Las directoras de las residencias Adolfo Suárez, dependiente de la Comunidad de Madrid, y Amavir Arganzuela, así como dos doctoras del primer centro han admitido la aplicación de los conocidos como "protocolos de la vergüenza", según avanza Cadena Ser. De esta forma confirman la existencia de los protocolos que impidieron la derivación de personas mayores a hospitales en la primera ola de la pandemia por covid-19.

Las implicadas han declarado como investigadas por responsabilidad penal en el fallecimiento de siete mayores este miércoles ante el Juzgado de Instrucción número 4 de Madrid.

Durante la primera ola de la pandemia en Madrid murieron por covid más ancianos en residencias que en hospitales, así lo confirmaron una recopilación de 13 estudios en los que se analiza lo ocurrido durante los primeros meses de covid-19.

Las residencias y los hospitales públicos madrileños siguieron el protocolo del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso que prohibía la derivación de los ancianos a los hospitales por muy graves que estuvieran.

El abogado de las familias confirma las declaraciones 

El abogado de las familias, Andrés Ollero, ha explicado que la existencia de estos protocolos ha quedado confirmada por las dos directoras y las dos médicas.

Además ha explicado, según recoge Cadena Ser, que "si algo ha quedado claro de las declaraciones es que la responsabilidad última de la derivación de los residentes era de los geriatras de los hospitales. Ellos decidían en base al nivel de dependencia y al nivel cognitivo si se procedía a la derivación o no. Si el residente tenía un deterioro cognitivo muy severo y una dependencia muy alta la derivación era imposible. Así lo han relatado tanto las dos doctoras de la Adolfo Suárez como la directora de Amavir Arganzuela".

Aunque la directora y las dos médicas de la residencia Adolfo Suárez no han querido hacer declaraciones, el abogado de la directora de Amavir ha confirmado que las investigadas ratificaron la existencia de los protocolos en las residencias madrileñas. Además, ha añadido que su clienta debe ser absuelta ya que no recae responsabilidad penal sobre la directora ni en ningún empleado del centro.

El abogado de Amavir cuenta que en el caso de la residente fallecida en el centro, el personal ofreció a la familia el traslado de la mujer a un hospital y que la propuesta fue rechazada. Sin embargo, el abogado de la familia denuncia que no se derivaron mayores hasta principios del mes de abril de 2020.

Responsables políticos declararán este jueves

Este jueves están citados a declarar, en calidad de testigos, el exconsejero de Políticas Sociales, Alberto Reyero; el exdirector general de Coordinación Sociosanitaria, Carlos Mur y la que fue directora de Salud Pública, Yolanda Fuentes, que abandonó en su día el Gobierno de Ayuso debido a discrepancias en la gestión de la pandemia.

El abogado de las familias confía que con las declaraciones de este jueves el juez pueda determinar responsabilidades penales contra los políticos que adoptaron estos protocolos.