 2011 tuvieron que trabajar en la Cañada Real. Entonces, por los desalojos que allí se estaban produciendo. "La historia de Cañada Real no deja de ser la historia de la falta de políticas públicas de vivienda que, en este caso, se inicia en los años 60. Son décadas de desatención por parte de las autoridades", remarca Rebollo. "Ahora, nos encontramos con que, más de 10 años después, tenemos que volver a trabajar con ellos", relata.

Solicitan que se reestablezca con urgencia el suministro eléctrico e instan a las autoridades a que se regularice la situación al respecto, que se haga contratos, se ponga en marcha una mesa de seguimiento y se permita la constante participación de los vecinos en la toma de decisiones.

La batalla judicial para conseguir revertir estos hechos continúa: a la denuncia por coacciones contra la Comunidad de Madrid y Naturgy de diciembre de 2020 se suma una reclamación colectiva interpuesta en febrero de 2022 por la Plataforma Cívica por la luz en Cañada ante el Consejo de Europa por incumplimiento de la Carta Social Europea. 

Público se ha puesto en contacto con el Ayuntamiento de Madrid sin recibir respuesta a las preguntas efectuadas en el momento de la publicación de este reportaje.

El Defensor del Pueblo y Save The Children piden soluciones

A estas peticiones se ha sumado Save The Children, que esta semana ha entregado 47.000 firmas a la Delegación del Gobierno de Madrid, encargada de coordinar la Comisión interministerial sobre la Cañada Real y de dialogar con la Comunidad de Madrid y los tres ayuntamientos implicados (Madrid, Rivas y Coslada).

En un comunicado hecho público califica el escenario de "urgencia" y pide soluciones para evitar que, en los próximos meses, ante la llegada del invierno, "vuelvan a producirse situaciones graves".

El Defensor del Pueblo se ha vuelto a pronunciar al respecto una vez más. Este martes, Ángel Gabilondo ha pedido que "se afronte y se resuelva" la situación en la Cañada Real, que ha calificado de "insostenible".

"Había un pacto suscrito entre diferentes administraciones; con los pactos se pueden hacer dos cosas: desde luego, cumplirlos, o también reescribirlos si hace falta, pero no ignorarlos, y no podemos ignorar la existencia de estos asentamientos en condiciones mínimas de habitabilidad", ha zanjado.